Boi Ruiz: “Es más justo el euro por receta que el copago del Ministerio”

María Márquez / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Córdoba
El consejero catalán de Salud, Boi Ruiz, admite las asignaturas pendientes de la política autonómica y estatal. Sobre la primera, tiene grandes expectativas en reformas organizativas que pasan por empoderar a la Atención Primaria, evitar duplicidades y concentrar la Atención Especializada. Las deudas con farmacia y el sector concertado quedan por el momento ‘en manos’ del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y los profesionales tendrán que sacrificar de nuevo su paga extra, aunque sus esfuerzos están en la mente de Boi Ruiz, quien asegura que el gran objetivo es que el ahorro interno “reactive los sueldos”. Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud lo ve falto de decisiones sobre política sanitaria, y al Gobierno un tanto lento en el desarrollo de las estrategias que recoge el Real Decreto 16/2012.

Comenzando por la actualidad de los últimos días, ¿puede confirmarnos el supuesto interés de un grupo japonés por adquirir el Hospital Clínic de Barcelona?

Esa noticia me sorprende, no sé de dónde salen las fuentes. El Hospital Clínic no está en proceso de privatización ni de venta, sino que se va a orientar a la autogestión por parte de los profesionales mediante una fundación privada sin ánimo de lucro. No hay ninguna otra vía. De todas formas, cuando no son los japoneses, son de Catar… Siempre hay alguien que introduce confusiones. No se ha considerado ni se considera ninguna opción de este tipo.

¿Qué puede comentarnos sobre la supervivencia del Hospital Sant Pau?

Es un centro público que requiere que sean aplicadas todas las opciones tomadas a nivel del Estado y de la comunidad autónoma con respecto a los trabajadores públicos, desde 2010 hasta ahora. Pero los trabajadores y sus representantes no han aceptado estas medidas porque entienden que Sant Pau no es público, y el no poder cuantificar estas medidas pone en una situación de dificultad al hospital. Su viabilidad es extraordinaria siempre y cuando puedan ser de aplicación todas y cada una de las medidas del sector público. Seguramente en 2013 podría haber llegado al equilibrio presupuestario si no hubiésemos tenido todas estas disfunciones. Tiene excelentes resultados sanitarios, de los primeros de España, es de los más viables.

Hay un mar de confusión en torno al Sant Pau, que se ha acompañado de excesos de comportamiento de algunos representantes de los trabajadores y una criminalización de las decisiones que se tomaban. Se han traspasado unas líneas que seguramente no se deberían haber traspasado. Ahora haremos un cambio en el órgano de la administración, intentando un acuerdo entre esta y los trabajadores. El Hospital no está ahora en peligro, pero puede estarlo en el futuro.

¿Cómo han recibido en la Consejería la dimisión de la cúpula directiva del centro?

Cuando la cúpula ya no puede ir más allá con las medidas que tiene en su mano, decide poner en manos de la Generalitat que se tomen otras extraordinarias para que no entre en un proceso de inviabilidad en un futuro próximo. Lo que hacemos es cambiar los miembros desde la Generalitat (tres) con otro perfil de patronos, gente de la Administración.

¿Será inmediato este cambio?

Ya hemos transmitido a la administración del hospital las tres personas que sustituirán a los tres miembros que dejaron su puesto hace unos días.

¿Puede adelantarnos quién son los candidatos?

Por el momento no se puede decir nada. La decisión final será de la Muy Ilustre Administración (MIA) del Hospital Sant Pau, que tiene que dar su aprobación.

¿Qué impacto inmediato espera del Pacto Nacional de la Salud en Cataluña?

Siempre he preferido que dejáramos fuera del ‘pim pam pum’ político el tema sanitario una vez que no hay discusión sobre el modelo sanitario. No hay que confundir los debates de gestión con los debates de política. No utilicemos opiniones técnicas y de gestión para crear incertidumbre en los ciudadanos y buscar un remanente político a corto plazo. Esto hay que aparcarlo.

El Parlamento catalán ha acordado crear una comisión entre el sector sanitario y los partidos políticos. Haremos cada uno nuestra aportación viendo en qué estamos de acuerdo todos y en qué no, haciendo debate sobre esto último. La finalidad es trabajar con tranquilidad, sin estar todo el santo día debatiendo en el Parlamento y en la prensa cosas que no tienen la más mínima sostenibilidad técnica, académica ni profesional, y que en cambio hacen un ruido político muy importante. Esto es una reivindicación de todo el sector sanitario, que quiere que se despolitice la sanidad. Tenemos que definir todos los cambios que necesita la sanidad, pero no porque tengamos menos dinero, sino porque tenemos que gastarlo mejor.

En el panorama de ajustes presupuestarios, han tomado diferentes medidas. ¿Nos puede adelantar si habrá más en el futuro?

Nosotros entendemos que el coste no puede bajar más, sino que tenemos que hacer las cosas de otra manera, y esto ya se decía en los años noventa. Lo primero que hemos hecho son reformas organizativas y estructurales, que pasan para nosotros por tres ejes. En primer lugar, reformar lo que entendemos como la resolución de la Atención Primaria, no solo coordinándola con la Atención Especializada, sino haciendo que compartan servicios, con una unidad funcional. En segundo lugar, tenemos que evitar duplicidades que no se justifican ni por volumen de pacientes ni por características de resultados. En tercer lugar, racionalizar lo que es más costoso, la Atención Especializada o terciaria, concentrándola en pocos centros, como la atención de referencia a nivel estatal. Esto sentará las bases de la sostenibilidad futura, y cuando llegue el dinero lo gastaremos muchísimo mejor y podremos retornar con mucha más facilidad a los primeros sacrificados de esta crisis económica en el sector salud, que son los profesionales. Nuestro plan 2013-2015 permitirá aflorar dinero dentro del sistema.

¿Y en el caso de los impagos en la farmacia y el ámbito concertado?

Los retrasos son un problema común a todas las comunidades autónomas. Para el dinero extra que necesitamos, el déficit autorizado, no tenemos acceso directo a los bancos, solo a través del ICO, que pide en nuestro nombre el crédito. 
Este flujo de dinero no es continuo, sino que hay un trámite de deuda, un mecanismo complicado que va ligado al objetivo de déficit. Lo que hemos intentando es que nunca un centro concertado se quedase sin liquidez para pagar las nóminas de los profesionales, esto no ha ocurrido, así que repercute sobre los proveedores.

Respecto a las farmacias, estamos en 60 días de plazo de pago, que no es una exageración con respecto al resto de autonomías, pero arrastramos una deuda de dos meses del año anterior que no podemos liquidar hasta no recibir el Fondo de Liquidez Autonómica, que espero que sea una realidad pronto. Por otro lado, las farmacias tienen un problema de base, que no son empresas, sino autónomos que responden con su patrimonio, y a este respecto también hemos propuesto un replanteamiento para que tengan más solidez financiera.

Sobre este replanteamiento, ¿los Colegios de Farmacéuticos han aportado alguna propuesta?

Estamos trabajando con el Consejo de Colegios catalán para convertir a la oficina de farmacia en un centro de servicios sanitarios y no en un dispensador de medicamentos. De ahí que queramos desarrollar un modelo de cartera de servicios de las farmacias, para que sean un agente sanitario, que además nos es muy útil en zonas despobladas para complementarlas con la Atención Primaria lo mejor posible, especialmente en tema de crónicos, diagnóstico precoz, etc. Esta cartera será comprada por el Servicio Catalán de la Salud, tendrá sus tarifas y su regulación.

¿Hay algún plazo para su puesta en marcha?

Estamos trabajando este año para ver si el año que viene podemos incluir en algunos territorios esta cartera de servicios de forma piloto, y dentro del presupuesto de Atención Primaria.

Así que los profesionales están de acuerdo con la visión de la Consejería...

Están de acuerdo, pero la realidad acuciante es que tienes que cobrar a final de mes, y las transformaciones son más lentas que las obligaciones. La reforma no es tan rápida como el impacto que tiene. La primera reforma pasa por lo más sencillo, bajar sueldos, ahora lo que queremos es hacer las cosas de otra manera para que el ahorro que tengamos internamente pueda reactivar los sueldos.

¿Qué actuaciones destacaría con respecto al colectivo médico?

Nuestro modelo es un poco diferente al del resto de comunidades autónomas. El Servicio Catalán de Salud no gestiona centros, sino que lo hace a través de terceros, entidades, fundaciones privadas… Es gestión indirecta. Creemos que el siguiente paso sería lo que yo llamo ‘la tercera descentralización’, que es pasar una parte del riesgo y la gestión a los profesionales. En Cataluña ya tenemos 13 experiencias en el ámbito de Atención Primaria (que serán 14 este año) de autogestión. En este sentido, queremos avanzar en el conjunto del sistema, no hace falta concertar con los médicos, pero sí tener una delegación de funciones y responsabilidades bilateral con los médicos. En eso trabajamos pese al elemento, siempre limitador, de los sueldos.

En el ámbito estatal, con respecto al Consejo Interterritorial del SNS, nos gustaría saber cuáles de los retos pendientes (nuevos tramos de copago, cartera de servicios…) considera más urgentes.

Uno de los problemas que tenemos con el Consejo Interterritorial es que el desarrollo de muchos de los aspectos del Real Decreto 16/2012 están por definir, por lo tanto estamos muy preocupados con que estemos tardando tanto en aplicar determinadas medidas porque los hipotéticos ingresos o disminución del gasto que tendríamos, no los estamos teniendo. Por tanto, hay un retraso muy importante en el ámbito administrativo. No está resuelto el copago del transporte sanitario, de las prótesis y ortoprótesis, de los terapéuticos… No hay manera de aplicarlo a la realidad.

El Consejo Interterritorial es, en mi opinión, excesivamente ‘administrativista’. Son 20-30 puntos para tomar decisiones de carácter administrativo, pero no hay decisiones de política sanitaria. Yo reitero que el SNS del siglo XXI tiene que ser más anticipativo que reactivo, esto quiere decir que hay que dedicar más recursos en evitar la enfermedad y abordarla a tiempo, y no armarnos hasta los dientes con estructuras carísimas esperando que la gente venga muy enferma para resolver el problema. Los temas administrativos están muy bien, pero el debate sobre qué modelo asistencial necesita el país, no existe. Por ejemplo, plantear que la Atención Primaria sea un elemento de resolución mayor, no se acaba de estipular. O la importancia de la teledermatología, que no solo hace bajar de forma brutal las listas de espera sino que se detectan antes los cánceres.

Yo siempre digo que el fracaso de nuestro sistema sanitario es decir que somos el país que más trasplanta. Y no se trata de trasplantar menos, sino de controlar bien las patologías y los factores de riesgo que las desencadenan. Esto es hablar de política sanitaria, que no es lo mismo que hacer política con la sanidad. Tenemos que revisar muy a fondo nuestro modelo de gestión y de política sanitarias.

¿Qué expectativas tiene con respecto a la cartera común de servicios?

Hay un criterio técnico generalizado que no tiene que politizarse: todo aquello que se demuestre que no tiene coste-efectividad no tiene que estar en la cartera. Se trata de poner a trabajar a las agencias, no hacer ningún debate político. Como esto no se ha producido en el conjunto del Estado, en Cataluña hemos creado un programa llamado ‘Esencial’ para evaluar con un método compartido con el NICE inglés, los procedimientos que no tienen coste-efectividad. Lo que hacemos es que cada 15 días emitimos una recomendación (llevamos 12-13) para dejar de hacer actuaciones médico-sanitarias porque no cumplen este parámetro. Esto lo hacemos junto a la Academia de Ciencias Médicas y las sociedades científicas, y con una libre adhesión del profesional. Al final del año veremos cuántas recomendaciones de estas se han llevado a la práctica.

¿Cómo es la relación actual con el Ministerio?

Es absolutamente fluida. Todo lo que estoy diciendo se lo digo al Ministerio, que hace el caso que cree que tiene que hacer.

¿Y en cuanto al impacto del euro por receta?

Nosotros lo defendíamos preservando dos principios: que nunca una barrera económica impidiese el acceso a los medicamentos, y que aquellas personas que tuviesen un consumo habitual no se arruinasen. Creíamos que era el modelo a implementar como copago, y desaparecería así otro que a mí me parece poco justo, el de activo-pasivo. Para nosotros es más justo y tranversal que el que pueda pagar un euro, lo pague. Pero al contrario, se ha optado por un modelo muy complicado y con contradicciones sobre el nivel de renta y la condición activo-pasivo.

Así que no le convencen los nuevos tramos planteados en el último Consejo Interterritorial…

No. ¿Dónde pones el límite? Es injusto diferenciar entre pensionistas y personas activas, y tampoco tiene sentido que quede gente excluida.

Vea la entrevista íntegra

El consejero de Salud, Boi Ruiz, con la redactora María Márquez, durante la entrevista.