España no tiene "instrumentos legales" para obligar al médico a vacunarse

En su intervención durante la jornada inaugural del encuentro 'Gestión de la prevención en el ámbito de las vacunas' en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha incidido en que se carece de "mecanismos que puedan obligar a que una determinada persona, en función del riesgo, no solo para la colectividad, sino para su propia salud, pueda ser compelido a vacunarse obligatoriamente".

A pesar de que ha comentado que la legislación "tiene un déficit" en este sentido, Tolosa ha explicado que "es posible y necesario" considerar que la vacunación y las campañas de vacunación están incluidas en artículo 43 de la Constitución. Y también que aunque la vacunación es "voluntaria", esto "no significa que no existen normas jurídicas que permitan afirmar que en determinadas ocasiones la vacunación puede ser obligatoria, pero son supuestos de excepción".

Así, ha recordado que la protección de la infancia "no está encomendada en exclusiva" a los padres de los menores, sino que es "una obligación pública, de los poderes públicos, que no pueden desentenderse de esa protección". Esto se debe, ha añadido, a que está en relación con el concepto del interés superior del menor, lo que supone que "hay que hacer lo que sea mejor para el menor por encima de cualquier otra voluntad".

En cuanto al personal sanitario, ha asegurado que "lo mejor es estar vacunado", pero que "el problema" es que si no se vacuna "no pasa nada" porque" una actitud rebelde a la vacunación no da lugar a ninguna responsabilidad". Por este motivo, ha señalado que España tiene un "déficit importante", a lo que añade otra cuestión, la de los supuestos en los que el personal sanitario no vacunado "transmite una enfermedad al paciente".

"El problema es que en la Sanidad Pública es que si yo contagio a un paciente, el que paga es la Administración porque no existe responsabilidad del sanitario desde el año 1999, porque la responsabilidad es una responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria", ha relatado, al tiempo que ha agregado que aunque la Administración "tiene derecho a repercutir sobre el personal que ha generado el daño, pero nunca lo hace".

De esta forma, Tolosa opina que la exigencia de que los sanitarios se tengan que vacunar "no" atentaría contra sus derechos. "Pero legislativamente nadie se atreve a dar el paso", ha apostillado el magistrado del TS.

Teniendo todo esto en cuenta, ha recordado que el Tribunal Constitucional se ha tenido que enfrentar a "un problema de contrapesos porque chocan dos derechos fundamentales" porque "no hay ningún derecho constitucional que no tenga límites". Por ello, el magistrado considera que este debate "está abierto".