Podemos aprieta al PSOE llevando al Congreso la "desprivatización" del SNS

Unidas Podemos mantiene el pulso con el PSOE para acotar el peso del sector privado en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Un debate que la formación morada trasladará de nuevo al Congreso de los Diputados con el objetivo de de abrir un “proceso de desprivatización de los servicios de salud” abanderado por las comunidades autónomas.

En la proposición no de ley que ha registrado para su debate en la Comisión de Sanidad, que lleva las firmas de Rosa Medel y Txema Guijarro, el partido morado aboga por que los contratos privados o conciertos existentes “sean revertidos hacia una gestión pública directa”. En este sentido, solicita “formular un marco jurídico que habilite a las comunidades autónomas” a abrir este “proceso de desprivatización”.

El empuje de Unidas Podemos en la Cámara Baja se produce en un escenario de tensión interna en el Ejecutivo central con motivo del anteproyecto de la Ley de Equidad, que en su artículo 47 mantiene la "preferencia” del ámbito público para la prestación de servicios sanitarios sin excluir al modelo privado como reclamaban los morados.

En su PNL, el partido de Rosa Medel apela a “los acuerdos firmados por el PSOE y Unidas Podemos” enfocados a “revisar la ley de habilitación de nuevas formas de gestión del SNS”, así como otros mecanismos “que abren la puerta a las privatizaciones sanitarias”.

“La revisión y derogación de esta ley, tanto en forma como en fondo, responde a los efectos negativos que ha provocado y al deterioro tanto de los servicios de atención como de las propias instalaciones sanitarias públicas. Esta ley amparó los procesos privatizadores de la gestión y administración de los centros y servicios sanitarios, lo que ha fagocitado el sistema público de salud y por tanto menguado la equidad y la universalización de acceso a los servicios de salud, en contra de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución”, sostiene.

Atención universal de urgencias en el SNS

En este contexto, Podemos pretende que la Cámara Baja inste al Gobierno a definir como titulares del derecho a la atención sanitaria pública “a todos los habitantes empadronados en cualquier municipio del territorio español”, así como a “garantizar una atención universal por urgencias independientemente de la situación legal del beneficiario”.

Finalmente, emplaza al Ejecutivo a “generar las medidas de cautela necesarias para garantizar la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios públicos”.