El fin del copago farmacéutico llega al Congreso con reembolso autonómico

El grupo parlamentario Sumar urge al Gobierno a derogar el copago farmacéutico vigente en España desde 2012 para acabar con la “pobreza farmacológica” fruto de la medida, que afecta, especialmente, “a las personas o familias con dificultades económicas que contemplan dificultades o, incluso, imposibilidades en el acceso a productos farmacéuticos necesarios para su salud”, tal y como indica a este medio la diputada por Compromís Àgueda Micó, la persona firmante de la Proposición No de Ley (PNL) que, al respecto, ha registrado recientemente Sumar y que se debatirá en la Comisión de Sanidad del Congreso.

“Los productos farmacéuticos deben estar asegurados en su acceso para el conjunto de la sociedad, sin distinción, porque son claves para la salud y la vida”, expone Micó en declaraciones a este medio para justificar la PNL contra el copago, en la que también se insta al Ejecutivo a devolver a las comunidades autónomas el dinero invertido durante los últimos doce años en ayudas para que los usuarios de la salud pudieran hacer frente a ese coste añadido, que la diputada define como “repago”.

El copago farmacéutico fue establecido por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre otras cosas, esa normativa añadió un artículo 94 bis a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios para establecer diferentes tramos de copago farmacéutico en función de los ingresos económicos de los usuarios y la naturaleza de los medicamentos, con el objetivo de que aquellos con mayores recursos económicos asumieran una parte mayor del coste de estos productos.

En concreto, en lo referente a pensionistas y mutualistas, aportan el 10 por ciento del precio de cada medicamento, con algunas salvedades: quienes tengan ingresos inferiores a 18.000 euros anuales pagan un máximo de 8 euros al mes; los que ingresan entre 18.000 y 100.000, un máximo de 18 euros; y quienes ganan más de 100.000 euros al año, 60 euros al mes como mucho.

En cuanto a trabajadores en activo, los que ganan menos de 18.000 euros anuales, aportan el 40 por ciento del precio del medicamento; quienes ingresan entre 18.000 y 100.000 euros anuales, el 50 por ciento; y aquellos que tienen ingresos superiores a 100.000 euros anuales, el 60 por ciento del precio del fármaco.

50 millones de euros en ayudas en la Comunidad Valenciana

Sumar hace mención en su PNL al ejemplo del Govern del Botànic (PSOE-Compromís) en la Comunidad Valenciana, que “promovió la aprobación de medidas para reducir el impacto del copago farmacéutico sobre diferentes colectivos, en especial a aquellos con rentas más bajas”, recuerda Micó.

“Se consiguió poner un parche a la limitación de acceso a los productos farmacológicos impulsada por Rajoy, y por tanto se consiguió avanzar en que ninguna persona se quedase sin poder hacer frente al copago farmacéutico, mejorando la adherencia al tratamiento de las personas beneficiarias, disminuyendo los tratamientos abandonados y la cantidad de tratamientos no iniciados”, añade la diputada.

Compromís calcula que más de 1,2 millones de personas se beneficiaron de estas ayudas, que habrían supuesto un coste de 50 millones de euros para las arcas públicas valencianas. “Pedimos la recuperación de ese dinero, dado que es como consecuencia de una medida impulsada desde el gobierno central en 2012 generadora de desigualdad”, subraya Micó, quien apunta como herramienta para ello a una compensación, “como en muchos otros ámbitos, a la Generalitat Valenciana”. “Es un factor añadido a la infrafinanciación que sufrimos los valencianos y valencianas”, sentencia.