“Proponemos una atención a la dependencia basada en la proximidad y la transversalidad”

Enrique Pita. Barcelona
En un momento en que en el conjunto de España se debate sobre la necesidad de integrar la atención sanitaria y los servicios sociales, Cataluña ha dado un paso al frente y ha puesto en marcha un Plan Sociosanitario en el que participan la Consejería de Bienestar Social y Familia y la de Salud. El objetivo, ofrecer una atención integral e integrada a los pacientes. Pero la Generalitat quiere ir más allá, y desde hace varios años viene anunciando que está trabajando en una Ley de Dependencia propia que siga la senda de la transversalidad. En esta entrevista, la consejera Neus Munté ofrece las claves para entender el por qué de estas políticas y sus objetivos.

Están inmersos en el desarrollo de un Plan Sociosanitario junto a la Consejería de Salud. ¿Cuáles son las líneas básicas?

Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña.

Con el objetivo de adaptar el modelo asistencial a las necesidades de les personas, el Govern de Cataluña crea el Plan Interdepartamental de Atención e Interacción Social y Sanitaria (Piaiss) que busca dar respuesta a la realidad social actual, teniendo en cuenta el escenario surgido con la crisis económica, el fenómeno de la cronicidad y la necesidad de un modelo más sostenible. La misión del Piaiss es promover y participar en la transformación del modelo de atención social y sanitaria para garantizar una atención integrada y centrada en las personas, capaz de dar respuesta a sus necesidades.

Trabajamos en siete líneas estratégicas. La primera, con los equipos básicos de atención social y áreas básicas de salud, una de las áreas que tiene más peso en esta transformación del modelo es el avance hacia un modelo de práctica colaborativa entre los servicios sanitarios y sociales ya existentes en la comunidad. La apuesta del Piaiss es configurar un escenario de atención integrada en la comunidad donde los profesionales de los dos ámbitos asistenciales trabajen de una manera más coordinada y planificada.

En segundo lugar, la atención domiciliaria. Actualmente ya existe una cobertura de atención domiciliaria en diferentes modalidades y programas de apoyo también domiciliario, como sería el caso de la teleasistencia, que actúan también de manera fragmentada o por separado. Además de poder garantizar una mínima cobertura, se precisa trabajar en un modelo mucho más coordinado que garantice una atención integrada e integral a la persona.

La tercera de estas líneas pasa por la adecuación y ordenación de la larga estancia sociosanitaria y de salud mental, ya que es necesario potenciar decididamente que las personas sean atendidas en los dispositivos adecuados de acuerdo con sus necesidades sanitarias y sociales. La cuarta línea se basa en la interacción entre residencias asistidas de personas mayores y de personas con discapacidad, la atención primaria de salud, los centros sociosanitarios y los hospitales de agudos.

En quinto lugar, la interacción entre los ámbitos sanitario y social de la red de salud mental; el desarrollo de un modelo de atención integrada entre los servicios sanitarios y sociales merece que quede suficientemente explicitada la importancia de la incorporación de la red de salud mental en el proceso de atención a aquellas personas con necesidades sanitarias y sociales y que, además, tienen un problema de salud mental.

La sexta  línea pasa por la interacción entre los diferentes ámbitos sanitarios y el ámbito social de la red de drogodependencias y VIH/sida. El objetivo es garantizar el continuum asistencial de las personas drogodependientes y las personas con VIH/sida.

Por último, la mejora del sistema vigente de atención a la dependencia. El modelo de atención a la dependencia se ha basado hasta ahora en la valoración, el reconocimiento y propuesta de un plan de atención desde el ámbito social. Es necesario avanzar en la definición de un modelo más integrado de atención para aquellas personas con enfermedades crónicas y dependencia (impulsar la ley catalana de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, armonizar las condiciones de acceso y prestación de los servicios básicos de atención a la dependencia, revisar los procedimientos de valoración…).

¿Supondrá un incremento presupuestario, un coste adicional? ¿Se ha puesto en marcha algún programa piloto?

La finalidad de este nuevo modelo social y sanitario es impulsar la utilización de los recursos comunitarios, promover los dispositivos de atención intermedia y optimizar los servicios prestados por los hospitales de agudos. En definitiva, se trata construir un modelo de atención integrada basado en la interacción y la sinergia de las partes, aportando mejores resultados, una mejor percepción del servicio por parte de las personas y su entorno, y asegurando, juntos, un modelo más sostenible. Por tanto, incluso se podría llegar a rebajar costes.

En algunas de las líneas estratégicas antes citadas ya se están llevando a cabo algunas experiencias piloto: inicio del proceso de reconversión de los centros que sólo tienen sociosanitario (no mixtos) en plazas residenciales; implantación del modelo de atención integral sanitario y social de las personas con problemas de salud mental en 5 territorios piloto, 8 proyectos piloto de modelos colaborativos para avanzar en el trabajo en red entre la primaria de salud y la primaria social.

¿Han contado con los pacientes y usuarios para definir esta iniciativa? ¿Y con los proveedores de servicios?

En todo momento se trabaja con los proveedores de servicios que, obviamente también participan, igual que los pacientes y usuarios, no solamente en el desarrollo de las iniciativas que se están llevando a cabo, sino en el Consejo de Participación del Piaiss integrado por las  entidades más representativas del sector.

La consejera Munté, con Boi Ruiz, consejero de Salud de Cataluña.

¿Cómo van a integrar la historia clínica electrónica con el historial de servicios sociales?

El Piaiss identifica las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como elemento clave y facilitador en el proceso de atención a personas con necesidades de atención social y sanitaria. En los últimos años se han hecho esfuerzos muy importantes, pero por separado, para incorporar el apoyo de los sistemas de información, pero ahora tenemos la oportunidad de construir un nuevo modelo con niveles de interoperabilidad que garanticen una atención integrada e integral.

Respecto a la historia clínica y social compartida, la información de interés común se incorporaría, con el acuerdo de los entes locales, desde sus aplicativos de gestión mediante un modelo de interoperatividad proporcionado por I-Salut.

La existencia de una arquitectura ya desarrollada por Salud y el consenso que el CIP sea el identificador común podrían facilitar y acelerar la construcción de este proyecto de historia clínica y social compartida.

El plan, ¿supondrá una reordenación del mapa sanitario y de servicios sociales de Cataluña?

Se trata, tal como he destacado, de transformar el actual modelo asistencial en un sistema integrado e integral que incorpora una doble óptica, la social y la sanitaria, y una sola visión. Por tanto, supone una reordenación de ambos sistemas y una aproximación de sus lógicas de funcionamiento.

¿Supone el primer paso para la Ley catalana de Dependencia? ¿Cuáles serán los ejes de esta ley? ¿Tienen marcados plazos para su desarrollo?

La insatisfacción sobre el modelo actual de atención a la dependencia exige un cambio en las políticas, que dé respuesta a la situación de las personas con limitaciones funcionales y sus familias. La situación actual exige un cambio de modelo.

Queremos desarrollar una ley propia con el objetivo de promover la autonomía de las personas con limitaciones funcionales de forma transversal (servicios sociales, sanidad, educación, inserción laboral, vivienda y accesibilidad), ha de ser cercana a la persona, y velar para que ésta sea el centro de las intervenciones.
 
Así pues, el modelo que proponemos se basa en la proximidad, la transversalidad y en el territorio. En este sentido queremos que la nueva ley tenga un carácter transversal en las materias que inciden en la autonomía personal (servicios sociales, sanitarios, educativos, laborales, viviendas y accesibilidad); poner las capacidades por delante de las limitaciones de las personas; disponer de una cartera de servicios flexible y con capacidad para ajustarse a las preferencias de las personas; simplificar el proceso de gestión, y prevenir para evitar o retardar la pérdida de autonomía con programas de prevención de carácter general para toda la población o específicos para colectivos en riesgo.

El Departamento de Bienestar Social y Familia, a través de la creación de un Comité de expertos provenientes del tercer sector y del mundo académico, impulsó ya a finales del año 2012 los trabajos preparatorios que han de conducir durante esta legislatura a la promulgación de la Ley de autonomía personal de Catalunya. A finales de 2013 ya elaboramos un primer borrador de las bases de la nueva Ley. Este borrador se someterá a un proceso participativo con entidades representantes de los diferentes colectivos, entidades proveedoras de servicios y ciudadanía en general para que puedan presentar propuestas y sugerencias. Posteriormente, se redactará el proyecto ley para que llegue también a los diferentes grupos parlamentarios para que nazca con el máximo consenso.

Pero antes de iniciar este proceso de participación, es importante hacer una evaluación ex-ante de la nueva Ley que permita establecer diferentes escenarios presupuestarios. Las expectativas que creó la ley española y la situación de crisis socioeconómica nos obliga a estudiar cuidadosamente el financiamiento de las acciones que conforman el nuevo modelo. El financiamiento es el elemento clave para la garantía de los derechos sociales, ya que la mayoría se concretan en prestaciones, servicios o acciones que es necesario sufragar. Hace falta que seamos capaces de establecer un sistema que sea sostenible en el tiempo.

En estos momentos estamos analizando diferentes escenarios presupuestarios. Este estudio finalizará próximamente y, a partir de ahí, se podrá iniciar durante todo el 2014 y 2015 el proceso participativo, con el objetivo final de que el 2016 la ley pueda estar en el Parlament.

En Cataluña la historia de la colaboración entre el sector público y privado es muy larga. ¿Les ha evitado enfrentarse al debate de la privatización de los servicios sociales que sí se han encontrado otros Gobiernos autonómicos?

La gestión y responsabilidad del sistema catalán de servicios sociales es compartida entre diferentes niveles de la Administración y las entidades del tercer sector social. En el caso de los servicios sociales básicos, los entes locales tienen competencia en los aspectos más inmediatos y cercanos de la respuesta a les necesidades sociales de la ciudadanía, y a la Generalitat de Cataluña le corresponde la competencia de planificación, registro, control y gestión directa de algunos recursos. En el caso de los servicios sociales especializados, el papel de las entidades del tercer sector social tiene un peso muy importante y en menor medida las entidades del sector mercantil, especialmente en el ámbito de la atención a las personas mayores.

Se trata de un modelo que se ha ido configurando en nuestro país a lo largo de la evolución de los servicios sociales y que no ha cambiado sustancialmente.

Neus Munté, a la derecha, junto a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, durante la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, el pasado 16 de julio.

Con la Ley de Dependencia actual y su modelo de financiación, ¿puede ser sostenible el sistema de atención a la dependencia?

La financiación estatal a la Ley de la Dependencia ha ido disminuyendo progresivamente en todos los años de aplicación. En el momento que se promulgó, ya no se analizó de forma rigurosa el impacto presupuestario que podía provocar y ello se ha visto agudizado en los últimos años.

En este momento, la Generalitat de Cataluña está financiando más del 80 por ciento de los costes generados por la Ley de la Dependencia, lo cual hace que el sistema sea insostenible. Los importes aportados por el Estado son absolutamente insuficientes para sostener el sistema. A modo de ejemplo, podemos citar que para una persona dependiente de grado 2, el Estado aporta 82,84 euros correspondientes al nivel mínimo, independientemente del servicio o prestación que reciba esa persona. En Cataluña, esa persona puede recibir desde un cuidador no profesional (unos 250 euros), hasta un servicio residencial (hasta 1.500 euros, en función de su capacidad económica).

Los Cermi territoriales y el estatal han reclamado modificaciones en el modelo actual de copago. Lo cierto es que en cada autonomía la situación es distinta, pero…¿cuál es la realidad catalana en este sentido? ¿Cómo podría mejorarse?

El Govern de la Generalitat ha aprobado muy recientemente una nueva orden de copago, que intenta que cada persona contribuya a la financiación del servicio que recibe en función de su capacidad económica real. Siguiendo el modelo marcado por el Gobierno estatal, se ha introducido el patrimonio como elemento integrante de la capacidad económica, pero se han establecido una seria de deducciones, tanto familiares como de mantenimiento del hogar, para minimizar el impacto sobre las personas beneficiarias, sobre todo en el caso de la vivienda habitual.

La finalidad principal de esta nueva normativa es conseguir que cada persona aporte en función de lo que tiene, para que las personas con más recursos aporten más, lo que se traducirá en la posibilidad que las personas con menos recursos puedan acceder a los servicios en igualdad de condiciones.

En el caso de Cataluña, se han establecido fórmulas propias de la comunidad, como puede ser la referencia al IRSC (índice de suficiencia propio de Cataluña) frente al Iprem utilizado en el Estado. El IRSC es ligeramente superior al Iprem.

Munté, junto al consejero de Empleo y Políticas Sociales del País Vasco, Juan María Aburto.

Aunque el Gobierno del Estado tiene prevista una penalización para todas aquellas comunidades que establezcan una normativa de copago más beneficiosa que la estatal para las personas dependientes. Por lo tanto, el margen de maniobra que el Estado concede a las comunidades es prácticamente nulo.

¿Cómo afrontan las necesidades formativas del personal dedicado a cuidar a las personas en situación de dependencia? ¿Mantienen acuerdo con los prestadores de servicios? ¿Y en el caso de los cuidadores en el entorno familiar?

En relación a los profesionales de atención a las personas en situación de dependencia, el Departamento de Bienestar Social y Familia programa anualmente formación específica destinada al personal auxiliar de servicios residenciales y diurnos, y de atención domiciliaria. Esta formación la organiza directamente el Departamento y también a través de acuerdos con entidades especializadas. El objetivo es que el 100 por cien de las plantillas de auxiliares de los servicios estén cualificadas a corto plazo. También se ofrece formación especializada a los profesionales de los equipos técnicos (profesionales de trabajo social, enfermería, medicina, terapia ocupacional y psicología).

Por lo que respecta a los cuidadores familiares, se llevan a cabo actividades formativas de 25 horas de duración, programadas anualmente mediante acuerdos con Cruz Roja Catalunya y la Fundació Pere Tarrés. Por otra parte, el Departamento de Bienestar Social y Familia acredita el contenido y la duración de la formación que imparten y organizan diferentes centros, organismos y entidades, según los requisitos que en su día estableció Cataluña.ç

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