Un cajón lleno de normas sanitarias que morirán en la 'orilla' del 28-M

El próximo 28 de mayo, en menos de un mes, se celebran elecciones en la mayoría de las comunidades autónomas. Cientos de miles de españoles acudirán a las urnas en doce regiones para elegir a su presidente o presidenta autonómica y a los representantes que estarán presentes en los parlamentos autonómicos durante los siguientes cuatro años. Los parlamentarios serán quienes retomen el trabajo realizado por los anteriores representantes, como las proposiciones sanitarias que con el final de la legislatura a la vista se han quedado a medio camino.

El resultado del 28M dará continuidad a los trámites parlamentarios iniciados en el actual mandato, pero que no ha sido posible finalizar. Por ello también, el desenlace de los comicios podría cambiar el rumbo de las proposiciones si se producen cambios de gobierno. De las doce comunidades autónomas que van a elecciones, destacan las iniciativas sanitarias por definir en Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y Aragón.

Una de las proposiciones sanitarias que volverá a la palestra tras el 28M es el Plan de Salud Mental del Principado de Asturias 2023-2030, que tendrá su debate parlamentario en la próxima legislatura. La intención del Gobierno regional era presentarlo a finales de 2022, "pero la pandemia lo ha hecho imposible", aseguró el consejero de Salud, Pablo Fernández, lo que provocó el reproche de todos los grupos de la oposición. No obstante, el Plan fue aprobado por el Ejecutivo a finales de marzo y Fernández remarcó que "las 240 medidas ya están puestas en marcha gracias al presupuesto".

Otra de las iniciativas en la rampa de salida para aprobarse al inicio de la próxima legislatura es la Ley de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada de Castilla-La Mancha. Aunque aún puede ser aprobada por el Consejo de Gobierno, no se podrá enviar a las Cortes hasta la siguiente legislatura, al haberse celebrado ya el último pleno. Una vez avalada, los pacientes de la región esperarán, como máximo, 30 días para tener una prueba diagnóstica, 60 días para la consulta de un especialista y 180 días para tener una operación quirúrgica no urgente.

Iniciativas sanitarias a medio plazo

A medio plazo, otra de las proposiciones sanitarias que aguarda a la espera del 28M es el desarrollo de la Ley de Sud Mental de La Rioja que, al aprobarse a mediados de marzo, se desarrollará y empezará a implantar durante los próximos meses. Esta iniciativa garantiza ratios de profesionales sanitarios y por cada 100.000 habitantes habrá 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas en salud mental. No obstante, el plazo establecido para alcanzar estas ratios es de cinco años, por lo que podría no llegar a adecuarse hasta de aquí dos legislaturas.

También poco antes de finalizar el actual mandato, el Parlamento de Navarra ha aprobado el informe de la comisión especial de Salud para "sentar las bases" de una nueva Ley foral. Esta comisión ha celebrado cinco sesiones en que han intervenido diez comparecientes y cuyo informe hace hincapié en Atención Primaria y la evaluación de resultados, así como las competencias profesionales, niveles retributivos, condiciones laborales y modelos de gestión. Previsiblemente este trámite parlamentario tendrá continuidad en la siguiente legislatura al haberse aprobado la comisión especial con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Navarra Suma.

Por último, a mediados de abril, a poco más de un mes de las elecciones, la Mesa de la Cortes de Aragón ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular presentada por el movimiento ciudadano Teruel Existe por la que se ordena la prestación del transporte sanitario urgente como prestación básica del sistema sanitario aragonés. Al cesar la actividad en las Cortes, el acuerdo se traslada a la Junta Electoral de Aragón, que será el órgano que valide los requerimientos que hacen falta para continuar con el procedimiento. Los impulsores de esta iniciativa proponen internalizar el servicio en una empresa pública de nueva creación.