El secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Txema Guijarro.
Unidas Podemos ha presentado una Proposición No de Ley en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados con el objetivo de forzar una revisión normativa sobre
la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios en España. La formación morada persigue que se regule el “alcance” que tienen las campañas impulsadas por las empresas de la
sanidad privada, especialmente las clínicas de
medicina estética o bucodental, después de que algunas hayan acabado en los últimos años en quiebra con miles de clientes a la espera.
“La falta de actualización legislativa ha dado lugar a que empresas dedicadas a la salud y aspectos adyacentes hayan incurrido en
actuaciones ilícitas, algunas llegando a ser condenadas por delitos contra la salud pública, lesiones o intrusismo”, reza el texto al que ha tenido acceso
Redacción Médica.
La PNL firmada por la portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad,
Rosa Medel, y el secretario general del grupo parlamentario,
Txema Guijarro, ha hecho hincapié en la necesidad de consolidar la legislación para garantizar que los anuncios sanitarios cumplan con los criterios de
“veracidad, transparencia y exactitud”, incluidas las
campañas que se desarrollan en el ámbito digital, como pueden ser las redes sociales.
El socio de la coalición de Gobierno ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que permita acabar con los
“problemas del intrusismo” que pueden afectar negativamente a los pacientes, así como evaluar cuál es el impacto en términos de salud que tienen las campañas publicitaras de los "
medicamentos de venta libre con altos índices de adicción".
La regulación de la publicidad sanitaria
Unidas Podemos ha argumentado que la publicidad sanitaria está condicionada por varios normas diferentes, aunque algunas datan de la década de los años 60. La Ley General para la
Defensa de los Consumidores (1984), la del
Medicamento (1990), la de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (2003) o la de Garantías del
Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios son algunas de las que abordan la cuestión, aunque la formación morada pide dar un paso más.
“La evolución del recorrido normativo en esta materia ha procurado dirigir la acción legisladora hacia
la garantía del derecho a la protección de la salud, sin menoscabar los intereses económicos de los actores involucrados”, han apostillado.
No es la primera vez que un grupo parlamentario eleva la voz para tratar de poner freno al intrusismo y las prácticas publicitarias fraudulentas en la sanidad. El
Partido Popular ya llevó su propio proyecto de ley al Congreso con el objetivo de ceñir las prácticas comerciales a aspectos como la ética, la veracidad o la objetividad.Su propuesta contaba con el respaldo de las
organizaciones colegiales de odontólogos, veterinarios, podólogos, farmacéuticos, enfermeros o psicólogos, pero no sumó los suficientes apoyos en la Cámara Baja (150 votos en contra, 118 a favor). El rechazo de
Partido Socialista, Unidas Podemos y Vox echó por tierra el proyecto que sí que avalaban en parte formaciones como Foro Asturias, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana o Junts.
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