Llombart asegura que el algoritmo terapéutico está avalado por sociedades científicas

María Márquez.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha querido responder al rechazo manifestado por seis sociedades científicas a la estrategia del algoritmo terapéutico que recoge el Decreto Ley 2/2013. Desde el departamento que lidera Manuel Llombart insisten en que este instrumento se ha “consensuado” en una Comisión de Posicionamiento Terapéutico formado por “miembros de nueve sociedades médicas y farmacéuticas”.

Manuel Llombart.

Tal y como declaran desde la Consejería autonómica, en esta Comisión se hallan “expertos en Clínica, Farmacología y Economía de la Salud”, pertenecientes a nueve entidades. Llombart quiere despejar así las dudas sobre el rigor científico de su decisión, que por otro lado, entrará en funcionamiento en breve, tras el “despliegue informático” que en la actualidad se está llevando a cabo en diferentes Departamentos de Salud. Desde Sanidad aseguran que “siempre se ha tenido en cuenta la relación coste-efectividad” a la hora de plantear dichos algoritmos terapéuticos, y resaltan que se mantendrá la libertad de prescripción del facultativo “ya que se habilita la posibilidad de prescribir fármacos distintos al propuesto por el sistema informático, siempre que se justifique clínicamente”. En esta línea, añaden que el sistema informático guiará “de acuerdo con los protocolos de prescripción y tratamiento establecidos por las sociedades científicas”.

El polémico Decreto Ley

El Ejecutivo regional aprobó el pasado mes de marzo el Decreto Ley 2/2013 en materia de prestación farmacéutica. Entre las medidas incluidas este esta norma, desde la perspectiva de la prescripción farmacéutica, está el algoritmo de decisión terapéutica corporativa, que se incorpora a la toma de decisiones de los médicos en el ámbito ambulatorio. Al hacerse público el contenido de la norma, varias voces se manifestaron reacias a la misma, desde los Colegios de Farmacéuticos (por las dudas suscitadas ante la futura forma de concertar) a Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), que han visto trazas claras de inconstitucionalidad, y así lo han denunciado. Y mientras se ha especulado con que el Ministerio de Sanidad también tendría cierta reticencia ante el Decreto Ley, el propio consejero valenciano aclaraba a Redacción Médica que la relación con el Paseo del Prado es de lo más cordial, sin constarle, por el momento, que el equipo de Ana Mato tuviese intención de recurrir la norma autonómica.