El ministro de Función Pública, Óscar López.
El
Gobierno reitera su compromiso de “seguir aplicando incrementos salariales” a los empleados públicos, incluidos los sanitarios, ajustando las retribuciones a “indicadores económicos objetivos”. En respuesta a varias preguntas escritas del
Grupo Popular en el Congreso, desde
Moncloa aseguran que esa es “la mejor prueba de que el Gobierno valora y respeta el esfuerzo y dedicación de los empleados públicos”. Sin embargo, los sindicatos aún esperan que el
Ministerio de Función Pública haga efectivo el último plus, del 0,5 por ciento, pendiente el pacto salarial 2022-2024, y también que ponga fecha a la primera
reunión para empezar a negociar el nuevo acuerdo. En diciembre, el titular del departamento,
Óscar López, se comprometió a hacerlo en enero. Pero, más de tres meses después, ese encuentro no ha tenido lugar todavía.
“El Gobierno mantiene un diálogo continuo con las organizaciones sindicales, con el objetivo de alcanzar acuerdos que contribuyan a mitigar el impacto de las variaciones económicas sobre el
poder adquisitivo de los empleados públicos, mediante la aplicación de incrementos retributivos negociados en el marco de la normativa vigente”, resume el Ejecutivo en su respuesta. El
Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en efecto, basó parte de las subidas de sueldo previstas en condicionantes económicos como el IPC y el PIB. Entre pluses fijos y variables -todos ya cumplidos-, el aumento total ha ascendido a un 9,8 por ciento entre 2022 y 2024. Moncloa amplía su horquilla de análisis a 2018, cuando el
PSOE recuperó el Ejecutivo. Desde entonces, dice, “el Gobierno de España ha incrementado el
salario de los empleados públicos en un 14,9 por ciento. Es un dato que contrasta con la subida del 3,76 por ciento que se produjo entre los años 2012 y 2017”.
Subida salarial para la sanidad pública "cuanto antes"
En sendas reuniones de la Comisión de Coordinación de Empleo Público -una con
CCOO y
UGT, y otra con
CSIF-, Óscar López se comprometió recientemente a aprobar “cuanto antes” la subida de sueldo del 0,5 por ciento pendiente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. En tanto en cuanto en el Acuerdo Marco se estableció que los aumentos retributivos tenían que quedar reflejados en la ley de Presupuestos Generales del Estado (
PGE) correspondiente, la ausencia de nuevas cuentas estatales está lastrando la aplicación de ese plus.
También prometió López sentarse a negociar un
nuevo acuerdo salarial plurianual. Los sindicatos quieren que los pluses que se pacten no estén ligados a los PGE para evitar la situación actual del último aumento pendiente -ya vivida durante 2024, cuando se prorrogaron las cuentas de 2023-. También hay centrales que defienden que el futuro acuerdo sea a dos años en lugar de a tres como el anterior. En el caso de que sea esta última opción la que se imponga, el incremento retributivo acumulado habría de ser, como mínimo, del 6,6 por ciento para contener la inflación prevista para ese periodo por el
Banco de España en su último análisis de proyecciones macroeconómicas.
Protestas sindicales para reclamar el plus retributivo pendiente
CSIF ya se manifestó a finales de marzo frente al
Ministerio de Hacienda -en el que estaba integrado el departamento de Función Pública cuando se firmó el Acuerdo Marco en 2022- para reclamar el aumento salarial del 0,5 por ciento pendiente. CCOO también anunció una concentración en el mismo sentido para el próximo 8 de abril.
“El Gobierno ha mantenido un diálogo continuo con las organizaciones sindicales, asegurando transparencia en el proceso de negociación y priorizando el
bienestar de los empleados públicos en la agenda política. El Ejecutivo ha adoptado una postura proactiva y coherente en defensa de sus derechos retributivos, equilibrando sus necesidades con las demandas de otras áreas igualmente prioritarias”, sostienen públicamente, de momento, desde Moncloa.
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