La aprobación de nuevos fármacos debe responder a una eficacia probada

Redacción. Madrid
La Asamblea de la OMC ha dado luz verde al informe ‘Medicamentos: visión social y clínica’ en el que el Consejo General hace una serie de recomendaciones y propuestas con el objetivo de luchar contra el uso excesivo, insuficiente e indebido de medicamentos que “conlleva efectos nocivos para el paciente y supone un despilfarro de recursos”.

Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC.

Entre las recomendaciones que hace la OMC se encuentra la de restringir la aprobación de nuevos medicamentos a aquellos que garanticen que representan alternativas eficaces y seguras, evitando  de esta forma la inclusión de nuevos fármacos que no hayan demostrado tales cualidades, muy especialmente al haber utilizado en los estudios muestras pequeñas de pacientes. 

La corporación considera indispensable que todos los ensayos clínicos se registren y se permita el acceso a todos los datos en bruto de los mismos antes de ser aprobados para poder realizar análisis independientes.  Asimismo, aboga porque las opciones terapéuticas que han demostrado su eficacia, se mantengan hasta que los nuevos fármacos demuestren mayores beneficios.

La OMC cree que la investigación en salud pública y enfermedades raras debe protegerse y alentarse desde los poderes públicos, pero también con la colaboración de la industria farmacéutica, como parte de su responsabilidad social corporativa. “La investigación con fondos privados debe invertir un porcentaje del presupuesto de cada investigación para la financiación de investigación de proyectos públicos”, defiende la Organización Médica Colegial. En su opinión, “este pacto de colaboración debería ser inicial y prioritario en las negociaciones y/o acuerdos o convenios con todas las farmacéuticas”.

Según la corporación, “si la incorporación de nuevos fármacos y/o tecnologías se realiza cuando los presupuestos anuales ya están aprobados, solo podría financiarse por una partida extraordinaria que nunca implicará la detracción de otros elementos del presupuesto sanitario global y que se debe mantener consolidada presupuestariamente en los años sucesivos”.

Apuesta, además, por “reformar con carácter de urgencia el sistema de patentes y los límites que se otorgan en el sector sanitario para medicamentos y productos sanitarios, así como los criterios para su financiación y establecimiento” y defiende que “el beneficio comercial no eclipse los verdaderos beneficios clínicos para los pacientes ni ponga en peligro la viabilidad económica de los sistemas  nacionales de salud”.

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