Irene Montero, ministra de Igualdad.
Silencio. Esa es la respuesta del
Ministerio de Igualdad a través de
Transparencia ante el hecho de que la reforma de la
ley del aborto impulsada por la ministra
Irene Montero no obliga a que
todos los hospitales públicos de España practiquen interrupciones voluntarias del embarazo. Y es que Montero deslizó esta idea
como un objetivo de la norma durante toda la tramitación de la citada reforma; e incluso tras su aprobación y publicación en el BOE el pasado mes de marzo, la ha deslizado para responder al PP en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, según ha informado este medio, a lo que en realidad están obligados los hospitales públicos es a garantizar
el acceso a abortar, pero no en un centro público únicamente, ni se obliga a estos a tener en plantilla a profesionales que los practiquen. De hecho,
la propia ley avala las derivaciones a centros privados o concertados. Algo que, según ha podido saber este medio,
Igualdad no reconoce en las solicitudes de Transparencia que le preguntan en este sentido, optando por
"inadmitir" a trámite dichas consultas, argumentando que se "solicita una información que
habría que confeccionar ad hoc..."
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