"Muface es un modelo de déficit cero, cosa que no pasa en todas las CCAA"

Cristina Contel, presidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE y presidenta de honor de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), es uno de los rostros más conocidos de la sanidad privada gracias a su trabajo, durante décadas, en diferentes instituciones y organismos que representan a este sector. 

Durante la pandemia de Covid-19, Contel ha vivido en primera línea las transformaciones a las que se ha tenido que enfrentar y los nuevos retos que ha tenido que abordar la privada. El último es el proceso de vacunación Covid, un aspecto en el que reclama la participación de toda la sanidad de manera integral para conseguir avanzar más rápidamente en la inmunización de la población, ya que en las sucesivas olas de la pandemia han atendido a un tercio de los pacientes de coronavirus.

En esta entrevista con Redacción Médica, la que fuera vicepresidenta y secretaría de la Unión Europea de Hospitales analiza la situación a la que se enfrenta la sanidad en la próxima era posCovid, además de opinar sobre el uso político de la colaboración público-privada, y de la viabilidad futura del modelo Muface más allá de la asistencia a los funcionarios civiles de la Administración Pública.

Entrevista completa a Cristina Contel.

Como profesional dedicada a la sanidad durante décadas, ¿cómo ha vivido la pandemia de Covid-19?

Nos hemos enfrentado a la mayor crisis de emergencia sanitaria, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. La pandemia de Covid-19 ha puesto en jaque a todos los sistemas sanitarios y nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) no ha sido una excepción. La pandemia ha evidenciado e incrementado esas carencias que venía arrastrando el SNS, como la falta de profesionales -especialmente en el ámbito de la Enfermería y la Medicina-, la falta de coordinación asistencial entre la Primaria, los hospitales, la atención intermedia y las residencias; la falta de coordinación también a nivel territorial, y también la ausencia de homogeneidad en la toma de decisiones, ya que hay 17 subsistemas sanitarios distintos. 

Todas esas carencias se han incrementado exponencialmente, lo que ha conllevado un impacto a todos los niveles, especialmente cruento en el ámbito social y en la sanidad, tanto pública como privada. 

En el tema laboral, la carencia de profesionales se ha hecho más evidente que nunca. En los centros sanitarios y sociales ha habido necesidad de inversión en recursos humanos y, a la vez, gran parte de nuestras plantillas han causado bajas por contagios de Covid. Todo eso ha impactado en unos centros en los que, de alguna manera, tenían que hacer frente a todos sus costes y no tenía actividad hasta que no empezó a normalizarse la pandemia. De todo ello debemos extraer una lección, aprender de todos los errores y salir más reforzados que nunca.

---

"Está muy bien el modelo de 17 subsistemas de salud, pero necesitamos un mínimo común que homogeneice criterios"

---

La patronal ha denunciado que durante el Covid unas 3.000 clínicas tuvieron que ‘echar la persiana’. ¿Cuántas de ellas cree que podrían volver a abrir tras la pandemia?

El impacto directo que ha tenido la pandemia en el ámbito laboral y de actividad ha sido muy grande. Una tercera parte de los pacientes Covid han sido atendidos por el sector sanitario privado, entonces ha habido centros que no tenían estos perfiles, han tenido que cerrar y la situación ha cuestionado su viabilidad. ¿Cuántos de estos centros podrán recuperarse? Dependerá muy mucho de las medidas que se implementen ahora y de la promoción que se haga para la reactivación de la actividad asistencial y la reactivación en términos económicos de esa actividad.

ASPE denunció que las comunidades autónomas todavía no habían abonado la parte que les debían por los servicios prestados en la pandemia. ¿Cómo está ahora mismo está situación?

Está muy bien el modelo de 17 subsistemas de salud, pero necesitamos un mínimo común denominador que homogeneice criterios. Hay unas comunidades autónomas que han contado con el sector empresarial sanitario y social en la toma de decisiones y en la planificación. Finalmente, lo han reconocido y lo han recompensado. Entre estas comunidades podríamos hablar de Madrid, Cataluña, Navarra y Canarias.

En el lado opuesto, hay otras comunidades autónomas que no solo no lo han reconocido, habiéndose servido de equipos tecnológicos y de personal, sino que un año después continúan sin recompensarlos. Hablamos de Murcia, Andalucía y Castilla y León. En estas comunidades, el impacto del Covid supone una inversión en estructuras, ya que hemos tenido que cambiar procesos y circuitos. También supuso invertir no solo en profesionales, sino también en equipamientos y en tecnología. Todo esto necesita reconocimiento y una compensación.

¿Tienen una estimación de a cuánto ascendería el importe que se debe?

No, realmente dependerá de cada comunidad, y de factores como la densidad de población. De hecho, Cataluña, Madrid, Navarra, Canarias y Baleares suman el 56 por ciento de las comunidades autónomas, y el resto están dando algún paso que otro, pero muy titubeantes.

Cristina Contel durante su entrevista.

El Gobierno sí ha llegado a un acuerdo con las mutuas para vacunar, pero no con el resto de sector sanitario privado. ¿Se sienten despreciados por las autoridades sanitarias en este sentido?

El Gobierno ha levantado el pie, pero no ha dado el paso. Levantar el pie es positivo y nos sumamos a ese avance. Las mutuas son entidades que tienen más cerca de su ámbito de organización, pero realmente resulta incomprensible que no se cuente con nosotros. Un sector sanitario englobando y con una visión íntegra, contando con todos los agentes de la cadena de valor que se han formado en las mismas universidades, que tienen las mismas competencias y que tienen capacitación y están reconocidos para llevar a cabo esto.

Hemos sido capaces de atender a un tercio de la población que ha padecido Covid y, en cambio, no se nos permite participar en la vacunación. Cuando no había dosis era obvio que se tenía que concentrar y empezar con una trazabilidad exhaustiva, pero una vez se dispone de dosis suficientes, no se entiende cómo no se cuenta con el sector sanitario privado de forma íntegra.

¿De qué modo podría intermediar la CEOE para que la privada -al igual que las mutuas- intervengan en la vacunación?

"Muface es un modelo de déficit cero, cosa que no pasa en todas las CCAA".

La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE hizo un primer informe tras la segunda ola Covid, en el que se proyectaban los objetivos de la organización en cada uno de los escenarios que habíamos vivido y, este 17 de marzo, la Junta Directiva aprobó un decálogo en el que se recogen 10 acciones de mejora de los resultados de ese análisis. Todo ello para una toma de acción inmediata.

Este decálogo pone encima de la mesa una serie de medidas sobre dónde están los incidentes, los errores, las omisiones y cómo pueden corregirse. Y uno de los temas es la vacunación en dos ámbitos.

Uno de ellos es la vacunación de forma indiscriminada (porque al principio hubo dos velocidades en la vacunación de los profesionales sanitarios en función de si prestaban sus servicios en la pública o en la privada). En relación a esto, entendemos que el profesional lo es en todos los sectores y el riesgo de contagio existe igual en un hospital público-privado, con lo cual pedíamos esa no discriminación en ese ámbito del personal sanitario.

La segunda vertiente es que todos los agentes capacitados y reconocidos que hay, como en el caso de las mutuas, fueran integrados en el plan nacional de vacunación para agilizarlo y para, de alguna manera, cumplir con ese plan nacional. Preservando con ello el mayor de los tesoros que tenemos: la salud nuestra población.

---

"Canarias ha vacunado a 27.000 personas por parte de la privada de forma gratuita"

---

¿Tienen alguna estimación de si se podría llevar finalmente a cabo la incorporación de la sanidad privada o de todos los agentes de la sanidad en el proceso de vacunación?

Tenemos dos ejemplos que me gustaría poner en valor, el primero es el de Madrid. El Gobierno de esta región, por orden del 13 de mayo, ha oficializado esa ayuda en la vacunación con un anexo de centros sanitarios privados. Ese acto de reconocimiento y colaboración hay que ponerlo en valor y hay que extenderlo como ejemplo.

Por su parte, Canarias ha vacunado a 27.000 personas por parte de la privada de forma gratuita. Y hay otras comunidades, como Cataluña, Andalucía y Baleares, que sí han mostrado su predisposición a que, una vez que se regularizara el tema de dosis, poder contar con la privada. Pero realmente la comunidad que ha dado un paso al frente de forma oficial ha sido la Comunidad de Madrid.

ASPE propuso participar en una compra de vacunas a nivel sectorial. ¿Cómo está este tema hoy en día? ¿Podrán optar a ello cuando no haya escasez de vacunas y se necesite campañas de refuerzo?

Ante esa urgencia se tomaron un montón de medidas para intentar buscar material de protección y de vacunas, mientras se iba redefiniendo el escenario. Una vez reglado, lo único que se pide desde la privada es que se nos dé esa oportunidad para colaborar en la vacunación.

Si a fecha de hoy tenemos el 32 por ciento de la población española con una dosis y el 7,3 millones de personas inmunizadas, si la privada formara parte de esto -realizando alrededor del 30 por ciento de la actividad asistencial- sin duda, agilizaríamos y concluiríamos ese programa de vacunación mucho antes.

En este sentido ¿tienen alguna estimación de cuándo España hubiera alcanzado la inmunidad de grupo si la privada estuviese dentro de este proceso de vacunación?

Este cálculo es imposible de realizar porque no se trata de sumar las fuerzas de ayuda para la Administración, sino de disponer de las sufientes dosis. Una vez se dispongan y se vaya normalizando el hecho de la vacuna, el Gobierno tiene previsto a finales de verano tener ya prácticamente a la mayoría de la población vacunada.

Cristina Contel, presidenta de la Comisión de Sanidad de la CEOE y presidenta de honor de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

Recientemente se ha conocido la decisión de acotar el precio máximo de las pruebas PCR y test de antígenos en la sanidad privada. ¿Cómo valora esta decisión?

Todo vale siempre que haya consenso. Pero esta medida se ha tomado de forma unilateral sin contar con los agentes del sector, como ha ocurrido en Baleares donde no se ha tenido en cuenta a la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES). Se ha establecido Por Decreto Ley que la prueba de PCR va a tener ahora un coste de 75 euros en la privada, cuando en el Servei de Salut Balear será de 95 euros y el test de antígenos de 30 euros.

Esto lo único que me suscita es que si en la misma prueba se utilizan los mismos reactivos e intervienen profesionales de la misma capacitación, ¿por qué en un sector esa prueba tiene un coste de 75 euros y en el otro de 95 euros? ¿Qué estamos premiando aquí? ¿Cómo se ha reducido ese coste? Se reduce para todos o se mantiene, porque en esto no hay diferencias, se trata de tema de laboratorios y no porque estés en un ámbito o en otro las cosas te salen más o menos baratas.

¿De qué manera perjudica al sector privado ponerle un precio máximo a estas PCR?

UBES pone encima de la mesa que, primero, atenta a la competencia y al libre mercado. Ya no por los desajustes y las diferenciaciones, sino por el hecho de esa toma de decisión, porque no deja de ser de gestión mercantil y gestión empresarial, y hay el derecho a la libre empresa.

La llegada de los Fondos de Europeos de Recuperación Next Generation va a marcar la recuperación económica tras el Covid-19. ¿De qué modo se podrá beneficiar la privada de ellos?

En los Fondos de Recuperación Europeos, el Gobierno tiene declarados que va a recibir 70.000 millones de euros. De esos 70.000 millones de euros, ha manifestado que va a invertir en la línea sanitaria de reconstrucción, transformación y resiliencia el importe de 1.069 millones de euros, que eso equivaldría a un 1,56 por ciento de los fondos, y nos preguntamos: ¿un 1,56 de los fondos destinados a esta línea sanitaria son suficientes o no?

El planteamiento del Gobierno es que estos 1.069 millones tengan como objetivo retener el talento en nuestro SNS, mejorar la contratación pasando de contratos temporales a fijos, y recomponer la planificación para dar respuesta a esa carencia de profesionales sanitarios. En temas de formación, hay un capítulo de 13 millones de euros y 62 millones en prevención y promoción de la salud, y hay 760 millones para equipamiento de tecnología. La inversión en equipamientos de tecnología nos parece una medida perfectamente aplaudible porque el parque tecnológico está obsoleto. Se necesita esa inversión en estructuras y en equipamientos, y sobre todo, apostar por la transformación digital.

Ahora bien, como la aportación de estos fondos al sector empresarial va a ser muy puntual, porque estamos hablando del SNS, lo que se demanda son unas ayudas de incentivación fiscal. Estas pueden ser un IVA súper reducido a un margen mínimo de unos cinco años, para esa recuperación económica y para esa recuperación de la actividad. Debemos tener en cuenta que se ha hecho una prórroga hasta diciembre del 'IVA cero' a material de protección, pero esa exención es insuficiente y absolutamente escasa para hacer frente a los costes reales. Otras medidas de incentivación fiscal es la desgravación del gasto sanitario y, entre ellos, podríamos hablar de la desgravación de la póliza de doble cobertura sanitaria. Estos fondos deben tener su traslado al ámbito empresarial, pero con medidas fomentadas por el propio Gobierno.

---

"La pandemia nos ha dado la oportunidad de ver que juntos podemos hacer muchas más cosas"

---

Dentro del sector de la sanidad privada, ¿sabe si ha habido ya empresas que han solicitado estas ayudas?

Desde CEOE se ha trabajado en un mapa de macro proyectos en los que ya hay 21. Uno de ellos es la digitalización en temas de sanidad. Todos estos proyectos se han presentado al Gobierno para trasladarlos también a nivel europeo y ver el recorrido que pueden tener entrando en cada uno de los ámbitos en los que la Unión Europea va a asignar estos fondos. En ese caso, dependerá finalmente de esa asignación.

En el terreno de la política, ¿considera que la colaboración público-privada se utiliza como un elemento electoralista?

La colaboración público-privada viene, desde hace muchos años, utilizándose como arma arrojadiza entre una ideología y otra. La sanidad pesa mucho, tiene un porcentaje mayoritario en los presupuestos de todas las comunidades autónomas y esa ideologización de la sanidad es realmente perversa, porque no se quieren conocer datos objetivos como pueden ser el tema de la reversión de concesiones.

Por ejemplo, la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana tiene recogidos informes de organismos oficiales que dicen que en la concesión de Alzira anualmente había un ahorro de alrededor de 73 millones de euros anuales y en el Hospital de Torrevieja de 45 millones anuales. Está claro que la reversión de concesiones deberá tener alguna explicación más que decir que se ha terminado y que vuelva al ámbito público. Puede volver siempre y cuando haya una razón de peso, sólida y justificada.

La colaboración público-privada se tiene que poner en valor. Estamos en un escenario donde, incluso, diría que había una demonización de todo lo que tiene que ver con el tema privado y empresarial. La pandemia nos ha dado a todos la oportunidad de ver que sumados podemos hacer muchas más cosas, que colaborando somos mucho más fuertes. Las carreteras son un servicio público y nadie se cuestiona quién las hace. Pues en sanidad sí se cuestiona quién las hace y crean una diferenciación según la provisión venga del ámbito privado o del público. Hay que diferenciar el tema de la provisión, el tema de la asignación, el tema del aseguramiento, nos falta esa visión integradora de decir que tenemos que disponer de todos los recursos sanitarios y sociales con independencia de su procedencia pública o privada.

Este año se renueva el concierto de Muface. Si pudiera sentarse con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ¿qué cambios le pediría en el convenio sanitario?

El modelo Muface necesita cambios. Su ley es de 1975 y tanto la realidad como las necesidades son otras. Pero tengamos en cuenta que el modelo Muface es un modelo de déficit cero, siempre sabes exactamente lo que vas a gastar, cosa que no pasa en todas las comunidades autónomas. Es un sistema en el que tenemos que poner muy en valor que hay una libre elección por parte de los mutualistas de si quieren ser atendidos por la provisión privada o pública, y aquí hay que recordar que el 84,3 por ciento de los funcionarios eligen sistemáticamente el ámbito de la provisión privada con un alto índice de satisfacción. Tienen cosas que modificar y existe un tema de infrafinanciación, pero con esas modificaciones de adaptación, el modelo Muface es sumamente efectivo y, por supuesto, extensible a otros contingentes de nuestro entorno.

Sonia Navarro y Cristina Contel posando en el plató de Redacción Médica.

¿De cuánto considera que debería ser la prima como mínimo para evitar la salida de más aseguradoras -como ya pasó en su momento con Sanitas y Mapfre-?

Aquí un poco por el respeto a la libertad de mercado y a la libre competencia, es algo en el que han de entrar los distintos agentes y los primeros que sabrán cuál es el límite son precisamente las aseguradoras que han salido. El porqué es porque es insostenible y cuando es insostenible no es un tema de 200 euros más ni 200 euros  menos. Lo que deben tener muy claro es que la asistencia tiene un coste y por debajo de coste no se puede atender ni dar una buena calidad asistencial. De ahí que, de esos 2 millones de mutualistas que teníamos en el 2020, ya tenemos 1.800.000. Ha habido intentos de ir vaciando de contenido un sistema que con las modificaciones adecuadas es bueno y viable.

¿Está a favor ASPE de extender el ‘modelo Muface’ al resto de trabajadores más allá de los funcionarios?

Sí, sin duda. Hará como unos 12 años estábamos en un congreso poniendo en valor el sistema Muface y hablábamos de un proyecto de 'Mufacetización' de la sanidad. El derecho a la libre a elección y decisión, el hecho de que, de alguna manera, sea un sistema en el que no se permita el déficit. Ahora sí, las reglas del juego tienen que ser claras, no puedes acotar algo y pasar un riesgo a la provisión por parte del aseguramiento, porque entonces pasa que se van saliendo las aseguradoras y al final dejarán vacío de contenido el sistema.