Beatriz Domínguez-Gil, presidenta de la ONT.
“Ni han llegado donaciones ni las aceptaremos en caso de recibirlas”. Así de tajante se muestra la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) respecto a las informaciones que apuntan a un posible donativo de hasta 30.000 euros por parte de los acusados de practicar un
trasplante ilegal de hígado en 2013, cuyo juicio ordenó repetir el Tribunal Supremo. Fuentes del organismo que preside
Beatriz Domínguez-Gil, que está personado en el juicio a través de la Abogacía del Estado, aseguran a este respecto que no valorarán “ningún tipo de compensación económica” para suavizar las penas que demandan para los implicados.
La
Audiencia Provincial de Valencia acoge esta misma semana el juicio por este caso de intento de trasplante ilegal, en el que están involucradas cinco personas acusadas de intentar comprar un hígado para un alcalde libanés con residencia en Beirut. En 2019, la sala condenó al paciente a un año de cárcel, pena que ascendió hasta los dos años para el resto de implicados. No obstante, el Supremo ordenó
repetir el procedimiento debido a la personación de la Organización Nacional de Trasplantes.
En este escenario, este lunes trascendía la noticia de una posible
donación a la ONT de 30.000 euros autorizada por cuatro de los acusados (cada uno ha entregado 7.500 euros, según estas informaciones). Su objetivo es “demostrar la firme voluntad de
reparar el posible daño causado”, aunque mantienen su inocencia ante el juez.
Consultadas al respecto por este periódico, fuentes de la ONT aseguran desconocer la existencia de tal donativo, algo que atribuyen a una "estrategia" de los abogados defensores. “Y, en cualquier caso, queremos dejar claro que
no aceptaremos ningún tipo de donación”, inciden desde el organismo de Domínguez-Gil.
Las mismas fuentes destacan que están personados en el caso “
para que se cumpla la Ley”, por lo que “no es viable ningún tipo de cambio por una cantidad económica”. En este sentido, añaden que seguirán por la vía judicial emprendida años atrás.
Dinero y trabajo a cambio de donantes
El caso se remonta a 2013, cuando el paciente, libanés residente en Beirut, se puso en contacto con dos de sus sobrinos que regentaban una empresa en
Novelda (Alicante) para que buscaran un donante vivo de hígado.
En colaboración con otro ciudadano libanés y en contra de la legislación vigente en España, los familiares del enfermo iniciaron la búsqueda de un donante. Encontraron ocho candidatos, todos ellos en una situación económica vulnerable, a quienes
ofrecieron dinero o trabajo, entre otras prebendas, a cambio de someterse a la operación. Algunos no asumieron el riesgo, y los que sí,
no fueron admitidos como candidatos por los médicos.
Finalmente, fue el
hijo del paciente quien, en agosto de 2013, donó el hígado tras comprobarse que era compatible.
El juicio se celebró en octubre de 2019 y se resolvió con una conformidad de los acusados: el enfermo aceptó
un año de prisión y el resto dos años. Sin embargo, la Organización Nacional de Trasplantes, que
fue expulsada de este primer proceso al considerar la Audiencia que no había sido perjudicada por los hechos, recurrió y ha logrado que el Tribunal Supremo ordenase la repetición del mismo.
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