El Parlament considera "sesgado" el recurso de la ley de sanidad universal

El Parlament ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos porque ha asegurado que contiene "errores" y se encuentra "sesgado".

Según el texto, publicado este jueves en el Bopc, la Cámara catalana ha solicitado el levantamiento inmediato de la suspensión de los artículos de la Ley, y que se ponderen los "daños al interés general o de terceros" que se producirán si se mantiene.

Considera que los preceptos impugnados de la ley catalana son "plenamente constitucionales porque eliminan el planteamiento restrictivo" de la universalidad que introdujo el real decreto de 2012 -que excluyó a los 'sin papeles' de la sanidad-, de acuerdo con obligaciones derivadas de normas internacionales.

Estas normas internacionales defienden derechos fundamentales, como recoge el Estatuto, que indica que el sistema catalán de salud tiene que promoverlos como indica la Constitución, la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y otros tratados suscritos por España.

"Errónea y sesgada"

El Parlament ha considerado "totalmente errónea y sesgada" la concepción de la que parte el recurso presentado por el expresidente Mariano Rajoy, que considera inconstitucional la ley, porque la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud.

Ha defendido que es el legislador el que tiene que determinar las técnicas apropiadas para plasmarlo, y que esta potestad de la comunidad autónoma en base al Estatuto y a sentencias del TC. Sobre varios artículos y disposiciones impugnados de la Ley, el Parlament ha asegurado que derivan de la previsión del principio rector del artículo 43 de la Constitución puesto en conexión con el derecho fundamental a la salud y a la integridad física del artículo 15 de la misma.

Esta ley fue aprobada en 2017 por unanimidad en el Parlament, para blindar la asistencia sanitaria, en la misma línea que las órdenes dictadas por el Servei Català de la Salut (CatSalut) en 2015 para paliar la exclusión del sistema de las personas en situación administrativa irregular que promovió un real decreto de 2012.