Redacción. Madrid
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha asegurado este jueves que sería "lamentable" e "impresentable" que las autoridades españolas quisieran crear puestos de trabajo a costa de la salud de los ciudadanos.
Manuel Alfonso Vila Vigil, presidente del Consejo de Dentistas; Vicenta Esteve Biot, del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Juan José Rodríguez Sendin, presidente de la Organización Médica Colegial y Francisco Rodríguez Lozano, presidente del CNPT. |
Rodríguez Sendín se ha pronunciado en la presentación de un manifiesto firmado por la Organización Médica Colegial, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, la Organización Colegial de Dentistas y la Organización Colegial de Enfermería, en el que los responsables sanitarios se posicionan en contra de la posibilidad de cambiar la actual legislación de espacios libres de humo para permitir fumar en casinos como, por ejemplo, en el macroproyecto de ocio Eurovegas.
De hecho, recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, dejó entreabierta la puerta a una posible modificación de la legislación vigente para dejar fumar en casinos y salas de juego. En concreto, aseguró que España necesita inversores y creación de empleo y que, por tanto, el Gobierno va a analizar "todas aquellas actuaciones" que representen "inversiones o creación de empleo" para adoptar, en cada caso, las medidas que considere "más oportunas".
Las declaraciones de la vicepresidenta han sido acogidas con "gran preocupación" por parte del sector sanitario quien le ha recordado que adoptar una medida como la que se está planteando va a tener "graves consecuencias" para la salud de los ciudadanos y, además, va a aumentar los costes del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, según han recordado, han disminuido desde la puesta en marcha de la actual Ley antitabaco.
De hecho, según ha informado el presidente de la CNPT, Francisco Rodríguez Lozano, los primeros datos provisionales que se tienen de la actual normativa indican que los ingresos hospitalarios por infartos agudos de miocardio y por asma infantil se han reducido, al igual que la exposición en los hogares. Todo ello, ha proseguido, está permitiendo un ahorro "muy importante" en costes sanitarios.
Se trata, por tanto, de una ley que ha sido "muy bien acogida" por parte de los ciudadanos --el 82% ve mal o muy mal que se modificara, según una reciente encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria-- y que está aportando "grandes" beneficios al SNS.
Un entramado político en el que “manda la economía”
"Cambiar dinero por vidas puede dar una muy mala imagen para la educación de los españoles. Y es que, ¿desde cuándo somos diferentes los españoles ante la ley en los espacios de ocio?", ha argumentado el presidente de la OMC para esperar que los ciudadanos se opongan frontalmente a esta medida a la que califica de "impresentable".
En este sentido, los expertos han destacado que otro de los logros de la actual Ley antitabaco es que ha conseguido disminuir el consumo entre los jóvenes, pasando del 26,2 por ciento de la población fumadora mayor de 15 años en el año 2006 al 23,5 por ciento en 2012, lo que supone que 950.000 adultos dejen de fumar definitivamente o que los adolescentes no se incorporen.
"El Gobierno debería replantearse esta supuesta decisión y no estar dando mensajes contradictorios, ya que el salto de normas no es adecuado porque nos está afectando a todos y, especialmente, a los más jóvenes", ha recalcado la miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Vicenta Esteve Biot.
Ahora bien, pese a ello, estos expertos, entre los que se encuentra también el presidente de la Organización Colegial de Dentistas, Manuel Alfonso Villa Vigil, han reconocido ver a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en contra de modificar la ley aunque han lamentado que forme parte de un "entramado" político en el que "manda la economía". "Sanidad tiene que decidir ante una hipótesis y esa es una decisión política. Por tanto, es el Ministerio el que tiene que ser proactivo e intervenir ante la opción de que pueda ocurrir este cambio en la actual normativa", ha zanjado Rodríguez Sendín.