Mendoza pide la retirada del informe sobre el aborto del Interterritorial

Redacción. Santa Cruz de Tenerife
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha solicitado la retirada del informe sobre la Ley del Aborto de la reunión preparatoria del Consejo Interterritorial del sistema nacional de salud.

Brígida Mendoza y Ana Mato.

La consejera, Brígida Mendoza, ha remitido este sábado un escrito a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, requiriéndole la retirada del Punto 37 --Informe a petición del Ministerio de Justicia sobre impacto en normativa sanitaria del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada-- del Orden del Día de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará como paso previo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tendrá lugar el próximo 11 de junio.

"Dada la repercusión que el texto tiene en los derechos de las mujeres, le solicito el aplazamiento de dicho punto 37 hasta que sean conocidos el resto de informes preceptivos para la tramitación de la Ley", recoge la petición. Según Mendoza, la Consejería de Sanidad entiende que "es la mujer la que debe decidir de acuerdo con los profesionales", y en esa línea, remarca la "inseguridad" que este Anteproyecto de Ley supone para el personal sanitario y para las mujeres, "que podrían verse implicados en múltiples procesos judiciales".

Para la consejera, "esta contrarreforma dejará a España al margen de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que advierte que la restricción del aborto sólo produce más mortalidad".

Asimismo, se pregunta dónde deja el Gobierno de España las medidas de prevención, "absolutamente necesarias para amortizar el impacto de embarazos no deseados así como enfermedades de transmisión sexual", ya que esta reforma va acompañada de la "eliminación" de materias como Educación para la Ciudadanía o Educación Ética, "que son las únicas que contemplan la educación sexual en los centros educativos". Además, insiste, "conllevará mayores gastos para la Administración y una vuelta a la clandestinidad".