Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Recientemente, el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, sacó a colación la idea, durante un discurso en la Academia Nacional de Medicina Azar, de
obligar a la industria farmacéutica a decir el
precio de sus medicamentos en los
anuncios publicitarios.
El
presidente de EEUU busca con esta medida
que las empresas farmacéuticas bajen el precio de los medicamentos con receta. "Los pacientes
merecen saber cuánto podría costarles una medicina cuando se les están diciendo sus beneficios y sus riesgos (...) y merecen saberlo cada vez que ven un medicamento anunciado en televisión", ha explicado en un discurso.
¿Sería posible aplicar esta medida también en España? Lo cierto es que aquí es implanteable que surja una propuesta similar por parte de los políticos ya que el
sistema de fijación de precios de los fármacos es antagónico.
Fijación del precio de los fármacos en España
Trump pretende con esta medida disuadir a las compañías farmacéuticas para que bajen el precio a sus productos
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Mientras que en Estados Unidos el
mercado de medicamentos está liberalizado y las compañías no solo deciden el precio de sus fármacos, si no que también pueden hacer publicidad de los mismos. En cambio, en España la
publicidad de medicamentos con receta está prohibida y su precio se fija de forma totalmente distinta.
En España, el proceso comienza con la
solicitud y presentación de expediente por parte de la compañía titular del fármaco ante la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, competente de la decisión sobre financiación. La Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios se encarga de elaborar un informe y un análisis sobre la solicitud de financiación pública.
Acto seguido, los precios de los medicamentos de prescripción financiados por el SNS son fijados por la
Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, en la que participan representantes de los
ministerios de Sanidad; Economía, Industria y Competitividad, y Hacienda y Función Pública, además de tres representantes de otras tantas CCAA.
Por tanto, la fijación de precios en España se hace desde el sector público y conforme a criterios establecidos en la
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Por ello, es impracticable que aquí se acometa la medida que propone Trump en Estados Unidos para disuadir a que las empresas bajen los precios de los fármacos, ya que aquí se fijan por consenso público y la decisión de bajarlos corresponde principalmente al
Gobierno y las autonomías.
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