“Muface y las concesiones demuestran el riesgo asumido por las empresas”

Javier Barbado. Madrid
El modelo de aseguramiento para los funcionarios del Estado (Muface) y las concesiones administrativas (fórmula Alzira) constituyen dos ejemplos de la transferencia real de riesgo a una empresa privada por parte de los poderes sanitarios públicos, ya que, si no fuera así, no existirían compañías que abandonan su colaboración por pérdida de ingresos o no se fijaría un canon dependiente del número de pacientes atendidos en el centro, según ha razonado a Redacción Médica el experto en gestión de la salud Fidel Campoy, profesional que acumula años de experiencia como gerente de hospitales y alto cargo directivo de compañías aseguradoras, y para quien los datos públicos de que se dispone sobre la colaboración público-privada apuntan a la evidencia de que estos recursos son más rentables que la gestión directa tradicional.

Campoy defiende la validez de la gestión hospitalaria indirecta.

Desde los años 90 se han implantado diversas fórmulas de gestión en los hospitales españoles. ¿Son de verdad más eficientes?

Mi tesis fundamental es que la colaboración entre los sectores público y privado constituye una de las alternativas por explorar con vistas a preservar el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). Y, además, debemos basarnos en las evidencias que existen en España con respecto a los modelos de colaboración público-privada, fundamentalmente de dos: el sistema de Muface, con dos millones y medio de funcionarios y que se financia por el Estado y cuyo servicio ofrecen, en su mayoría, las aseguradoras privadas. Y, por otro lado, el modelo concesional, en el que hay gestión sanitaria privada.

Ambos modelos han demostrado un ahorro de costes por encima del 30 por ciento en ambos casos y sin merma de la calidad. No voy a entrar a comparar calidades ni nada por el estilo; simplemente diré que, cuando la Generalitat de la Comunidad Valenciana evalúa todos los departamentos, los que funcionan con la fórmula concesional salen muy bien parados en esa evaluación en cuanto al funcionamiento, las listas de espera, etc. Y exactamente igual con Muface: no hay lista de espera.

Aparte de las listas de espera, ¿en qué otros parámetros presentan mejores resultados?

Existe un dato muy relevante, y es que, con el gasto sanitario consolidado, es decir, con el gasto real del Estado, si analizamos la serie de los últimos cinco años (2007, 2008, 2009, 2010 y 2011), el gasto en las comunidades autónomas en salud ha tenido una desviación media del 7,8 por ciento entre el presupuesto inicial y el gasto real incurrido, mientras que en el caso de Muface, la desviación en esos mismos cinco años ha sido del 2 por mil. Eso quiere decir que el modelo de Muface sirve de vacuna contra las desviaciones presupuestarias, y también se puede decir que, en Muface, no existe problema de listas de espera y hay un gran refrendo por parte de los mutualistas, ya que más del 85 por ciento elige una aseguradora privada para recibir la misma cartera de servicios que el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así que mi postulado fundamental consiste en deducir que, si queremos hace sostenible un SNS que genera 5.000 millones de euros de déficit anual, la obligación de los gestores públicos pasan por explorar todas las posibilidades que haya para hacer sostenible el sistema a medio y a largo plazo. Y creo que un espacio de colaboración entre los sectores público y privado es bueno y es necesario analizarlo con objetividad generando confianza entre ambas partes y, en fin, es un debate que, en España, se afronta desde un punto de vista maximalista e influido por la ideología, y no desde el punto de vista de gestión, eficiencia y organización de recursos.

Los detractores de las fórmulas de gestión público-privadas insisten en que no se han publicado estudios independientes que avalen sus mejores resultados en comparación con los modelos de gestión directa. Pero usted no duda de esos mejores resultados…

Bueno, yo lo que digo es que tenemos dos marcos para ver la situación: uno de ellos desde el punto de vista del financiador, es decir, de quien financia el sistema sanitario, que lo hace por persona protegida. En las concesiones sanitarias, el pago que se hace por persona protegida es el 31 o el 32 por ciento menos que en la gestión directa, así que desde el punto de vista del coste de la protección de esa persona, y de ofertarle el servicio sanitario, es el 31 o 32 por ciento más económico, y esos son datos públicos y publicados accesibles en los portales de la Generalitat valenciana y del Ministerio de Sanidad. Cuando hablo de que Muface es el 34 por ciento más barato que el sistema público, estoy utilizando los datos publicados por la administración y las estadísticas públicas recogidas. Para mí eso es una evidencia.

Otra cuestión es el nivel de funcionamiento que, cuando se analiza, se deduce que hay buenos hospitales con buen funcionamiento en el sector público, y, dentro del sistema del sector concesional, hay hospitales que, en su inmensa mayoría, tienen un buen funcionamiento y, además, son más económicos. Por lo tanto, mi conclusión es que si son más económicos, ofertan la misma cartera de servicios, no hacen selección de riesgo adversa, entonces se dan las condiciones para que ésta sea una vía de sostenimiento del sistema y de freno del gasto sanitario.

Otra crítica, sin embargo, a los modelos de colaboración público-privada es que no existe transferencia real del riesgo a la empresa particular por parte del Estado. ¿Sí la hay?

Por supuesto que la empresa concesionaria asume el riesgo y me remito al ejemplo del concierto de Muface, en el que ha habido aseguradoras que se han salido del concierto porque perdían dinero. Entonces, ahí está la evidencia: ninguna empresa abandona una actividad si gana dinero con ella. Si ha habido aseguradoras que han dejado Muface, eso es una evidencia de la que existe transferencia real del riesgo.

Por otro lado, en las concesiones, la empresa recibe una transferencia del riesgo del cien por cien, ya que se le transfiere la población y se le paga de forma capitativa, y las cuentas y los resultados económicos de esa empresa concesionaria son responsabilidad de ésta. Si entrara en concurso de acreedores, los responsables en última instancia serían los accionistas, no la Administración. Ésta es responsable del servicio público y su titular, pero la gestora de éste es la empresa concesionaria, y si le van mal las cosas debe responder por ello. En consecuencia, hay una clarísima transferencia del riesgo.

Sin embargo, podrían aducir a su argumento que, en la práctica, el Estado ha rescatado a algunas concesionarias porque el modelo no era viable.

Es verdad que ha habido algún rescate debido a un cambio del modelo. Pero le quiero hace ver una cuestión: en este tipo de contratos, lo más importante es el análisis previo que se haga porque, cuando se hace una concesión, el Estado está obligado a distribuir los riesgos y a financiar adecuadamente el servicio.

Así que, previamente al lanzamiento de una concesión, tiene que haber gran transparencia, poner mucha información encima de la mesa para la empresa concesionaria, conocer con mucha precisión la realidad de la que ésta se va a hacer cargo como, por ejemplo, cómo funciona el servicio público, de qué plantillas está dotado, cuál es el gasto real en el que está incurriendo…; así, se le puede decir que el crecimiento per cápita de las concesiones en Comunidad Valenciana está ligado al aumento del gasto sanitario, el cual tiene que ser muy transparente porque de él se detrae la prima que hay que cobrar, así que esa transferencia es muy necesaria para el buen funcionamiento de la concesión.

Para este experto, no hay duda de que la empresa asume riesgos.

Pero la diversidad de modelos existente (consorcios, fundaciones, concesiones administrativas, entes y empresa públicas…), ¿ha demostrado sin lugar a dudas su mejores resultados?

Depende. Creo que muchos consorcios entrarían en otro ámbito muy necesario, que es la colaboración entre las administraciones: hospitales que son de una diputación o que son de un Ayuntamiento establecen convenios regulares para colaborar entre ellas para la prestación del servicio sanitario. Esto es, yo creo que fórmulas de este tipo, cuando existen diferentes administraciones, son las que dan un buen resultado. O bien cuando, realmente, existe una diferencia entre una nueva fórmula de gestión y la administración prestadora del servicio: entonces sí dan gran resultado.

Pero cuando la misma administración es la responsable de la gestión directa, por un lado, y de los organismos de administración de la fundación o empresa pública u otra fórmula cualquiera, por otro, al final los responsables acaban siendo los mismos, y no hay esa separación de funciones, que es una de las ideas-fuerza que deseo trasladar. Es fundamental que sean independientes el rol del financiador, el del proveedor de servicios y el del comprador de servicios, ya que financiación, provisión y compra de servicios son tres elementos que deben estar en manos distintas para que el servicio funcione de la manera adecuada.

Ahora mismo, en España, ¿en qué casos se produce esa separación entre financiador, proveedor y comprador?

Ahora mismo se da en las concesiones administrativas, en el modelo Muface y en las aquellas fórmulas de gestión como consorcios, fundaciones… en las que hay administraciones distintas a las obligadas a prestar el servicio.

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