El Pacto de Estado incluye un protocolo de actuación común para los profesionales de Primaria

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género defendido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, contempla lal formación de los sanitarios para presentarse a OPE
Ana Redondo, ministra de Igualdad.


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El Pleno del Congreso de los Diputados ha acogido este miércoles el debate sobre la renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento que refuerza el papel del sistema sanitario en la detección y atención a las víctimas. El nuevo texto, que ha logrado el visto bueno de la Cámara Baja con 315 votos a favor, recoge medidas como un protocolo único en Atención Primaria para detectar y asistir a mujeres que sufren cualquier forma de violencia, y la incorporación de formación específica en las oposiciones sanitarias.

Tal y como recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales, este nuevo marco de actuación, que se desarrollará en coordinación con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pretende convertir la sanidad en una de las principales puertas de entrada al sistema de protección de las víctimas.

Para ello, se pondrá en marcha un protocolo común para los profesionales de Atención Primaria “con el fin de mejorar la detección, atención e información a las mujeres víctimas de distintas formas de violencia, incluidas menores de edad”. Junto a ello, se diseñarán recursos y estrategias de prevención y formación que doten a los sanitarios de herramientas eficaces para abordar estos casos con la mayor sensibilidad y precisión posibles.


Detección precoz de la violencia de género


El nuevo Pacto de Estado también busca reforzar el seguimiento de la detección precoz de la violencia de género y sexual en los centros hospitalarios y se valorará su eficacia a través de la Comisión de Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Este seguimiento incluirá la actualización de la formación especializada de los profesionales sanitarios y la difusión de protocolos de detección y actuación dirigidos a especialidades clave como Ginecología, Psiquiatría o Traumatología, ámbitos en los que es más probable que se atienda a mujeres en situaciones de violencia.

Otro de los pilares fundamentales de este Pacto de Estado es la implantación de instrumentos de cribado universal en el ámbito sanitario para estimar la prevalencia e incidencia de los casos de violencia contra la mujer en todas sus formas.


Oposiciones sanitarias con enfoque de género


El pacto también refuerza la necesidad de formar a los profesionales sanitarios en la importancia de la huella psíquica en la historia clínica de las mujeres que han sufrido violencia. Esta formación permitirá realizar valoraciones más precisas y sensibles a largo plazo, facilitando un abordaje integral de las secuelas físicas y emocionales de la violencia de género.

Continuando con el ámbito de la formación, el documento establece la obligatoriedad de incluir contenidos específicos sobre el enfoque de género en salud en los temarios de las oposiciones del Sistema Nacional de Salud. Esta medida busca erradicar los sesgos de género con la sanidad pública como canal de apoyo e intervención temprana.


Accesibilidad de recursos sanitarios


El acceso a información sobre salud sexual y reproductiva también será objeto de especial atención en este pacto. Para ello se pretende garantizar la accesibilidad a los canales de información sobre la salud sexual y reproductiva, “con especial atención a las mujeres vulnerables, con discapacidad, con problemas de salud mental o de adicciones, en situaciones de pobreza o institucionalizadas, asegurando su protección integral frente a cualquier forma de violencia”.

Por último, el Pacto promoverá el uso de consultas médicas y centros sanitarios como “plataformas informativas y de apoyo sobre la violencia de género”, acercando recursos y orientación a las mujeres que puedan necesitar ayuda, muchas veces sin saber dónde acudir.
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