Tasas de reposición y salario de los funcionarios protagonizan las enmiendas sanitarias a los PGE

Marcos Domínguez / Cristina Mouriño. Madrid
Los grupos parlamentarios han presentado más de 4.600 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Como era de esperar, la sanidad centra un gran número de ellas, sobre todo en temas de infraestructuras y personal, así como la atención a la dependencia. Además, algunos partidos han aprovechado para ir más allá de los presupuestos y pedir modificaciones en otras normas, como el real decreto 16/2012 o la vinculación del gasto farmacéutico al PIB, aprobada hace poco más de dos meses.

Además de las dos enmiendas ya anunciadas, el principal grupo de la oposición, el PSOE, exige una subida de sueldo a los empleados públicos –incluidos los sanitarios– del 1,5 por ciento para 2016, frente al 1 por ciento ya anunciado por el Gobierno. También incluye la recuperación de la totalidad de los permisos para el personal funcionarial.

Por otro lado, fija la tasa de reposición en un máximo del 150 por ciento “a las administraciones públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del SNS”. En la actualidad, esta tasa había pasado del 10 al 50 por ciento. El grupo liderado por Pedro Sánchez quiere con ello superar los recortes establecidos en los últimos años. En cuanto a la dependencia, enmienda la disposición adicional quincuagésima octava, ya que con ella “desaparece una de las vías de financiación del sistema, el nivel acordado”.

Ana Castaño, portavoz de IU.

IU, ICV-EuiA, CHA y la Izquierda Plural instan a agilizar el acceso a las prestaciones en dependencia

Las enmiendas presentadas por el grupo IU, ICV-EuiA, CHA y la Izquierda Plural se centran, fundamentalmente, en el ámbito de los servicios sociales y la atención a la dependencia. Así, según recoge el grupo, “la cuestión más dramática que recogen los presupuestos presentados por el gobierno central es el incremento de 75 millones en el gasto de políticas de atención a la dependencia, cuando se ha recortado durante esta legislatura 1.460 millones de euros”. Propone una enmienda a la totalidad en la que insta a agilizar la tramitación de las solicitudes y el acceso a las prestaciones.

El impulso a los centros sociosanitarios, objetivo de CC y NC

Por su parte, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) también enfocan sus propuestas en el ámbito social. En este sentido, los dos grupos solicitan potenciar el Plan Insular de Infraestructuras Sociosanitarias de respiro familiar; y hacer efectivo el proceso de reconversión del Hospital de La Gomera en un centro sociosanitario.

UPyD exige la derogación del RD 16/2012

Rosa Díez, portavoz de UPyD.

En cuanto a la formación magenta, entre sus demandas se encuentra la de posibilitar, dentro de la disponibilidad presupuestaria, el cien por cien de la reposición del personal que se va jubilando en los sectores estratégicos para garantizar unos servicios públicos de calidad. UPyD defiende que se aplique un tipo impositivo del 4 por ciento a los medicamentos de uso humano, así como las formas galénicas, fórmulas magistrales y preparados oficinales. Asimismo, demanda que el Fondo de Promoción y Desarrollo de Infraestructuras del Sistema de Atención a la Dependencia cuente con 17 millones de euros en 2016, en lugar de los 5 que presupuesta el gobierno central; y exige la derogación del Real Decreto 16 /2012.

Además, pide dotar a los diferentes centros del Instituto de Salud Carlos III (CNIO, CNIC, CIEN, CIBER y CIBER de enfermedades neurodegenerativas) con 5 millones de euros para investigación.

CiU reclama quitar la vinculación de gasto farmacéutico y PIB

La portavos de Sanidad de CiU, Conxita Tarruella.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió aboga por proceder al pago de la deuda con la Seguridad Social de las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro. Según señala el grupo, “debido al actual escenario económico de las administraciones autonómicas y a la grave situación de insuficiencia financiera en la que se encuentran los hospitales, resulta imposible que por parte de los centros sanitarios se pueda asumir la amortización de esa deuda”, por lo que CiU solicita ampliar un año más la carencia para el pago de dicha deuda.

Asimismo, exige una compensación económica por el incremento de los tipos de IVA de productos sanitarios, que a su juicio, “ha supuesto un encarecimiento de los servicios sanitarios que prestan las comunidades autónomas (CCAA)”.

En cuanto a la prestación de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, CiU insta al gobierno central a compensar el coste de estos nuevos fármacos mediante la aportación de recursos adicionales. La formación también solicita que se proceda a la liquidación de las deudas pendientes con el Sistema Nacional de Salud en concepto de Fondo de Cohesión Sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial.

Las enmiendas presentadas por CiU no han querido olvidarse de la polémica vinculación entre gasto farmacéutico y PIB, aprobada el pasado junio, y pide su eliminación, así como de los ‘deberes’ de reportar mensualmente la cifra de gasto hospitalario.

ERC se fija en la dependencia; BNG, en el profesional sanitario

Las reclamaciones de Esquerra Republicana – Catalunya Sí se centran en dotar de 650 millones la financiación de la ley de Dependencia en Cataluña y un tipo de IVA del 4 por ciento para la prestación de servicios y asistencia social a personas dependientes. Además, pide pagar la cantidad “que el Estado le adeuda” al Ib-Salut de 2011 y 2012, rehabilitaciones de centros de salud y sociosanitarios (Son Dureta, Crevillent, Algemesí).

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), al igual que el PSOE, dirige el grueso de sus enmiendas al personal público, pidiendo un aumento del 3 por ciento en los salarios, elevar la tasa de reposición a entre el 100 y el 120 por ciento, y “eliminar las restricciones a la contratación temporal en el sector público”.

Geroa Bai, por último, reclama 600 millones para dependencia, que serían 1.200 según el “nivel convenido” y que se financiarían a través de deuda pública.

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