Sanidad aboca su estrategia de RRHH a dos objetivos en su recta final

El Ministerio de Sanidad sigue considerando al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) como piedra angular de su estrategia de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) para “reducir la temporalidad, mejorar las condiciones laborales y potenciar la formación y desarrollo profesional” de los profesionales sanitarios. El problema es que el registro, que se puso en marcha en 2012 y que depende de los datos remitidos por las comunidades autónomas, está aún incompleto y sigue sin tener una fecha clara de culminación.

“En la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud […] se trabaja en la modernización de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud”, dice el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita en el Congreso del Grupo Popular sobre medidas previstas “ante la insuficiencia de profesionales como psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas” en el sistema sanitario.

Moncloa también se compromete a continuar “mejorando la planificación de los recursos humanos en salud”, para lo cual, dice, “está impulsando el desarrollo del REPS y realizando estudios de planificación de especialistas médicos”. En el borrador del Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027, debatido este jueves en el Comité Consultivo del SNS, Sanidad promete que publicará antes del primer trimestre de 2026 una Estrategia Estatal de Recursos Humanos “de manera consensuada con los actores necesarios y teniendo en consideración los objetivos recogidos en la Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030 de la OMS”.

“Para el diseño de la estrategia estatal y los diferentes planes autonómicos se emplearán las herramientas promovidas por el Ministerio de Sanidad, con especial énfasis en la necesidad de un adecuado reporte en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios”, se añade. Se prevé, por tanto, que el registro esté completo antes, pero no se fija una fecha al respecto. En septiembre, el nivel de profesionales de la sanidad registrados rozaba el 80 por ciento. El ethos de la hoja de ruta que incluye la elaboración de un listado de buenas prácticas de gestión al respecto basadas en las experiencias de las comunidades autónomas -y, por tanto, consensuado con estas- para que se replique en todo el territorio nacional antes del 31 de diciembre de 2026.

Reforma del Estatuto Marco

De forma paralela, en la respuesta parlamentaria del Gobierno se recuerda que Sanidad está trabajando en la modificación del Estatuto Marco “con el objetivo de adaptar y actualizar la normativa reguladora a las necesidades actuales de los servicios de salud”. No obstante, desde que el diálogo en la Mesa del Ámbito de Negociación quedara paralizado antes del parón veraniego, no se ha retomado.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, anunció el pasado 18 de noviembre, en X, que el ministerio y los sindicatos se iban a reunir esa misma semana. Según pudo saber este periódico, lo que se había convocado era una cita no oficial entre ambas partes que, sin embargo, no llegó a celebrarse. Este viernes, responsables de CSIF han revelado que sí han mantenido ya un encuentro con la ministra Mónica García en la que, según la central, Sanidad se ha comprometido a convocar la Mesa del Ámbito antes de fin de año.

Son varios los asuntos candentes que aún quedan por abordar: nueva clasificación profesional, prejubilación sanitaria con coeficientes reductores, reducción de jornada laboral y pagas extra. Prácticamente coinciden con los que, desde que arrancaron las conversaciones, se identificaron como los puntos con mayores dificultades para llegar a acuerdos -no en vano, la falta de consenso Sanidad-sindicatos en cuanto a la reclasificación hizo que estos últimos se levantaran de la mesa negociadora en la anterior legislatura-.

Este jueves, la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó una Proposición No de Ley (PNL) de BNG, aunque transaccionada con PSOE y Sumar, para instar al Gobierno a regular, mediante Real Decreto, la jubilación anticipada voluntaria en sanidad para los profesionales que, con 60 años, hayan cotizado como mínimo 40 años. También se pide que, en el seno del Estatuto Marco, se fijen los coeficientes reductores para evitar grandes mermas en la pensión a los sanitarios que quisieran acogerse a ese derecho. Aunque en el texto original se hablaba de conseguirlo en 2024, la PNL transaccionada aleja el horizonte a 2025.

Por último, destaca el Ejecutivo que, en agosto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó "la que constituye, por quinto año consecutivo, la mayor oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de la historia", con 11.943 puestos en juego, un 2,9 por ciento más que en la convocatoria 2023-2024.