Manuel Cascos, presidente de Satse.
El
Sindicato de Enfermería (Satse) ha subrayado que la inversión de en torno a
55 euros por habitante al año que supondrá garantizar la seguridad del paciente en nuestro país, a través de la
Ley que aún se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, es perfectamente asumible por un Gobierno que, por ejemplo, ha destinado 1.000 millones de euros en la construcción del submarino S-81 “Isaac Peral” o que recibe, vía impuestos, de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado más de 2.000 millones de euros al año.
Satse destaca que son numerosos los ejemplos que constatan que nuestro país puede hacerse cargo de los costes deri
aún se encuentra pendiente de aprobación el Congreso de los Diputados vados de garantizar la seguridad de cualquier persona en el conjunto el Estado, a través de una
asignación máxima de pacientes por cada enfermera o enfermero, como establece esta norma, sin que conlleve ningún problema o tensión adicional a las arcas públicas.
En este sentido, recuerda que leyes tan importantes y beneficiosas, como la que implantó en nuestro país el sistema de atención a la dependencia o la que estableció un ratio máximo de alumnado por aula, conllevan un coste que, además de asumible,
resulta muy necesario y rentable socialmente. Es el caso, por ejemplo, de la inversión de 2.354 millones de euros destinada, dentro de los PGE 2021, al
sistema de atención a la dependencia, añade.
Asimismo, el sindicato afirma que el Gobierno tiene mecanismos más que suficientes para apoyar a las diferentes comunidades autónomas en la mejora de sus respectivos servicios de salud, como contempla la Ley, destinando más recursos a través de las ayudas europeas que vamos a recibir tras la pandemia del Covid-19, y
garantizando una financiación finalista para la sanidad.
“Entendiendo que los recursos económicos de las administraciones públicas son limitados, la acción de cualquier gobierno debe
priorizar aquellas inversiones que supongan realmente un avance y una mejora de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, y garantizar la seguridad de las personas cuando han de ser atendidas y cuidadas en un centro sanitario o sociosanitario es, sin duda, una de ellas”, apuntan desde la organización sindical.
Ahorro "muy significativo" a medio y largo plazo
De igual manera, la organización sindical recuerda que distintos exministros de Sanidad y líderes de partidos políticos de diferente signo han sido los primeros en asegurar públicamente que
cualquier coste en sanidad no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión que reforzará y mejorará nuestro actual Estado del Bienestar y, con ello, la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto.
Al respecto, la organización sindical incide en que está constatado en análisis y estudios científicos, a nivel nacional e internacional, que garantizar una asignación máxima de pacientes por enfermera, conlleva un
ahorro muy significativo a medio y largo plazo al sistema sanitario, ya que se reducen sustancialmente los costes generados por múltiples actuaciones, como los tiempos de estancia, reingresos, intervenciones, visitas, infecciones o listas de espera, entre otros, que suponen cientos de millones de euros todos los años
A modo de ejemplo, el sindicato apunta que la estrategia de atención a enfermos crónicos puesta en marcha en
Euskadi y que apuesta por la labor de las enfermeras y enfermeros al igual que hace la norma impulsada desde el Sindicato de Enfermería, ha logrado un
ahorro de 400 millones de euros en tan solo cuatro años.
“Son tantos los argumentos que demuestran que la inversión que requerirá la
Ley de Seguridad del Paciente sólo traerá mejoras que esperamos que el debate aún pendiente, tras cerca de seis meses de espera, de las enmiendas parciales por parte de los diferentes grupos se produzca cuanto antes y, una vez aprobada, podamos empezar a ver los beneficios que traerá consigo para la salud y calidad de vida de todos y todas”, concluye.
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