Estancado el pacto por la innovación farmacológica

María Márquez. Madrid
La ministra de Sanidad, Ana Mato, aceptó la propuesta del PSOE para un pacto por la innovación farmacológica en su última comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso (27 de febrero). Cuatro meses después, el portavoz socialista José Martínez Olmos denuncia que los contactos para ese fin no han empezado, y muestra su preocupación por el retraso en la fijación de precios de medicamentos, especialmente de los oncológicos.

José Martínez Olmos y la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Martínez Olmos recalca que aunque públicamente la ministra se muestre abierta al diálogo, “en la práctica no escucha al principal partido de la oposición”. El portavoz socialista también critica “el retraso” en la fijación de precios y habla de “parálisis” en alusión a los 56 fármacos que el Gobierno reconoce pendientes de resolución en una respuesta por escrito dirigida a él. La idea socialista, cuando ofreció el pacto en febrero, era “establecer conjuntamente un criterio riguroso de incorporación de medicamentos” en un escenario de reducción presupuestaria con el fin de evitar “la venta libre” que ocasionaría, explica el portavoz socialista, “que la innovación se quedase cercana a la sanidad privada, y por tanto habría una restricción para la población general”.

La espera para la resolución de financiación se ha duplicado

En su pregunta dirigida al Gobierno, Martínez Olmos manifiesta un especial interés por los “medicamentos frente a cualquier tipo de cáncer”, y subraya la preocupación de pacientes y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Al parecer, entre los 56 fármacos pendientes de resolución de financiación se encontrarían varios para el tratamiento oncológico. Apoyándose en la Ley 30/92, el Gobierno justifica que el plazo para resolver estos expedientes puede alargarse hasta seis meses, pero el portavoz socialista insiste en que en la última legislatura la Comisión de Precios de Medicamentos se ha convocado “muy pocas veces”, algo que contradicen fuentes del Ministerio de Sanidad, asegurando que su periodicidad se encuentra entre los 60 y los 90 días.

Por parte de la SEOM, su presidente, Juan Jesús Cruz, sí resalta que el tiempo de espera entre la autorización de la Comisión Europea y el dictamen del Ministerio “antes no tardaba más de nueve meses”, mientras que ahora la demora puede prolongarse entre 12 y 18 meses, pero al mismo tiempo añade que dicho plazo “no implica un bloqueo hermético en el uso de los mismos si son necesarios para el paciente ya que, aunque con incómodas trabas administrativas, se pueden obtener a través de procedimientos extraordinario, como es el uso compasivo”. En este trámite también ha impactado las modificaciones introducidas por el Real Decreto 16/2012, ya que tal y como reseña el Gobierno en la respuesta a Martínez Olmos, en abril del pasado año se introdujeron criterios de “coste-efectividad, impacto presupuestario para el Sistema Nacional de Salud y la consideración de la contribución al PIB de nuestro país”.