Salario, 35 horas o ratios, entre las "deudas de 10 años" con la Enfermería

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que seis recortes impuestos hace más de diez años siguen aún perjudicando a los profesionales de la sanidad pública, especialmente las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, como la reducción de su salario mensual en cerca de un 6,5 por ciento.

Según el Sindicato de Enfermería, son "importantes deudas" pendientes que las distintas administraciones públicas siguen sin querer pagar pese a haber transcurrido más de diez años, con lo que están precarizando cada vez más las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y constatando, además, "una inaceptable falta de reconocimiento y respeto a su dignidad laboral y profesional".

Además del recorte de las retribuciones mensuales, Satse recuerda que también se estipuló la reducción del 33 por ciento en el caso de las pagas extraordinarias, lo que ha llevado a una pérdida acumulada de poder adquisitivo acumulada de en torno al 30 por ciento.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería apunta que aún no se ha recuperado la jornada laboral de 35 horas semanales en un total de ocho comunidades autónomas y que se mantiene la suspensión de la progresión de la carrera profesional en algunas autonomías.

De otro lado, la organización sindical alude a la anulación o congelación de distintos acuerdos de mejora de condiciones laborales que estaban desarrollándose y que quedaron paralizados en su ejecución o cumplimiento en 2010.

Otro recorte denunciado por Satse es que las plantillas orgánicas no se encuentran compensadas ni dimensionadas después de haber sufrido una tasa de reposición cero durante tantos años, ya que no han sufrido una evolución acorde a la que tenían antes de los recortes de 2010. En muchos casos, añade, se han reducido sustancialmente.

Por todo ello, Satse seguirá reclamando en las distintas mesas y órganos de negociación a nivel estatal y autonómico que se trate con dignidad y justicia a los profesionales sanitarios y se adopten las medidas necesarias para que puedan recuperar los derechos laborales perdidos en 2010. Una demanda que cobra mayor peso si cabe, añaden, una vez constatada la labor realizada durante toda la crisis sanitaria originada por la expansión del Covid-19 en nuestro país.