El PP quiere que agredir a un médico se castigue con hasta 4 años de cárcel

Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de reforma del Código Penal para que los médicos sean incluidos como sujetos del delito de atentado contra la autoridad, de modo que quien agreda a uno de estos profesionales mientras desempeña sus funciones, se enfrente a una condena de entre uno y cuatro años de prisión.

Jesús Aguirre,

Se trata de una propuesta de modificación del artículo 550 del Código Penal, según el cual "son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".

El PP añade un párrafo a este precepto para fijar que "en todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas".

En estos casos, el proyecto, aprobado en primera vuelta en el Congreso de los Diputados, prevé que estos atentados serán "castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos".

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Jesús Aguirre, ha señalado que las conductas violentas no deben permitirse nunca, ya que rompen el vínculo de confianza que debe existir entre los profesionales con los pacientes, para la consecución de los objetivos de la relación clínica en la que queden garantizados los derechos de profesional y paciente.

Por último, el senador del PP ha explicado que “abordar un problema como son los actos violentos que sufren los trabajadores de la Salud en el desempeño de sus funciones desde los simples malos modos, hasta la pura agresión física, es además de una necesidad, una obligación que compete a toda la sociedad y, en especial, a todos los que legislamos y a su vez conformamos el sistema sanitario, todo ello hace necesario un tratamiento multidimensional del problema, que debe partir del principio de: “Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”.