Pondrá en marcha un consejo asesor en la materia



26 jun. 2014 18:21H
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Redacción. Zaragoza
El pleno de las Cortes ha aprobado la nueva ley de Salud Pública de Aragón, que sustituye a la de 2002, con el apoyo de PP y PAR, grupos que sostienen al Gobierno autonómico y tienen la mayoría de la Cámara, mientras que los de la oposición, PSOE, CHA e IU, han votado a favor de parte de la ley, aquella en la que han considerado que se ha mejorado el texto, al que se presentaron 245 enmiendas, de las que se han incorporado 147, el 58 por ciento.

El objetivo de la nueva ley es que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios y otras actuaciones por parte de los poderes públicos, entidades privadas y organizaciones de la sociedad, así como prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.

La diputada del PP, María Ángeles Orós,  ha señalado que “el texto logrado es más que suficiente y marco legal adecuado”, tanto para los ciudadanos como para los profesionales en protección, prevención, promoción y educación para la salud. Asimismo, ha manifestado la “voluntad” por parte de todos los grupos de mejorar el proyecto inicial, habiéndose aceptado “dos tercios de las enmiendas del PSOE, más de la mitad de CHA, casi la mitad de IU y las del PAR”.

Los acuerdos se han logrado en materia de los principios rectores, derechos y deberes de los ciudadanos, la creación de una comisión interdepartamental y del Consejo Asesor de Salud Pública, así como en vacunas gratuitas y universales, mientras que no los ha habido en concretar las competencias de municipios y comarcas y en la carrera profesional, cuestiones “ambas que tienen leyes específicas y será a través de ellas y de los reglamentos donde se desarrollarán”.

El diputado del PSOE, Eduardo Alonso, ha reconocido que la ley aprobada está “bastante mejorada, pero es insuficiente para lo que la salud pública aragonesa requiere en estos momentos”, para considerar que los grupos que sostienen al Gobierno han sido “cicateros y despectivos con los ayuntamientos”.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha considerado que la ley aprobado “es mucho más completa” que el texto inicial, “vacío, que casi no tenía contenido”, contando ahora con una redacción “más acorde y acertada con lo que se espera” de una norma así, con “una mejora importante en los artículos sobre derechos y deberes de los ciudadanos, así como sobre los principios rectores, que no solo se enumeran, sino que también se desarrollan”.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha asegurado que esta norma podría haber sido “pionera y de referencia para otras comunidades autónomas”, y si bien “hemos avanzado, es una lástima que nos hayamos quedado a mitad del camino”, en vez de “haberlo recorrido conjuntamente todos los grupos” hasta el final.
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