Los cuidados paliativos, un derecho de todos

Hace ya más de 25 años que los cuidados paliativos en España comenzaron a formar parte del sistema público de salud, y se ha recorrido un largo y penoso camino hasta la actualidad.
 
La realidad es que, al mismo tiempo que otras disciplinas han alcanzado un grado de desarrollo parecido al que existe en los países más punteros en Medicina, en cuidados paliativos estamos todavía  absolutamente subdesarrollados. A pesar de ser un derecho reconocido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), la cobertura sobrepasa escasamente un 50 por ciento; la formación de pregrado es igualmente escasa e irregular en las Facultades de Medicina. Y, lo que es peor, los profesionales de los equipos todavía no pueden acreditarse, por lo que no se puede garantizar que los pacientes con necesidad de atención paliativa compleja sean atendidos por los mejores, como sí pasa en todas las demás disciplinas.
 
Con este panorama, se puede afirmar que, en España, son miles los pacientes que mueren con sufrimiento evitable, y que es una negligencia que nuestros responsables políticos y gestores de la sanidad no cierren este penoso capítulo con las inversiones necesarias y la apuesta definitiva para que esto no ocurra. Hace no mucho presenciamos un lamentable suceso en Santiago, donde una niña y su familia fueron víctimas de un penoso espectáculo mediático y de su correspondiente judicialización, cuando todo ello podría haberse evitado si hubiera existido una unidad de cuidados paliativos pediátricos.
 
Si en España hemos sido capaces de llegar a ser el número uno en trasplantes, ha sido sin duda alguna por los profesionales, por la organización, legislación y voluntad política, y, desde luego, por la grandísima inversión pública que se ha hecho. La pregunta es: ¿por qué no invertir lo necesario para que se pueda cuidar y atender a la creciente población con necesidades paliativas? Además, como se ha demostrado, los cuidados paliativos ahorran mucho dinero al sistema público de salud. No es admisible el argumento de que no hay dinero. No necesitamos más legislación: simplemente recursos humanos, acreditación profesional y formación.