El Consejo General de Muface no lima las asperezas entre sindicatos y Administración

Redacción. Madrid
La reunión del Consejo General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha supuesto la constatación de que las posturas que defienden los sindicatos y la del Ministerio de Hacienda están muy alejadas, como ya ha quedado patente en las últimas semanas en las que se han cruzado mensajes con análisis muy contrapuestos sobre la realidad que atraviesa la mutualidad.

Gustavo Blanco, director general de Muface.

La firma de los conciertos con las aseguradoras este jueves no ha traído tranquilidad, ya que los sindicatos denuncian que las modificaciones en los cuadros médicos y en los hospitales disponibles para los beneficiarios supondrán una rebaja en la calidad de la atención que reciban estos. Mientras, la mutualidad se remite a la intervención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado miércoles en el Senado, cuando aseguró el futuro de Muface y señaló que la calidad de la atención no decaerá.

Pero la rebaja de los cuadros médicos no es la única fricción entre ambas partes. La financiación de Muface también mantiene las tensiones, y es que mientras los sindicatos y las aseguradoras consideran que es insuficiente y que la mutualidad está “infrafinanciada”, la Administración pone sobre la mesa el incremento presupuestario del 0,79 para 2015 y el aumento de la prima un 0,9 por ciento.

Si hasta ahora la incertidumbre se centraba en conocer los conciertos definitivos, que efectivamente incluyen reducciones en los cuadros médicos y los hospitales en varias provincias, a partir de la firma se advierten nuevas dudas, en este caso especialmente centradas en cuál será la elección del conjunto de funcionarios que han de decidir si optan por la atención sanitaria pública o a través de las aseguradoras concertadas con Muface. Para salir de este laberinto habrá que esperar a final del mes de enero, pero hay voces sindicales que pronostican una caída en los que opten por la privada, lo que tendría una consecuencia inmediata: mayor número de usuarios de la sanidad pública y un incremento de los gastos a los que esta deberá hacer frente.

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