Aprobado el decreto que pone coto a la temporalidad de médicos y enfermeros

El Gobierno ha aprobado este viernes un macrodecreto que incluirá el aumento de la cotización para los contratos de corta duración, medida bien acogida por el colectivo sanitario, que lleva años luchando contra la temporalidad del sector. Por ello, se va a modificar el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de elevar el incremento en la cotización por la celebración de este tipo de contratos del 36 por ciento actual al 40 por ciento.

Así, el Ejecutivo pretende equiparar la protección social de los trabajadores que suscriben este tipo de contratos con quienes han podido suscribir un contrato de trabajo de corta duración más amplia y, por otro lado, incrementar las cotizaciones en estos contratos como medida disuasoria para el empresario y las administraciones. 

Protección social

"Este incremento de ingresos justifica también la adopción de esta medida mediante un Real Decreto Ley, ya que el importante déficit que mantiene el sistema de la Seguridad Social requiere la aprobación 

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El incremento de la cotización va ligado a una mejora de la protección social de estos trabajadores

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de medias urgentes que incrementen la recaudación", apunta el texto. Asimismo, este incremento de la cotización va ligado a una mejora de la protección social de estos trabajadores para aplicar a los días trabajados y cotizados un "coeficiente de temporalidad".

A efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, de los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización. Asimismo, el texto apunta que esta previsión no será de aplicación en los supuestos de contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y contrato fijo-discontinuo.

Por otro lado, el borrador recoge que la cobertura de la contingencia de desempleo en los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y formación, incluyendo los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, será de aplicación a los contratos que se suscriban a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.

Autónomos

En este real decreto también se incluye la medida anunciada el miércoles por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la que se recoge que se sancionará a las empresas con un mínimo de 3.126 euros y un máximo de 10.000 euros de multa por cada trabajador que esté mal encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) debiendo estar en el Régimen General o por el trasvase de trabajadores del Régimen General al RETA.

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"Se puedan aplicar sanciones importantes que lleguen provocar el cierre de empresas sanitarias"

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Asimismo, se incluye el acuerdo suscrito con las organizaciones de autónomos que contempla el incremento de un 1,25 por ciento de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos a partir del 1 de enero de 2019, hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo de cotización será del 30 por ciento, con lo que los autónomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) de lo que pagan actualmente, aunque a cambio recibirán una mayor protección.

"La subida de la cotización un 1,25 por ciento parece razonable. Incluso que la cotización pase del 30 por ciento de la base al 31 por ciento en 2022, es una subida progresiva aceptable por el colectivo. Nada que ver con aquellas primeras propuestas  del Ministerio de Trabajo en que podía llegarse a subidas del 300 por ciento para los que tuviesen ingresos elevados...", se alegra el vocal nacional de Médicos de la Privada por Cuenta Propia de la OMC, Manuel Carmona, que no considera que la modificación afecte demasiado a los médicos: "Como la gran mayoría de autónomos están acogidos al régimen alternativo de Mutual Medica, los cambios en la protección serán poco significativos".

Respecto a la cuantía de las  sanciones, Carmona cree "que son importantes y que su principal misión debe ser el efecto disuasorio para evitar los falsos autónomos". No obstante, le preocupa "la disparidad de criterio que vienen teniendo las distintas inspecciones provinciales de trabajo respecto de la interpretación de la situación de falso autónomo, lo que puede dar lugar a que en algunos casos se puedan aplicar sanciones importantes que lleguen provocar el cierre de empresas sanitarias en situaciones en que  la interpretación de la inspección pueda dar lugar a cambiar de régimen a colectivos importantes".