Arranca el juicio contra los exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud

El que fuera subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Francisco Javier González, y el director de la Gerencia de Atención Primaria del mismo organismo, Alejandro Rojo, se enfrentan a penas de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Así lo ha solicitado la Fiscalía en el juicio que ha comenzado este miércoles 9 de febrero y continuará mañana jueves día 10, a partir de las diez de la mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Ambos exaltos cargos se enfrentan a la acusación de prevaricación administrativa, por supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios durante la pasada legislatura. Los hechos se habrían producido durante la etapa de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad y salieron a la luz en 2018. Ante estos hechos. El Partido Popular, que ejerce de acusación particular en este procedimiento, ha solicitado una pena mayor que la Fiscalía, alcanzando así la petición de 15 años de inhabilitación para los dos procesados.

Sobre los hechos que amparan la acusación, el Ministerio Público ha puesto el foco en los contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del citado consultor.

A raíz de estos hechos dimitieron de sus cargos los dos sospechosos y también el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil. La titular del Juzgado que instruyó la denuncia, en número 5 de Santander, también imputaba por el mismo delito al asesor externo Álvaro Saez de Viteli, ya fallecido.

Tres tipos de acusaciones contra los exaltos cargos

El juicio contra Francisco Javier González y Alejandro Rojo se sostiene en tres tipos de actuaciones susceptibles de merecer reproche penal. En primer lugar, el Ministerio Público ha señalado las contrataciones de asesoría externa, por la cual el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS entre 2015 y 2018 promovió la contratación de una persona para que prestara servicios de asesoramiento externo con el fin de que redactara pliegos de contratación pública para diversos órganos del propio SCS. De este modo se habrían " encadenando contratos menores con el mismo pese a lo continuado de su asesoramiento y la reiteración y cuantía de los honorarios devengados por tales asesoramientos".

En segundo lugar, los acusados se enfrentan a los cargos por las contrataciones de obras de mantenimiento en centros de salud. Así, el Ministerio Público acusa al que fuera director gerente de la GAP de actuar de común acuerdo con el otro acusado -el subdirector de Gestión Económica- en la tramitación y adjudicación de cuatro contratos menores para la reparación y pintado de cuatro centros de salud, a pesar de que el primero había suscrito anteriormente un contrato con otra empresa para el mantenimiento general de todos los centros de salud por un periodo de dos año

Finalmente, la Fiscalía suma a la acusación que el subdirector de Gestión Económica procedió a la adquisición de 22 ecógrafos destinados a otros tantos centros de salud de la GAP. Este proceso se habría llevado a cabo mediante un fraccionamiento como contratos menores "sin que contasen razones técnicas para la adquisición de uno u otro, ni para la asignación de uno u otro modelo en particular a cada centro de salud".