La Ley de Equidad que negocia el Congreso permite externalizar la Primaria

El Gobierno andaluz publicaba este jueves la orden que ha actualizado las tarifas de los conciertos que suscriba su sistema sanitario con el sector privado. Entre esos precios, se encuentran los que han suscitado la polémica en las últimas semanas: las consultas de Atención Primaria. Unos costes que se han fijado en 65 euros la consulta médica de Atención Primaria y que en la oposición ha servido para denunciar una presunta externalización de este nivel asistencial.

Una oposición política que también ha ejercido el Ejecutivo central, que en las últimas semanas ha dicho que, dentro de sus competencias, evitará que Andalucía concierte su Atención Primaria. "El gobierno no va a permitir que la Junta privatice la sanidad pública", dijo por ejemplo María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, este mismo jueves.

Sin embargo, esta postura contraria a una presunta externalización de la Atención Primaria en Andalucía (o en cualquier otra comunidad autónoma), choca con ser una medida que no solo permiten la actual Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Sanidad, sino que también es posible a través de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Una normativa que el PSOE está impulsando y todavía negociando con su socio Podemos, así como con el resto de fuerzas que sustentan el Gobierno de coalición.

Según explica Antonio Benítez, socio director del despacho Administrativando Abogados, expertos en Derecho Administrativo, a día de hoy “la normativa vigente es la contenida en la Ley de Contratos del sector público y la Ley General de Sanidad, que contemplan la gestión indirecta del servicio de salud mediante conciertos”.

Respecto a la citada Ley de Equidad, todavía en tramitación parlamentaria, Benítez explica que la norma “restringe a una situación excepcional, motivada y objetiva, la posibilidad de gestión indirecta cuando no sea posible la prestación de forma directa, y fija unos criterios restrictivos que deberían tener en cuenta las correspondientes Administraciones sanitarias”.

Sin embargo, que la norma pretenda ser más restrictiva con la externalización de servicios sanitarios, no evita que abra la puerta a la Atención Primaria. “En nuestra opinión, y como especialistas en derecho administrativo y contencioso administrativo, ni en la normativa vigente, ni en la que está pendiente de aprobación se especifica o se excluye de la posibilidad de gestión indirecta, la asistencia Primaria”, remarca Benítez, que considera que serían necesarias determinadas enmiendas si se quisiera bloquear este modelo de gestión en dicho nivel asistencial.

Externalizar la Primaria, en "catástrofes o pandemias"

En una entrevista con Redacción Médica, Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, explicó que esa externalización queda relegada a “situaciones muy excepcionales, en caso de catástrofes o pandemias”. Asimismo, Guzmán matizó que “en la actual situación asistencial que se vive en Andalucía sería impensable que se deriven a consultas privadas pacientes de Primaria”.

El nuevo proyecto de orden busca aportar “más seguridad jurídica y transparencia” en el gasto sanitario y, según el viceconsejero, amplía la regulación para incluir “otros beneficios”, como crear “un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en Andalucía”, y “contemplar todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario, dándonos seguridad jurídica”, incluyendo “todo lo que no regulaba la norma anterior”, como la Atención Primaria.