El Congreso respalda una formación obligatoria para abortos en la pública

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que contempla "establecer las necesidades formativas obligatorias para todas y todos los profesionales cuya vinculación se circunscriba a la realización de las IVEs en centros sanitarios públicos, con objeto de acreditar el conocimiento en todas las técnicas de interrupción del embarazo más efectivas en cada caso concreto".

Hace unas semanas, la Dirección General de Salud Pública sacaba a consulta el proyecto de modificación del Real Decreto 831/2010 de Garantía de la Calidad Asistencial de la Prestación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo con el objetivo de "mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración normativa". La modificación de la norma tenía como objetivo promover el método farmacológico en embarazos no deseados que no superen las nueve semanas de gestación, y que estos se atiendan desde centros de Atención Primaria extra hospitalaria. Sin embargo, el Ministerio retiró la consulta horas después para "corregir erratas", tal y como trasladó a este medio. 

La propuesta ha salido adelante este jueves con con 184 votos a favor, 145 en contra y 21 abstenciones. Mediante esta iniciativa se insta al Gobierno,  entre otros asuntos, a "modificar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y evaluar los resultados de su aplicación a nivel nacional para que recoja la violencia obstétrica, la explotación reproductiva, la esterilización forzosa y el aborto forzado como formas de violencia contra las mujeres; así como la eliminación del periodo de reflexión".

Profesionales que se acogen a la objeción de conciencia

En la argumentación de su propuesta, el grupo confederal advierte que " la ley recoge que los poderes públicos no deben interceder en estas decisiones". Con todo, añade,"en muchos lugares de nuestro país es difícil encontrar profesionales del Sistema Nacional de Salud que estén en disposición de dar cobertura a todos los derechos recogidos en esta ley". En este sentido, advierten que "la cifra de profesionales que se acogen a la objeción de conciencia en nuestro país es cuanto menos preocupante". 

Estas son las propuestas del grupo confederal, aprobadas este jueves por la Cámara Baja:

1. Modificar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y evaluar los resultados de su aplicación a nivel nacional para que recoja la violencia obstétrica, la explotación reproductiva, la esterilización forzosa y el aborto forzado como formas de violencia contra las mujeres; así como la eliminación del periodo de reflexión.
2. Garantizar la accesibilidad y la equidad de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo y facilitar los medios para que dentro del Sistema Nacional de Salud se pueda ofrecer la prestación.
3. Garantizar la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, así como de las y los profesionales que trabajan en ellas, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación.
4.  Derogar la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
5. Conjuntamente con las Comunidades Autónomas, impulsar el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del SNS y su Plan operativo.
6. Desarrollar políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados, a través de campañas informativas a nivel general, y de forma específica, a través de programas educativos acordados con las Comunidades Autónomas, dirigidos a la juventud con el fin de eliminar la estigmatización relativa a la interrupción voluntaria del embarazo y al conocimiento informado de las distintas técnicas para dicha interrupción voluntaria del embarazo.
7. Incorporar los procesos de educación para la salud con perspectiva de género en el sistem educativo y de promoción de la salud de forma trasversal en todas las etapas para el fomento de comportamientos saludables en el ámbito de la salud sexual, incluyendo información anticonceptiva, así como la formación relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas desde un enfoque de género para profesionales en el ámbito sanitario.
8. Establecer las necesidades formativas obligatorias para todas y todos los profesionales cuya vinculación se circunscriba a la realización de las IVEs en centros sanitarios públicos, con objeto de acreditar el conocimiento en todas las técnicas de interrupción del embarazo más efectivas en cada caso concreto.
9. Favorecer el acceso a los últimos métodos anticonceptivos femeninos y masculinos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010.
10. Promover programas y acciones específicas que tengan como destinatarias a las mujeres que presenten mayores dificultades para acceder a información y servicios relacionados con su salud sexual y reproductiva.
11. Garantizar la accesibilidad a todos los programas y recursos de salud sexual y reproductiva a la mujeres con algún tipo de discapacidad y diversidad funcional.