Tres claves que suponen un despido al quejarte de tu hospital en las redes

Desde su aparición, los profesionales sanitarios han visto las redes sociales como un altavoz para informar y concienciar a la población, pero también un canal más con el que dar difusión a momentos de injusticia o precariedad laboral. Esta tendencia se ha visto incrementada durante la pandemia de coronavirus, unos meses marcados por el estrés y jornadas de trabajo interminables. Ahora, con una segunda ola de Covid-19, vuelven a verse en redes sociales mensajes críticos y de malestar por la presión asistencial acaecida por el virus. 

En este sentido, ¿pueden los sanitarios quejarse de la saturación en el hospital o alertar a la población de un aumento de contagios? "Si lo que está haciendo es denunciar unos hechos que son ciertos, por ejemplo, que las urgencias se están volviendo a colapsar o que no hay personal suficiente, no puede tener ningún tipo de repercusión hacia el trabajador, aunque se le de difusión", explica a Redacción Médica Fabián Valero, abogado especialista en derecho laboral y director de Zeres Abogados. 

El facultativo "no está haciendo ninguna acción contraria a la conceptual, es más bien la empresa la que no está usando sus medios. Es una protesta legítima siempre que sea veraz". Fabián Valero recuerda que "aunque incluso el médico exagere los hechos, formaría parte de la libertad de expresión, y esto es sagrado". Tampoco es relevante que el facultativo tenga en su perfil el hospital o el centro de salud en el que trabaje. 

Este abogado explica que podría haber un problema si lo que se manifiesta desde un perfil público en redes sociales es incierto, "por ejemplo, que se hable de un colapso sanitario que realmente no existe, aunque se podía entender como un hecho de buena fe por parte del médico o del profesional sanitario". Así, si con sus declaraciones "se está generando una alarma social sobre unos hechos que no están ocurriendo, con todo el estrés social que está conllevando, puede dar lugar a una responsabilidad". 

Dos situaciones en las que podrían acarrear sanciones penales

La primera situación que puede acarrear consecuencias legales es que, aunque los hechos a comunicar sean ciertos, se difundan injuriando a una determinada persona, "por ejemplo insultando al consejero de sanidad. Esto podría acarrear responsabilidades laborales o penales". Por ejemplo, el facultativo podría expresar a través de un tuit su desacuerdo con la gerencia del centro hacia los protocolos Covid, pero no puede "decir que el gerente del centro está quedándose con el 20 por ciento de los fondos destinados a la gestión Covid, ya que se está inculpando de un delito". 

La segunda es que se desvelen datos de pacientes, lo que vulnearía la Ley General de Protección de Datos y esto podría llegar a causar el despido de ese profesional sanitario, "con gran seguridad". 

En este sentido, este abogado laboralista expone dos ejemplos diferenciados. "El facultativo podría señalar que al hospital han ingresado ocho pacientes con neumonía o que hay doce camas ocupadas con pacientes Covid, no se está dando ningún dato personal de nadie. Sin embargo, si ha obtenido esta información de forma ilegal, por ejemplo accediendo a un servidor, violaría la LPGD y conllevaría sanciones legales". 

Sin embargo, Valero reconoce que aunque no se haya cometido ninguno de estos dos delitos, el hospital o centro de salud sí que podría tomar alguna medida sancionatoria hacia el empleado, pero no sería legal a no ser que se cumplan las dos situaciones citadas. "El hecho de ser empleado público no delimita los derechos fundamentales, mientras se actúe de buena fe y no se desvelen datos de carácter personal ni hacer injurias ni calumnias hacia alguien".