¿Cooperación o recentralización?

Actualmente, y es algo tan repetido que no consigo entender a qué se espera para darle solución, el acceso de los ciudadanos españoles a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud no es homogéneo: el código postal marca enormes diferencias entre unas regiones y otras en presupuestos, remuneración de los profesionales, acceso a tratamientos, prestaciones, calendarios de vacunación, cribado neonatal, prevención, diagnóstico precoz,…

Los datos económicos sobre gasto sanitario en las diferentes comunidades autónomas se vuelven inapelables a la hora de ilustrar lo antes expuesto: el gasto sanitario del País Vasco es de 1.631 euros por persona y año, mientras que, por citar sólo los tres menores, el de Andalucía es de 1.090, el de Madrid 1.243 o el de Baleares 1.281 euros.

Coincidirán conmigo en que es tremendamente difícil entender una diferencia tan amplia, siempre y cuando se oferten las mismas prestaciones en idénticas condiciones en todas y cada una de ellas. Pudiera ser que en Andalucía, Madrid o Baleares se gestionara tan magníficamente bien como para que hubiera suficiente con esos euros de menos, pero, repito, es muy difícil de entender, y más aún de explicar.

Hay quienes reclaman históricamente, y desde diferentes ámbitos, a la vista de que el Consejo Interterritorial no es capaz de corregir las desigualdades descritas, la gestión directa y permanente del Ministerio de Sanidad sobre algunas competencias ahora descentralizadas. Está claro que la lógica política y administrativa señala la cercanía como el entorno ideal para la gestión de la atención primaria y especializada, porque es desde cerca cómo se conocen adecuadamente las necesidades de los pacientes y de los profesionales. Pero también está claro, y tenemos la obligación de señalarlo, que existen casos en los que las comunidades autónomas sobrepasan presuntamente sus límites competenciales, estableciendo, por ejemplo, trabas y/o visados en las prestaciones, reevaluando autorizaciones del propio Ministerio o de la Aemps, y un etcétera más o menos largo según la región de que se trate, que crean inequidad entre sus habitantes y los de otras regiones. 

La lógica suele imponerse siempre, aunque la organización administrativa española complica la solución. No es lo mismo organizar la sanidad de un país, que organizar la sanidad de un país con “17 países dentro”, lo que dificulta enormemente encontrar soluciones a los problemas existentes; no obstante, es necesario buscarlas para conseguir la igualdad efectiva. Para ello es imprescindible que las comunidades autónomas colaboren lealmente, aunando recursos y esfuerzos, pues todas comparten problemas y preocupaciones similares.

Ha llegado la hora del pragmatismo. Ha llegado la hora de desterrar la competencia entre regiones y el uso de la sanidad como instrumento de propaganda política, que tan flaco favor ha hecho y sigue haciendo a la sanidad y a los pacientes.

Soluciones hay, algunas ya apuntadas en esta y en otras colaboraciones realizadas en diferentes medios, y por personas mucho mejor documentadas que un servidor de ustedes. Hay que andarse con tiento y tener en cuenta que nos aproximamos inexorablemente al momento en que el ciudadano, bien directamente o a través de sus representantes, reclame con firmeza sus legítimos derechos, sus prestaciones sanitarias básicas y comunes. Por tanto, o se alcanza un compromiso claro y sincero para corregir las desigualdades actuales del sistema sanitario, o a los ciudadanos no les quedará más remedio que prescindir de los instrumentos que dificultan su día a día y volver a solicitar la centralización de determinadas prestaciones para corregirlo.

¿Por qué razón se han de soportar desigualdades, sobre todo en nuestra salud y la de nuestros hijos, si todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, según refleja nuestra Carta Magna?