Mañueco deroga el decreto de prestaciones obligatorias para los sanitarios

Después de casi medio año en vigor tras su aprobación el pasado mes de noviembre, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ordenado este viernes la derogación del decreto por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León.

El portavoz del Gobierno autonómico, Francisco Igea, sostiene que ya no es "necesario" aplicarlo, según ha explicado durante la rueda de prensa para informar de las decisiones tomadas en el Consejo de Gobierno. Tal y como ha explicado, esta decisión se debe a que los niveles de ocupación en los hospitales actualmente están por debajo de anteriores olas, algo que prevén aunque no haya hecho más que empezar esta cuarta.

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La orden se ha publicado mediante un decreto en el Boletín Oficial autonómico (Bocyl) que sostiene que se ha tomado esta decisión "a la vista de la evolución favorable en estos momentos de la situación sanitaria reflejada en los datos y consideraciones contenidos en el informe de la Consejería de Sanidad de fecha 8 de abril, resulta oportuno proceder a su derogación". 

Sin embargo, era cuestión que el decreto de prestaciones obligatorias dejara de tener efecto, pues solo podía tener vigencia durante el período en el que esté declarado el estado de alarma, "sin perjuicio de su posible adaptación, modificación o derogación antes, en función de la situación epidemiológica y sanitaria de cada momento". De no haberse suspendido antes sus efectos, los mismos habrían caducado el próximo 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma, que además no se extenderá más en el tiempo, según anunció recientemente le presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cualquier caso, la Junta ha decidido ponerle punto y final justo un mes antes de la caída del estado de alarma un vez "finalizadas las circunstancias especiales que motivaron la adopción del mencionado decreto, ha de recuperarse la aplicación de la legalidad ordinaria en este ámbito material, siempre que no afecte a las competencias y facultades que el estado de alarma ha conferido a esta Presidencia durante su vigencia.