"El PSOE no defiende el Sistema Nacional de Salud como un ámbito federal"

El PSOE apostó por contar con un perfil joven y comprometido con la transversalidad y el enfoque biopsicosocial de la salud para ser su voz en la Comisión de Sanidad del Senado durante esta XV legislatura. Trabajador social de profesión, Kilian Sánchez (Santa Cruz de la Palma, 1991), ha dado el salto a la política nacional tras acumular en su mochila experiencia en la gestión territorial en salud. Ha ejercido, entre otros cargos, de presidente del Consejo Insular de Rehabilitación Psicosicial y Acción Comunitaria de La Palma, y de director del Área de Salud de su isla natal. En los comicios del 23J fue escogido senador por La Palma.

En conversación con Redacción Médica, Sánchez se moja sobre varios de los asuntos de rabiosa actualidad en el ámbito sanitario: aplaude la gestión "preventiva" del repunte de infecciones respiratorias de la ministra de Sanidad, Mónica García; defiende la reclasificación de los enfermeros al grupo A1, pide que las patologías mentales sean reconocidas como enfermedad laboral en el caso de los profesionales sanitarios y rechaza dos propuestas defendidas por el socio de Gobierno socialista, Sumar: la creación de una farmacéutica pública y el impulso de una Ley de Sanidad federal.

Se preveía una XV legislatura complicada en lo que a llegar a acuerdos y pactos se refiere, y no hay más que ver lo que ocurrió recientemente en el Congreso de los Diputados para confirmarlo. Además, tenemos un Ministerio de Sanidad ostentado por Sumar que se enfrenta a una mayoría del PP en el Consejo Interterritorial. Ustedes, por otro lado, lo tienen, a priori más difícil que sus compañeros de la Cámara Baja al contar el PP con mayoría absoluta en el Senado. ¿Cómo está viviendo este inicio de legislatura? ¿Está siendo verdaderamente tan difícil?

Lo que tenemos que tener claro es que tenemos un Sistema de representación territorial en el Senado y también las Cortes Generales que son el reflejo de la sociedad, que es plural y diversa. Yo creo que esas son las cartas con las que tenemos que trabajar.Tenemos unos parlamentos muy ajustados en cuanto a votos y lo que tenemos que hacer es fomentar el diálogo y el consenso. Eso es fundamental. Es verdad que en el Congreso de los Diputados se puede llegar a mayorías y acuerdo con mucho diálogo, con mucho trabajo y con mucha entendimiento. Y es cierto que en el Consejo Interterritorial y en el propio Senado existe una mayoría parlamentaria del Partido Popular que dificulta mucho lo que es la acción legislativa. Pero, bueno, tal y como está configurada la Constitución y como está configurada la forma de emanar la legislación en nuestro país, el Congreso de los Diputados es quien domina esa acción legislativa. Existirán acuerdos, como ya ha pasado, para el bien común de la población, con dificultades, con negociación y con mucha capacidad de diálogo. No queda de otra.

Precisamente esa necesidad de capacidad de diálogo la mencionaba la presidenta de la Comisión de Sanidad en la Cámara Alta, Mar San Martín, a pesar de esa mayoría absoluta del PP. No sé si esa voluntad de diálogo se está viendo ya y, en caso de que sí, usted espera que se mantenga para el resto de legislatura.

Tiene que existir. Es verdad que el Partido Popular en el Senado no ha demostrado todavía esa capacidad de diálogo y de consenso, porque, cuando ha podido, ha pasado rodillo y lo ha demostrado con la propia reforma del reglamento del Senado para la tramitación urgente de la convalidación de la legislación que llega desde el Congreso de los Diputados. Yo lo que sí espero es que se tenga altura de miras para el beneficio común de la población de España y podamos tener esa capacidad para afrontar los problemas. Yo creo que un ejemplo positivo sobre ello es la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, donde sí ha habido encuentro y consenso para cambiar un aspecto fundamental: la denominación de disminuidos físicos para personas con discapacidad. Al fin y al cabo, son aspectos fundamentales. Y también hay ejemplos en la pasada legislatura, sobre todo en la Comisión de Sanidad, donde hemos llegado a acuerdos todos los grupos parlamentarios para dar respuesta a problemas de la sociedad. Por ejemplo, se sacó adelante una legislación que favorecía a los pacientes pediátricos en estado de paliativos. Yo creo que, al fin y al cabo, tenemos que ser conscientes de que estamos para dar respuesta a la población y para tener un mejor Sistema Nacional de Salud, en este caso, en la Comisión de Sanidad. Nuestros objetivos son legislar por y para un mejor servicio de sanidad, un servicio más universal y equitativo entre todos los territorios.

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"El Partido Popular en el Senado no ha demostrado todavía capacidad de diálogo y de consenso"

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Ese choque al que usted ha aludido lo hemos podido ver recientemente, no solo tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, sino también en el Interterritorial en cuanto a la gestión de la epidemia de gripe y de covid. La falta de consenso llevó a la ministra de Sanidad, Mónica García, a imponer el uso de mascarilla en los centros sanitarios. Se recibió muchas críticas por parte, sobre todo, de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que, como decimos, son la mayoría. Han hablado incluso de improvisación de la ministra. ¿Cómo valora usted esa gestión del Ministerio de Sanidad para con este repunte de casos de gripe y covid? Y, sobre todo, ¿coincide con los responsables del Partido Popular en que ha improvisado García al respecto?

En absoluto. No existe improvisación porque venimos de unos años en los que la situación epidemiológica y la salud pública nos han dado suficiente literatura sanitaria para saber qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. En este sentido, la prevención prima sobre la improvisación, y yo creo que se ha actuado de manera preventiva. Considero que el uso de mascarilla en los centros sanitarios es una medida positiva porque tenemos que proteger no solo a los profesionales, sino también a los pacientes vulnerables. Yo creo que es una medida acertada y que se ha adoptado conforme a criterios científicos y, sin duda, aplaudo y avalo la medida que ha adoptado el Ministerio de Sanidad porque es necesaria. Lo que no podemos hacer es tomar medidas cuando la situación es mucho más crítica y mucho más caótica. Somos conscientes del pico de gripe común y de gripe A que existe. No tanto de covid, que también hay. Y repito: si algo hemos aprendido en los últimos tiempos es a poder valorar la situación epidemiológica y la salud pública, que es fundamental y necesaria.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Senado, Kilian Sánchez.

El Gobierno ha recibido también críticas sindicales, especialmente de CCOO, por no haber incluido la subida salarial pactada para los funcionarios en 2024 y en 2023 con carácter retroactivo en el RD-ley que prorroga las medidas antiinflación. Según Función Pública, ello no corre peligro, pero habrá que esperar a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Usted cree, como dicen los sindicatos, que ese retraso es fruto de que el Gobierno no ha considerado “urgente” el adelanto de la medida?

Yo creo que el Gobierno es consciente de que la situación de inflación también afecta a los más de 3,1 millones de funcionarios que tiene este país. No se pone en duda la necesidad de revalorizar los salarios de los funcionarios. Y aunque tenga que esperar a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024, pero eso está encima de la mesa del Ministerio. Además, se ha hecho comunicación oficial al respecto y yo creo que es un tema que no genera ni duda ni inestabilidad. Es una reivindicación por parte del cuerpo de funcionarios del Estado y no solo del Estado, porque el 60 por ciento de los funcionarios trabaja para las comunidades autónomas. Es algo en lo que se trabajará y, cuando lleguen los Presupuestos Generales del Estado, será una realidad para el cuerpo funcionario.

Pero, aunque de la aplicación de la subida no dude nadie, el quid de la cuestión está en si pudo haberse adelantado la medida incluyéndola en un RD-ley. Los responsables de CCOO han hablado, sobre todo, de otros profesionales ajenos a médicos y enfermeros, como los técnicos sanitarios, que cobran algo más del Salario Mínimo Interprofesional y a los cuales, por tanto, ese retraso en el incremento del sueldo sí les va a causar más perjuicios.

El Gobierno no lo ha hecho con intenciones de perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, con una intención de revalorizar y, sobre todo, de dar dignidad a la calidad de vida del trabajador. Yo creo que en eso coincidimos todos. Ahora los tiempos las maneja el Gobierno y, si ha considerado que la subida debe ser dentro de los Presupuestos Generales del Estado, simplemente será por una cuestión legislativa o por algún orden que no conozcamos. Pero lo importante es que esa medida será una realidad en este año, en este ejercicio y, además, se hará conforme a las necesidades inflacionistas. Es la realidad que vamos a tener, por lo que ese problema se podrá regularizar.

Hablando de salarios de profesionales sanitarios. ¿Cree usted que los profesionales sanitarios en España están bien pagados?

Por capacidad profesional y por acciones profesionales, posiblemente todos podremos cobrar más, y los profesionales sanitarios lo merecen. Ahora, como usted bien sabe, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Cada comunidad tiene su tabla salarial, y es verdad que no existe una equidad territorial en cuanto a los costes del profesional. Se podría analizar la situación y que existiera un marco común salarial para todos dentro de este Plan Nacional de Recursos Humanos que habla la ministra de Sanidad. Se podrá estudiar y trabajar. Sin duda, somos conscientes de que tenemos unos muy buenos profesionales sanitarios en nuestro país y que tendrán que estar asalariados como corresponde.

¿Cómo cree usted que se puede fidelizar a los sanitarios en España para que no decidan, por ejemplo, irse al extranjero?

Al fin y al cabo, todos hemos de tener una buena remuneración económica para también tener un buen incentivo profesional. Todos los trabajadores, incluso los que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, que se ha aumentado en un 54 por ciento desde 2018. Tenemos que trabajar para los que menos cobran y hay que equiparar la profesionalidad al salario. Soy fiel defensor de eso. Tenemos que tener unos buenos profesionales sanitarios que estén bien pagados para que se vean reconocidos. Y, al margen de la situación económica, lo que también tenemos que tener es un buen Sistema Nacional de Salud, unas buenas infraestructuras, unos buenos equipos docentes, una buena formación profesional continuada y los mejores equipos de alta tecnología para que los profesionales sanitarios vean reconocido su trabajo y que cuenten con todas las herramientas para poder desarrollar su profesión. Yo creo que en eso también se ha trabajado desde el Gobierno de España. Se ha estabilizado a más de 100.000 profesionales en nuestro país gracias al Real Decreto-ley 20/2021. También se ha hecho una inversión millonaria en el Plan de Resiliencia y de Reconstrucción para adquirir equipos de alta tecnología, sobre todo de Radiodiagnóstico, y se está trabajando en diferentes cuestiones que son fundamentales, como en infraestructuras y en la apuesta por nuevos recursos y una nueva cartera de servicios que, sin duda, también hará que tengamos un mejor Sistema Nacional de Salud. Que los profesionales sanitarios se encuentren en una situación más cómoda para poder trabajar es una cuestión global que no sólo depende de lo económico.


Acerca de ese reconocimiento del que usted me habla para con los profesionales sanitarios, se quedaron pendientes dos deberes en la anterior legislatura, que son también dos reivindicaciones sindicales. Por un lado, la reclasificación profesional de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y, también ligado a ello, la renovación del Estatuto Marco, que se quedó en una situación de impasse cuando se disolvieron las Cortes por la convocatoria de elecciones generales y aún no se conoce cuándo se van a retomar las negociaciones. ¿Cómo valora la gestión de los anteriores ministros de Sanidad? ¿Qué piensa sobre cómo lo está gestionando ahora Mónica García?

Ha habido cuatro ministros del Partido Socialista que preceden a la actual ministra de Sanidad. Yo creo que el compromiso es continuar con el diálogo y con la hoja de ruta que se estaba desarrollando, y espero que sea lo más fructífera posible.

Y en cuanto a la reivindicación concreta de reclasificar a las enfermera al grupo A1 y que, por ejemplo, puedan tener también más competencias en la gestión sanitaria, ¿qué opina?

Creo que es necesario que se reconozca a los profesionales de la Enfermería como grupo A1. Al fin y al cabo, pasaron de ser diplomados en Enfermería a ser graduados en Enfermería, con lo que su formación aumentó en un año, y ello no se les está reconociendo como sí se les reconoce, por poner algún ejemplo, a los psicólogos, que han pasado de cinco años a cuatro años de formación. Es un defecto de forma de la equiparación a los grados universitarios: si el grado nos pone a los profesionales en el mismo nivel, yo creo que no se debería diferenciar entre grupo A1 y A2, sino que existiera sólo el A. Es una reivindicación que llegará a buen puerto porque tenemos unos cuerpos profesionales de Enfermería a la vanguardia y más que profesionalizados.

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"Creo necesario reconocer a Enfermería como A1"

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En ese sentido también existe una reivindicación por parte de los médicos de quedar englobados en un grupo A plus si los enfermeros pasaran a ser A1.

Yo me mantengo en lo mismo. Creo que, si todos somos graduados, tenemos que pertenecer al mismo grupo profesional, con independencia de que si eres medico, eres enfermero, eres arquitecto o eres trabajador social o psicólogo.

Y sobre ese reconocimiento profesional, pero desde otro punto de vista, ¿opina usted que otros profesionales vinculados a la sanidad, como por ejemplo los celadores, pero que no están considerado trabajadores sanitarios, merecen esa categoría?

Es necesario hacer un estudio para valorar qué profesionales desarrollan su profesión de forma más ligada directamente al propio paciente. No sólo son los celadores, sino que hay otros muchos como los trabajadores sociales. Si queremos encaminarnos hacia un enfoque biopsicosocial de la sanidad tenemos que también trabajar con todos los profesionales fundamentales que intervienen en ello y reconocerlos como sanitarios. El trabajador social no tiene la posibilidad de ser residente como el médico o el enfermero. Pero es necesario tener un amplio número de profesionales que, desde el enfoque psicosocial, den respuesta a las necesidades de los pacientes, sus familiares y su entorno, no solo desde el ámbito biológico, sino también desde el ámbito emocional, psicológico y social.

Sánchez, durante la entrevista en el plató de Redacción Médica.

Recientemente el Ministerio de Sanidad publicó una guía en la que se recomendaba incluir el enfoque biopsicosocial en la Historia de Salud Digital, con cuestiones como la identidad de género y la clase social. ¿Qué opina al respecto de ello?

Yo soy un fiel defensor del enfoque biopsicosocial. No sólo porque lo haya trabajado directamente, sino también porque hay estudios que demuestran que, cuando un paciente tiene una situación emocional y una situación social en estadíos normalizados, su adherencia a los tratamientos evoluciona. Evidentemente, en el ámbito sanitario, la situación biológica es fundamental porque, al fin y al cabo, son los tratamientos curativos los que hacen que mejores, pero para ello también es fundamental la situación emocional del propio paciente. La sanidad puede ser transversal y estar ligada a equipos multidisciplinares y otros departamentos como Vivienda, Derechos Sociales e Igualdad. Tenemos que desarrollar programas transversales que puedan dar respuesta a las necesidades desde un ámbito preventivo. Uno de los servicios que a mí me llaman muchísimo la atención son las Unidades de Atención Temprana, que detectan las necesidades en el desarrollo de los pacientes de cero a seis años en estadíos tempranos. Esto te da herramientas para diagnosticar en tiempo y forma cualquier enfermedad y, sobre todo, para darle una oportunidad a un paciente de tratar una dolencia en estadíos muy tempranos. En estos equipos trabajan psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, educadores, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, y dan una respuesta muy, muy, muy positiva a los pacientes. Por contarle un caso, y en un tema tan importante como las enfermedades raras: el 66 por ciento de los pacientes con enfermedades raras debutan entre sus dos primeros años. En esos dos primeros años, si se detecta una anomalía o un problema en el desarrollo, el pediatra puede derivar al bebé a la Unidad de Atención Temprana. Yo creo que ese es un ejemplo fundamental de la intervención biopsicosocial, porque trabaja de manera multidisciplinar desde la transversalidad de la sanidad.

Ese enfoque transversal de la sanidad tiene mucho que ver con el cuidado de la salud mental al que se está cobrando cada vez más importancia, no sólo a través de palabras, sino, por lo menos hasta ahora, a través de hechos también. El Ministerio de Sanidad ya creó ese Comisionado de Salud Mental que prometió al inicio de la legislatura. ¿Cómo valora este tipo de medidas?

Creo que son más que necesarias. Creo que en los últimos años se ha puesto ojos a una realidad en la que antes no nos centrábamos. Es fundamental que hagamos una apuesta por la salud mental. La creación de este Comisionado es un hito histórico y que creo que puede abrir una senda en esa necesidad. Yo soy fiel defensor también de la de la atención psicológica o la salud mental en Atención Primaria. Como ya le he dicho antes, defiendo que es necesario que en estadios tempranos o en estadios leves se dé respuesta a una problemática fundamental como esta. Por eso, los psicólogos tienen que estar en Atención Primaria, porque es donde se puede reducir esa posibilidad de cronificación de enfermedades neuropsiquiátricas más avanzadas. Además, la salud mental también se puede trabajar desde otros ámbitos como la terapia ocupacional y el trabajo social y contar con esos otros fundamentales para mejorar la calidad de vida del paciente. Por otro lado, hay que trabajar también un aspecto del que no se habla tanto como la salud mental derivada de acciones duales como el consumo de drogas, que debuta en muchos casos con problemas neuropsiquiátricos. Yo, aparte de ser portavoz de la Comisión de Sanidad en el Senado del Grupo Parlamentario Socialista, también soy miembro de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de Adicciones, desde el que trabajaremos para dar respuesta a esas problemáticas sociales que derivan en problemas de salud mental.

Habla usted de la Atención Primaria: precisamente en el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, uno de los puntos principales en el ámbito sanitario era el impulso de un plan de choque para la Atención Primaria. Aparte de lo que plantea sobre el refuerzo en el número de psicólogos en la Atención Primaria, ¿qué otras medidas concretas propone su grupo para seguir avanzando en este sentido?

La Atención Primaria es fundamental, y lo que tenemos que tener, como antes comentaba, son mejores infraestructuras, mejores servicios y una situación descentralizada, porque es en este ámbito donde la asistencia es más cercana. También tenemos que apostar mucho por los cribados poblacionales desde los ámbitos más próximos. Por poner un ejemplo, la detección del VPH se puede trabajar desde el ámbito de la Atención Primaria y de las farmacias comunitarias. Creo que en este país no se ha puesto ojos suficientes en la colaboración público-privada con las farmacias comunitarias, que son las que tienen un conocimiento real de su población. Al fin y al cabo, también los farmacéuticos son profesionales sanitarios y pueden ser unos aliados fundamentales para la prevención, para la disminución de listas de espera y para el desahogo de la Atención Primaria.

Esa idea de la colaboración va en sintonía con una de las propuestas sanitarias deslizadas desde Sumar: la homogeneización del Sistema Nacional de Salud a través de una Ley de sanidad federal, que puede relacionarse con la promesa que ustedes llevaban en su programa de sacar adelante una Ley de equidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué opina acerca de ese modelo que defienden desde Sumar y que está, además, basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud?

El mayor valor de la equidad sanitaria es el Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que el mejor punto que se puede trabajar por medio de una ley específica de equidad es mantener ese sistema tal y como existe, con amplio carácter socialista y con sello de Ernest Lluch. El Sistema Nacional de Salud es lo que coordina, por medio de los Consejos Interterritoriales, que todas los las comunidades autónomas puedan basarse en los mismos criterios con los que trabajar. Nosotros, desde el PSOE, defendemos el Sistema Nacional de Salud no como un ámbito federal, sino como un ámbito nacional que pueda trabajar de manera coordinada con las instituciones a las que se le ha transferido las competencias en materia sanitaria, que son las comunidades autónomas. Pero tiene que existir cierta centralidad en la coordinación de las políticas públicas sanitarias, y eso no pasa por otra cosa que no sea el Sistema Nacional de Salud y la coordinación en el Consejo Interterritorial. El ejemplo de ello ha sido la pandemia. Si no hubiéramos tenido un sistema fuerte, cohesionado y coordinado, a lo mejor nuestros procesos de vacunación no hubieran sido un ejemplo en Europa.

El redactor Manu Ibáñez y el senador socialista Kilian Sánchez.

Ha mencionado usted también el ámbito farmacéutico. Otra de las propuestas que desde el Ministerio de Sanidad y desde Sumar han planteado es la creación de una farmacéutica pública, en principio, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ¿Está usted de acuerdo con el impulso de esta iniciativa?

Es algo que hay que analizar ampliamente. Es verdad que el secretario de Estado de Sanidad y la propia ministra han hecho declaraciones respecto a ello, pero es algo que no está recogido en los acuerdos de Gobierno de ambos partidos, así que tenemos que valorar realmente cuál es la iniciativa. Todo lo que sea favorecer el sistema universal y favorecer al paciente es bueno, pero, a día de hoy, creemos que la colaboración público-privada con la farmacia comunitaria es lo fundamentales para dar agilizar a la dispensación del tratamiento del paciente. Tenemos que poner el foco en las pequeñas boticas farmacéuticas que dan respuesta sanitaria a los mundos rurales. En definitiva, hay que analizar todas las circunstancias, pero yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es seguir fomentar la investigación y que se puedan hacer los avances más necesarios para dar respuesta a los problemas de los pacientes. Toda la medicación que se adquiere por parte del sistema público va a la negociación de la cartera de precios del medicamento, es decir, que está regularizado y es transparente. Lo que sí tenemos que impulsar desde el sistema público es la formación continuada del profesional y de los pacientes, para, así, tener más transparencia y más independencia.

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"Crear una farmacéutica pública no está en los acuerdos de Gobierno entre PSOE y Sumar"

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Una de las medidas estrella del programa electoral de su partido para el 23J fue la limitación de las listas de espera mediante una ley ad hoc, un punto que también aparece en el acuerdo firmado con Sumar. Pedro Sánchez, en su investidura, habló en concreto de un plan que se pondrá en marcha “con los gobiernos autonómicos que así lo deseen”. A priori, ello no es compatible con una ley, cuyo cumplimiento es obligatorio. ¿Cuál es la propuesta concreta?

El compromiso del presidente del Gobierno es claro: trabajar para disminuir las listas de espera. Incluso habló de números: 120 días de espera máxima para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas y 30 días para pruebas diagnósticas, y yo creo que es fundamental. También propuso que los pacientes menores de 21 años no puedan estar más de 15 días a la espera de una consulta de salud mental. Yo creo que en esa ley de plazos para las listas de espera se tiene que abordar desde el Ministerio de Sanidad, acordada con las comunidades autónomas por medio del Sistema Nacional de Salud y el Consejo Interterritorial. Hay que trabajar la legislación, hay que estudiarla y hay que analizar sus pros y sus contras, pero ha de ir ligada a una apuesta por el Plan de Función Pública, por la inversión de equipamiento de alta tecnología y por las infraestructuras sanitarias. Con un refuerzo de la Atención Primaria podemos llegar a cumplir esos plazos que propuso el presidente. Desde el ámbito parlamentario trabajaremos en ello.

¿Podrían tener cabida sanciones, no sé si económicas o de algún otro tipo, para las comunidades autónomas que no cumplieran esos objetivos que fijó el presidente?

Es pronto para hablar de ese tema. No se puede hablar de la parte dispositiva de la legislación cuando la ley nacional aún no existe. Ahora no creo que sea necesario entrar en esos términos, sino en poder dar respuesta al propio paciente. Pero ese problema no se va a resolver solo, sino invirtiendo más en salud pública, en Atención Primaria, en infraestructuras y en equipos de alta tecnología. Cuando tú tienes un sistema público fuerte y equitativo, eso es fundamental. Algo interesante sería también que pudiéramos reforzar la colaboración entre comunidades autónomas, con independencia de que tengan sus propias competencias.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Senado responde a una pregunta.

Se ha referido usted al ámbito de la Función Pública, que últimamente ha estado de actualidad por el hecho de que ha pasado de estar integrada en Hacienda a hacerlo en Transformación Digital. No sé si usted cree que la necesidad de digitalizar la Función Pública es motivo suficiente para justificar ese cambio.

El Gobierno da pasos en la digitalización de la administración pública, por ejemplo, con el Real Decreto que se votó la semana pasada, contra el que Vox y el Partido Popular votaron en contra y que, entre otros aspectos, contempla el desbloqueo de 10.000 millones de euros para, entre otras muchas cosas, digitalizar la administración pública de Justicia. Yo creo que la sanidad 2.0 es necesaria. Tenemos que tener un administración pública actualizada, pero también que sea sana. Es fundamental ponernos a la vanguardia de todos los sistemas de tecnología y de digitalización, y creo que el Gobierno lo está haciendo.

Y, también relacionado con la Función Pública, ha habido dudas en los últimos meses en torno a la gestión de Muface. Por ejemplo, desde Sumar, en su programa electoral, se abogaba por extinguir progresivamente el modelo, aunque, posteriormente, se dijo que no estaba entre sus prioridades. ¿Cuál cree usted que debe ser el futuro de ese modelo de mutualidades ahora?

Habrá que analizarlo y negociarlo para tener una respuesta que sea lo más favorable para las personas que se que se adhieren a ese sistema. Sinceramente, no creo que sea ahora uno de los problemas fundamentales del ámbito sanitario.

Otro de los temas de actualidad, después de las reuniones mantenidas por la ministra de Sanidad con representantes de las principales fuerzas sindicales, es el posible reconocimiento de las patologías mentales como enfermedad laboral de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos afirmaron que García está abierta a negociarlo. ¿Usted estaría de acuerdo con ello?

La patología emocional y psiquiátrica es una enfermedad y se tiene que reconocer. Muchas veces, los profesionales sanitarios están expuestos a una situación de estrés lo suficientemente importante como para poder sufrir en cualquier momento problemas de salud mental, y yo creo que eso tiene que estar relacionado con una situación de incapacidad.

Kilian Sánchez, en las instalaciones de Redacción Médica, durante su entrevista.

¿Qué considera que se ha hecho mal en la gestión de la huelga que, desde hace casi un año, mantienen los profesionales sanitarios del Ingesa en Ceuta y Melilla para que todavía no se haya podido solucionar en todo este tiempo?

Tenemos que analizar dónde radica el problema con el Ingesa. Uno de los problemas fundamentales es la ley de incompatibilidad de los profesionales sanitarios que se dedican a la Función Pública y que les genera cierta incompatibilidad con el desarrollo de su actividad en la sanidad privada. Desde mi punto de vista, y por los datos que existen a disposición de la población, el Gobierno de España ha hecho una apuesta fundamental por Ceuta y Melilla. El Ministerio de Política Territorial ha movilizado más de 711 millones de euros en ambas ciudades provinciales para, de manera interministerial, poder dar respuesta a las problemas que existen en el ámbito sanitario de las dos ciudades autónomas. El presupuesto de Ingesa ha aumentado en 78 millones de euros desde el año 2018. Pero es que también se ha apostado por las infraestructuras sanitarias con la creación del Hospital Universitario de Melilla. Aparte, también tenemos que ser conscientes de que los profesionales sanitarios en Ceuta y Melilla tienen unas coberturas económicas o de incentivos profesionales que no pueden tener otros profesionales porque entendemos que tienen unas características demográficas singulares, lo cual hay que reconocer con complementos específicos con la bonificación del 60 por ciento del IRPF de los salarios, que están en torno a los 82.000 euros para los profesionales de Atención Primaria y en los 102.000 euros para los de atención hospitalaria. Creo que desde el Gobierno de España se ha dado una respuesta importante para resolver los problemas de salud pública en Ceuta y Melilla. Evidentemente, las listas de espera, han aumentado, pero también lo han hecho en toda España. Es una situación derivada de la crisis epidemiológica que ha vivido este país, y tenemos que esperar unos años para poder reconducirla, pero el Gobierno de España está trabajando y trabaja, no solo en partidas presupuestarias, sino en mejoras fundamentals, para que los profesionales sanitarios de Ceuta y Melilla se vean reconocidos. Creo que es fundamental que los profesionales se sientan cómodos y el Ejecutivo está haciendo todo lo posible por su parte.

Parece ser que desde el Gobierno de Melilla se está estudiando la posibilidad de plantear que se le concedan competencias propias en sanidad. ¿Cómo valora esa posibilidad?

Bueno, sería una cuestión de diálogo y acuerdo. Yo creo que eso es algo que no me corresponde a mí responder. Es la ministra de Sanidad la que tendría que pronunciarse sobre este aspecto. Si se transfieren las competencias sanitarias a la ciudad autónoma de Melilla y ellos asumen las competencias, pues el Ministerio de Sanidad actuará como con el resto de comunidades autónomas: coordinación, transferencia de crédito y que la propia comunidad ejecute.

Sánchez analiza uno de los temas propuestos en la conversación acogida por Redacción Médica.

Ahora quería preguntarle por un asunto que precisamente se planteó en el XIV Encuentro de Parlamentarios de Sanidad que organizó Redacción Médica, en una de cuyas mesas usted participó. Su homóloga, Nerea Ahedo, del PNV, puso sobre la mesa la posibilidad de poner en marcha un Erasmus MIR. Es una vieja reivindicación desde el ámbito de la Medicina para favorecer la movilidad de los de los residentes en Europa. Es verdad que desde el Ministerio de Sanidad se dice que eso ya está cubierto a través del programa Erasmus +, pero quería saber también cuál es su visión al respecto. ¿Cree que sería conveniente, digamos, revisar ese programa de movilidad para los MIR?

Como bien ha dicho el Ministerio, el Erasmus + es un programa que da oportunidad no sólo para que nuestros alumnos puedan salir a aprender y a obtener conocimientos científicos que después nos puedan beneficiar, sino también para que nosotros seamos receptores de profesionales del exterior y podamos retroalimentarnos. Lo que yo creo que sí es fundamental sería apostar por los Erasmus rurales. Tenemos que fomentar que nuestros propios profesionales sanitarios vía MIR puedan hacer rotaciones por entornos rurales, para conocer no sólo la realidad de las situaciones de otros entornos, sino también para favorecer a esos entornos rurales, que tienen menos posibilidades de de tener esa rotación de especialistas. Le pongo un ejemplo: en la isla de La Palma, de la cual fui director de Sanidad, se hacía esa especie de rotación MIR de los profesionales del sector de Enfermería, que conocían la realidad de un hospital de tercer nivel. Yo creo que es fundamental que los profesionales tengan conocimiento real del ámbito sanitario no sólo en las grandes urbes. Y por eso desde el Partido Socialista incluso integramos en nuestro programa electoral esa importancia de los Erasmus rurales.

Vamos a acabar como empezamos: hablando de Salud Pública y de las lecciones aprendidas de la pandemia de las crisis epidemiológicas, sobre todo teniendo en cuenta ese repunte que comentábamos al principio de gripe y covid en estas fechas. Otro de los temas que quedaron pendientes de la anterior legislatura fue la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Parece que su puesta en marcha está entre los objetivos prioritarios de Mónica García. ¿Qué le pide usted al ministerio al respecto?

En Cortes Generales se trabajó bastante por la proposición de ley de la Agencia Estatal de la Salud Pública, y en el trámite parlamentario no llegó a buen puerto porque no llegó a ser aprobada. Es verdad que caducó en noviembre del año 2023, así que esta legislatura es fundamental para que la Agencia Estatal de Salud Pública sea una realidad. Al fin y al cabo, los grupos parlamentarios, tanto de Sumar como del Partido Socialista, estamos a favor ello, y trabajaremos para que se cumplan los tiempos y conseguirlo.

Entrevista a la voz sanitaria del PSOE en el Senado, Kilian Sánchez.