Redacción. Santander
La sanidad pública cántabra se ahorrará anualmente más de un millón de euros con la deducción fiscal en el IRPF autonómico a las personas que tengan contratado un seguro de salud. Esta deducción fiscal por dicho tipo de seguros, como la que ya existió a nivel nacional en 1998 y hoy tienen Aragón y Baleares, contribuirá, ante la crisis de sostenibilidad y junto con otras reformas estructurales, a conseguir un importante ahorro en presión asistencial y financiera a la sanidad pública regional.
Pablo Corral, director general de Igualatorio Cantabria.
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Esta es la principal conclusión del ‘Informe de seguimiento y propuestas de reforma en la deducción autonómica en el IRPF por primas de seguros de salud para cubrir gastos de asistencia sanitaria en Cantabria’, elaborado por el Grupo de I+D en Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria y que este miércoles han presentado su director y profesor del departamento de Economía Aplicada, David Cantarero, y el director general de Igualatorio Cantabria, Pablo Corral.
Según han explicado, actualmente los asegurados tienen un nivel de renta medio o medio-alto y eligen esta opción valorándola no como un gasto sino como una inversión en salud. Además, se consigue el doble efecto del beneficio personal y el alivio que supone en términos de gasto y listas de espera en el sistema público. Con datos del informe, en Cantabria existen 26.434 asegurados con doble cobertura sanitaria, es decir, con pólizas de salud individuales contratadas (más su asistencia sanitaria en el sistema público).
Los resultados de este informe sugieren que el saldo económico es positivo para las arcas autonómicas, pues pese a cierta pérdida inicial de ingresos por IRPF del Gobierno de Cantabria, el ahorro que se obtiene es mayor por la sustitución de consumo de recursos (que antes se hacía en la sanidad pública) y ahora pasan a consumirse en la sanidad privada por los individuos con doble cobertura.
A más edad, “más consumo de sanidad”
El informe se engloba en un estudio más amplio con el fin de evaluar y cuantificar el impacto de la deducción fiscal en IRPF para Cantabria de la que pueden beneficiarse aquellos individuos que tengan una póliza contratada. Una de las consecuencias esperadas es una ampliación del ahorro para el sistema público debido al aumento de los individuos doblemente asegurados. En concreto, si aumentase en un 5 por ciento el número de asegurados, podría significar un ahorro de entre 255.227 y 1.467.550 euros, suponiendo que hacen un gasto en la sanidad privada del 30 por ciento o 100 por ciento, respectivamente.
Diferenciando por grupos de edad (a más edad más "consumo de sanidad"), estos importes serían 375.723 y 1.869.204 euros respectivamente. En el supuesto más optimista de aumento de asegurados, un 15 por ciento, las cifras anteriores de ahorro alcanzarían los 765.681 y 4.402.649 euros (haciendo un gasto en la sanidad privada del 30% y 100%, respectivamente). Distinguiendo el gasto sanitario por tramos de edad, se hablaría de 1.127.169 y 5.607.611 euros de ahorro.
Por tanto, según han destacado, la disminución de recaudación que se produce para la hacienda cántabra queda “ampliamente compensada económicamente” por el ahorro producido por el uso de recursos de la sanidad privada. Además, en el estudio se ha simulado el impacto de diferentes hipótesis respecto al límite en la deducción por primas de pólizas, que actualmente está en 200 euros. Con valores de 250, 300 y 350 euros el saldo económico sigue siendo positivo, ya que el ahorro ocasionado por los nuevos asegurados seguiría siendo superior a la disminución de los ingresos fiscales.
En cuanto al hecho de que la reforma fiscal estatal conocida este año no va en la línea de recuperar la deducción en el IRPF, han denunciado que supone "una oportunidad perdida" para haber fomentado más la previsión y aseguramiento privado sanitario, como se hace en otros países del entorno, y más con la “restricción” dentro del sistema público para poder tener presupuestos expansivos en sanidad dada la actual normativa europea de control del déficit público.
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