"Avances" en la Ley de la Agencia de Salud Pública con "tono de consenso"

El Proyecto de Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública quema una etapa más de cara a su debate en el pleno del Congreso. Tras cinco meses de espera desde que se cerrara el plazo para presentar enmiendas al articulado, este miércoles los grupos parlamentarios aprobaron en la Comisión de Sanidad el informe de ponencia previo al dictamen que se votará en una futura sesión plenaria. Las fuentes parlamentarias consultadas por Redacción Médica coinciden en el tono dialogante y en la voluntad de consenso de los partidos, fruto de las largas negociaciones previas para que el texto final esté consensuado, si no plenamente, sí por una amplia mayoría de la Cámara Baja. Aunque todavía no está todo el trabajo hecho.

Las conversaciones entre los grupos parlamentarios continuarán desarrollándose hasta que se celebre una nueva Comisión de Sanidad, que será en la que se acuerde qué enmiendas, de todas las registradas por los partidos, se incorporan al articulado del Proyecto de Ley de Agencia de Salud Pública. La intención general es transaccionar el mayor número de enmiendas posible para, así, allanar el camino hacia la aprobación definitiva del texto normativo.

En esa línea, desde el PP reconocen a este periódico que, aunque se han producido “avances”, aún están estudiando las propuestas de enmiendas transaccionales que hay sobre la mesa. En Sumar, por su parte, valoran el hecho de que el texto “estaba muy trabajado” gracias al largo periodo previo de negociación oficiosa, por lo que “el tono” del debate de este miércoles fue “muy bueno, de consenso”. En cualquier caso, las mismas voces prefieren ampararse en la cautela y no avanzar ninguna información sobre los acuerdos ya alcanzados ni sobre los flecos pendientes.

Más de un año de recorrido parlamentario

El Proyecto de Ley de la Agencia de Salud Pública fue el primero que presentó oficialmente el equipo del Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García. El Consejo de Ministros lo aprobó el 30 de enero de 2024 y, días después, ya en febrero, el texto se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. El documento bebía directamente de la iniciativa legislativa que se puso en marcha en la anterior legislatura, pero que quedó en agua de borrajas.

Los objetivos principales de la creación de la Agencia son anticipar cambios en la evolución de epidemias y otras crisis de salud pública, mejorar los sistemas de monitorización y predicción, coordinar equipos multidisciplinares “que trabajen con una visión holística” y, en base a esto último, incorporar al sistema sanitario el concepto One Health para “equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas” de cara a “contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Para ello, se pretende también reforzar la coordinación de los servicios de salud pública de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

Sólo hubo dos partidos que presentaron sendas enmiendas a la totalidad: PNV y Junts. En sus escritos, se quejaban de la “indefinición” de determinados aspectos ligados a la futura Agencia que, según lamentaban, podrían entrar en conflicto con las competencias autonómicas en sanidad. Sin embargo, ambas fuerzas las retiraron tras llegar a un acuerdo con Sanidad.

Enmiendas al articulado de la Ley de Agencia de Salud Pública

El plazo de enmiendas al articulado se abrió a finales de febrero y se cerró siete meses después, en septiembre, tras encadenar 22 prórrogas. PSOE y Sumar pidieron, entre otras cosas, que los sistemas de vigilancia cuenten con datos de la sanidad privada, además de los del ámbito público, y también que en el ámbito preventivo se tengan en cuenta los determinantes sociales de la salud.

En el caso del PP, en sus enmiendas reclamó que tanto el Congreso como el Senado puedan ratificar el nombramiento del futuro presidente de la Agencia. Además, propuso que el órgano tenga potestad para evaluar todas las políticas sanitarias que se adopten en España. Por su parte, PNV y Junts registraron enmiendas conjuntas en la misma línea de sus enmiendas a la totalidad, esto es, sus propuestas buscan “salvaguardar” las competencias en sanidad del País Vasco y Cataluña.

Sanidad tiene confianza en el consenso parlamentario

En el Ministerio de Sanidad siempre se han mostrado confiados en la posibilidad de concitar en el texto normativo que se lleve al pleno del Congreso todas particularidades reclamadas por cada grupo parlamentario. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha insistido públicamente en varias ocasiones en ello. En la entrevista concedida a Redacción Médica el pasado verano, llegó a asegurar que, si no fuera porque se quería contar “con el mayor consenso parlamentario posible”, la norma, “muy probablemente”, podría haber estado ya aprobada para esa época. “La idea es que esto sea un proyecto de país”, añadió. En ese sentido, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, deslizó a este periódico que no había “líneas rojas” en las negociaciones ni por parte de Sanidad ni por parte de ninguno de los grupos parlamentarios.

Del dicho al hecho hay un trecho, que diría aquel, aunque, a tenor de las sensaciones que transmiten los partidos, no hay piedras en el camino y, en el caso de que las haya, son pequeñas. Habrá que esperar, en cualquier caso, a la próxima Comisión de Sanidad para ver si las previsiones se cumplen.