ASPE "no descarta activar la vía legal" ante la ley de equidad del Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) con la que el Gobierno marca como objetivo “blindar” la sanidad pública y que prioriza este modelo. Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) aseguran que "no descartan activar la vía legal más adecuada para evitar el perjuicio que esta norma puede provocar en el Sistema Nacional de Salud”.

Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, explica que esta Ley supone la “limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las comunidades autónomas”, así como un conflicto competencial que, “es muy probable que pueda llegar al Tribunal Constitucional”.

Uno de los pilares del anteproyecto es convertir los conciertos a la privada en algo "excepcional". Esta colaboración, en la actualidad, está amparada en el derecho a la Garantía de Respuesta Asistencial de los ciudadanos. Es decir, cuando la sanidad pública no tiene capacidad para atender a un paciente, este puede ser derivado al sector privado con el objetivo de darle el tratamiento necesario con mayor prontitud. Dentro de la Ley de equidad, la derivación de un servicio sanitario público a una clínica u hospital privado se "limitará al mínimo imprescindible". 

Pérdida de un "recurso estratégico" para la sanidad pública

Desde ASPE se muestran en total desacuerdo con el anteproyecto y anuncian su intención de colaborar con agentes "en la misma línea", como puede ser el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). “Entendemos que hay que defender el papel del sector sanitario privado como complemento y recurso estratégico de la sanidad pública, para favorecer la eficacia en la atención asistencial del ciudadano”, asegura Luis Mendicuti, secretario general de ASPE.

Mendicuti denuncia que este proyecto de ley "priva" a las Consejerías de Sanidad autonómicas de la posibilidad de hacer uso de una fórmula de colaboración que, argumenta, en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas, "supone un gran alivio y que, además, está regulado y contemplado por la Ley General de Sanidad (1986)”. 

Activar la vía legal más adecuada

En el proceso actual, el anteproyecto aprobado se encuentra en vías de llegar al Congreso de los Diputados. “Durante su tramitación, los grupos parlamentarios pueden proponer enmiendas al texto y ASPE mantiene una interlocución directa y constante con todos ellos. Trabajaremos junto a ellos para intentar cambiar la norma antes de su aprobación definitiva”, asegura.

Sobre si la Alianza podría llegar a poner en marcha una actuación legal contra la posible futura Ley, Mendicuti reitera que “no descartan activar la vía legal". Aun así, recuerda que, en el caso de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, solo tendría competencia para ello el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y un grupo de 50 diputados o senadores.

"Blindar" la sanidad pública

Tal como detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Carolina Darias, ministra de Sanidad, una de las medidas más importantes del anteproyecto es "blindar" la sanidad pública. El objetivo del Gobierno es hacer que el modelo de gestión "preferente" a partir de ahora será "directo", es decir, lo realizado directamente por las administraciones públicas. Aun así, ha apuntado que también se establecen excepciones para que la gestión de los centros sanitarios sea "indirecta", es decir, a través de modelos privados, pero solo como "complementaria y de apoyo". "Nunca sustituiría a la pública", ha asegurado Darias.

Por parte de Unidad Podemos, van a pedir "modificaciones para restringir la privatización" en la sanidad pública" y ha advertido al PSOE de que, en caso de no darse cambios en ese sentido, "la ley no saldrá adelante".