El cupo catalán obliga a elevar impuestos para sostener el gasto sanitario

El concierto catalán podría obligar al Estado a recortar en aspectos esenciales como las pensiones o a aumentar impuestos para mantener la inversión sanitaria. Así lo detalla uno de los últimos informes publicados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que plantea las implicaciones financieras del acuerdo entre ERC y PSC sobre el nuevo sistema de financiación autonómica de Cataluña.

En concreto, Fedea estima que el acuerdo entre PSC y ERC, que establece la hoja de ruta sanitaria para la próxima legislatura, podría significar un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana. Esto incrementaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25 por ciento y un 50 por ciento, situándola muy por encima de cualquier otra comunidad autónoma no foral.

Acuerdos sanitarios entre PCS Y ERC

En lo referente al ámbito sanitario, PSC y ERC destacan tres acuerdos principales. El primero de ellos se centra en mantener y consolidar las mejoras laborales, tanto retributivas como organizativas, de los profesionales sanitarios, realizadas en 2023 y principios de 2024. El segundo compromiso es culminar la armonización de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores sanitarios, con el objetivo de conseguir que sean homologables y reforzando la visión unificada del sistema.

El tercer pacto entre ambas formaciones es mantener las inversiones hospitalarias y cumplir el calendario previsto, especialmente actuaciones como las del nuevo Hospital Clínic, el nuevo Campus de Salut de Girona, el nuevo Hospital Terres de l'Ebre, la mejora en el Hospital Verge de la Cinta y la ampliación prevista del Hospital de la Vall d'Hebron.

Junto a esto, destacan, a su vez, otras renovaciones y mejoras en centros sanitarios y hospitales, así como el mantenimiento de la mejora de las condiciones de los profesionales en el ámbito rural para garantizar la atención en la salud en el conjunto del país.

¿Qué pasa con las inversiones sanitarias a nivel estatal?

Por otra parte, el acuerdo entre ERC y PSC que analiza Fedea en este informe implica que Cataluña saldrá del régimen común del sistema de financiación autonómica (SFA) y adoptará un sistema similar al foral. La Generalitat recaudará e ingresará todos los impuestos de titularidad estatal y contribuirá con un “cupo” para financiar los servicios, como el sanitario, que el Estado seguirá prestando en Cataluña y una cuota de solidaridad para las comunidades de menor renta.

Para implementar este nuevo sistema, se prevé la reforma de la normativa relevante y la cesión gradual de competencias de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) a su homóloga catalana, comenzando con la gestión del IRPF en 2026.

Esta reestructuración financiera, si bien puede mejorar la autonomía fiscal de Cataluña, plantea importantes desafíos para el equilibrio financiero del Estado y la sostenibilidad de servicios públicos esenciales, como la sanidad, que dependen de una distribución equitativa y suficiente de los recursos.

Esto se debe a que actualmente Cataluña tiene un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 (frente a una media de 100), lo que significa que la medida la colocaría en una posición de ventaja financiera significativa.

Además, si este modelo se extendiera a todas las comunidades de régimen común, el coste adicional para el Estado oscilaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros anuales. Este considerable incremento de la financiación regional plantea la siguiente cuestión: ¿De dónde saldrá el dinero?

Fedea advierte que para financiar este aumento sin perjudicar a ninguna comunidad, el Estado tendrá que ajustar su gasto, recortando en áreas bajo su competencia, como las pensiones y la defensa, o bien aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes. Esto supone un reto a la hora de mantener la calidad de servicios esenciales, incluida la sanidad.