Sanidad supera "claramente" el 7% de plazas para personas con discapacidad

La Administración General del Estado ha superado el cupo del 7 por ciento de reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público correspondientes a 2023. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno, la cifra alcanzada ha sido del 7,36 por ciento, de acuerdo con el Real Decreto 625/2023, que regula esta obligación.

Tal y como detalla el Ejecutivo en su respuesta, el Real Decreto establece que el 7 por ciento de las plazas ofertadas debe reservarse para personas con discapacidad, con un 2 por ciento dentro de este cupo destinado específicamente a personas con discapacidad intelectual. Según el Gobierno, en 2023, este objetivo “ha sido claramente superado”.

No obstante, el Ejecutivo matiza que el cupo destinado a este grupo de población no se distribuyen de manera uniforme en todas las categorías profesionales. Tal como explica en la respuesta parlamentaria, “las plazas reservadas para personas con discapacidad se concentran en aquellas convocatorias que se refieren a cuerpos, escalas o categorías que se adaptan mejor a sus capacidades y competencias”.

De cara al futuro, el Gobierno señala que la reserva para personas con discapacidad se prevé incrementar al 10 por ciento, manteniendo el 2 por ciento destinado a discapacidad intelectual, según lo establecido en el Real Decreto. Este cambio está en línea con las medidas urgentes contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Junto a esto, el Ejecutivo destaca que la Administración General del Estado ha cumplido el cupo de reserva de plazas del 7 por ciento fijado, con un 7,36 por ciento de cumplimiento.

Adios al despido por invalidez en la sanidad privada

Por otra parte, entre los pasos que ha dado el Gobierno en materia de inclusión, tambien destaca la reforma del Estatuto de losTrabajadores, anunciada el pasado mes de julio, que elimina como causa automática de despido el reconocimiento de una incapacidad permanente.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicaba tras el Consejo de Ministros que esta modificación responde a un acuerdo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Concretamente, la reforma del artículo 49.1 del Estatuto suprime la extinción automática del contrato por invalidez, incapacidad permanente absoluta o total, desvinculando estas situaciones de la muerte laboral de la persona afectada.

“La incapacidad permanente no ha de suponer la muerte civil y laboral de la persona trabajadora”, subrayaba Díaz, destacando el impacto positivo de esta medida para sectores como la sanidad privada, donde trabajadores y trabajadores podrán mantener su empleo o buscar adaptaciones laborales que les Permitir seguir activos profesionalmente.

El reto pendiente de la inclusión en sanidad

A pesar de los avances en la reserva de plazas para personas con discapacidad, casos como el de Berta Domínguez evidencian las barreras que aún persisten en sectores como el de la salud. Domínguez, médica con tetraplejía, aprobó el examen MIR y obtuvo una plaza en Medicina de Familia, pero fue declarada “no apta” en el reconocimiento sanitario, lo que le impidió comenzar su residencia.

Posteriormente, el Ministerio de Sanidad ofrecía a la facultativa la posibilidad de realizar la especialidad de Medicina Preventiva y de Salud Pública como alternativa. Sin embargo, según explicó Domínguez a Redacción Médica, esta opción dependía de que la Comisión Nacional de Medicina Preventiva y de Salud Pública emitía un informe favorable.

Tras meses de lucha para defender su derecho a formarse como Médica Interna Residente, Domínguez consiguió finalmente incorporarse al Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en Madrid, donde recibió una cálida acogida.