La Consejería de Sanidad muestra su satisfacción con el acuerdo



6 jul. 2013 16:55H
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Redacción. Zaragoza
El Gobierno de Aragón, por medio del director general de Función Pública y Calidad de los Servicios del Departamento de Hacienda y Administración Pública, Ignacio Murillo García-Atance, y los representantes sindicales, han firmado, en el seno de la Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo para el personal laboral, la prórroga por un año de la vigencia de este Convenio.

El Departamento de Sanidad, por su parte, ha valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado entre empresa y empleados, de acuerdo con el cual los trabajadores de limpieza han despejado sus incertidumbres laborales y se ha permitido, de este modo, la vuelta a la normalidad en cuanto a la higiene en los centros sanitarios se refiere, imprescindible para pacientes y profesionales del salud.

La decisión alcanzada demuestra que la solución era factible en el mismo momento que se pusieron encima de la mesa planteamientos únicamente laborales. Tal y como afirmó el consejero Ricardo Olivan, por fin esta semana “se habían planteado negociaciones en el ámbito laboral” y de esta forma se había visto grandes posibilidades de acuerdo. “Si se hubieran dejado de lado otras cuestiones e intenciones, la huelga hubiera llegado a su fin mucho tiempo antes”, ha matizado el titular de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico.

El primer punto del acuerdo firmado recoge de forma textual el propósito de “iniciar el proceso de negociación de un nuevo Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para ello, las partes se comprometen a la constitución de la correspondiente Comisión Negociadora a partir del 15 de octubre de 2013”.

Ignacio Murillo.

El párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) establece, en la redacción dada por el número seis del artículo 14 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

Norma modificadora

No obstante, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la mencionada Ley 3/2012, de 6 de julio, en los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el plazo de un año al que se refiere el apartado 3 del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por esta Ley, empezará a computarse a partir de dicha fecha de entrada en vigor. Éste es el caso del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por otra parte, el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón entiende que “se hace necesario iniciar un proceso de actualización de nuestro sistema vigente de relaciones laborales, en el marco de un proceso más ambicioso de renovación del modelo de la función pública de Aragón, en el que la nueva Ley de la Función Pública aragonesa se erige como máximo exponente. 

Esta nueva ley pretende modernizar el actual modelo de función pública, reivindicar el trabajo y el reconocimiento profesional de los empleados públicos así como garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos, incentivando el compromiso y la calidad profesional y la competitividad y flexibilidad organizativa, como herramienta para mejorar la calidad del servicio público, el crecimiento económico y mantenimiento del empleo”.

La aprobación de esta nueva norma tendrá relevantes implicaciones en el sistema de condiciones de trabajo, tanto del personal laboral como funcionario, cuestión que exige acometer un proceso de forma coherente y sistemática con la negociación del nuevo Convenio Colectivo y el Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario del ámbito sectorial de Administración General. En este mismo contexto, se incardina la intención de ambas partes de reforzar los mecanismos de igualdad de oportunidades y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Para hacer posible esta intención, se iniciará paralelamente la elaboración y aprobación de un Plan de Igualdad de Oportunidades y Conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

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