Inyección económica crucial para la UTE del futuro hospital de Vigo

Redacción. Vigo
La concesión de un crédito de 250 millones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la construcción del hospital de Vigo es una inyección económica fundamental para el futuro de este centro, símbolo del debate sobre la idoneidad de la colaboración público-privada en Galicia. El crédito aleja cualquier incertidumbre económica en torno a la finalización de las obras, según la Conselleria de Sanidad, que había recibido fuertes críticas en los últimos meses por la ralentización del proyecto.

Obras del Nuevo Hospital de Vigo.

La UTE, participada por las compañías Acciona, Concessia, Dalkia y Puentes, ha informado que la operación, que cuenta con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha sido suscrita por el Banco Bilbao Vizcaya – Argentaria (BBVA), el Banco de Santander, La Caixa, Banco Popular y Novagalicia. Con ella, aseguran, “se consolida el proyecto y se aleja cualquier incertidumbre económica de su entorno”.

La Consejería de Sanidad ha recibido con satisfacción la noticia, y a través de una nota de prensa ha valorado “muy positivamente” la concesión de un crédito que supone “un paso más” hacia la construcción de la nueva infraestructura. “Garantiza que se continúe trabajando en la puesta en marcha de la infraestructura, tal y como se ha comprometido el Gobierno”, ha añadido.

Motivo de conflicto político

La consecución del crédito para la UTE llega después de varios meses de mucha tensión política en torno a la colaboración público-privada, en este caso para la construcción de infraestructuras. Por una parte, el Gobierno del PP siempre ha sido defensor de la medida alegando que la iniciativa privada puede tener un importante papel como elemento dinamizador y que esta es la única forma de que se pueda seguir construyendo con rapidez y viabilidad económica.

Por otra parte, la oposición compuesta por PSOE, AGE y BNG se ha mostrado rotundamente en contra de la decisión del Ejecutivo, calificando el modelo como “privatizador” y “ruinoso, incluso para la propia empresa encargada de la construcción”.