Las autonomías comienzan a endurecer la política de dependencia

Redacción. Madrid
Las administraciones autonómicas comienzan a endurecer su política en materia de dependencia para evitar el fraude y maximizar el poco dinero de que se dispone para esta partida. En Andalucía, por ejemplo, el registro por parte de los inspectores de la Junta de importantes faltas (nueve graves y una muy grave) el año pasado en esta parcela, la recepción de ayudas a la dependencia, ha llevado al Ejecutivo autonómico a anunciar que, en adelante, se castigará el delito con multas de hasta un millón de euros.

José Antonio Griñán.

Conforme a lo anunciado en su portada por Ideal, uno de los diarios regionales de Andalucía de mayor tirada y difusión, los inspectores de la Junta perseguirán a quienes infrinjan la aplicación de los recursos obtenidos con la Ley de Dependencia. La norma afecta, además, tanto a particulares como a instituciones y, en efecto, prevé sanciones que oscilan entre los 300 euros para las faltas más leves hasta el millón de euros para las muy graves.

Por otra parte, en Galicia, los dependientes con vivienda u otro tipo de posesiones deberán pagar más por la ayuda recibida, ya que, a partir de ahora, la Xunta los tendrá en cuenta, junto con la renta, a la hora de gravar esta clase de prestaciones. De este modo, el Gobierno autonómico gallego equipara la norma al decreto estatal que evalúa también el patrimonio de los beneficiarios. En consecuencia, solo el 40 por ciento de los ciudadanos gallegos dependientes seguirá pagando lo mismo por los servicios recibidos de la administración autonómica.