El Gobierno esperará para pedir la devolución de la extra de Navidad 2012 a los eventuales

Carlos Cristóbal. Madrid
El Gobierno vasco ha mostrado su disconformidad con la decisión de mantener la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad en 2012 a los funcionarios vascos. Así lo ha manifestado su portavoz, Josu Erkoreka, que ha anunciado que no se reclamará la parte proporcional de esa paga a los trabajadores eventuales que percibieron la parte proporcional de dicha paga, y para quien la “dureza y contundencia” de la postura del Alto Tribunal deja entrever un pronunciamiento definitivo similar al actual.

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno.

“No reclamaremos hasta que no haya una sentencia firme”, ha afirmado Erkoreka en referencia al pago de la parte proporcional del pago a trabajadores eventuales y temporales cuyos contratos fueron finiquitados entre los meses de julio y diciembre de 2012 y que está estimado en unos 8 millones de euros repartidos entre las 12.000 personas afectadas y sobre los que el Constitucional no se ha pronunciado.

“El Gobierno solicitó que, además de pronunciarse sobre la suspensión cautelar, nos indicara concretamente cómo se ha de proceder”, ha comentado el portavoz de Gobierno, que ha querido recalcar que la falta de pronunciamiento se ha producido “a pesar de que la representación en juicio del Gobierno le pidió que se refiriera de forma explícita en relación a este colectivo”. “De esta forma se hace incurrir a este colectivo en una situación de grave inseguridad jurídica”, ha añadido.

Sobre la postura adoptada por el Alto Tribunal, el portavoz del Gobierno autonómico ha reconocido que “a este Gobierno le llama poderosísimamente la atención el hecho de que el auto se permita calificar el hecho de que se trate de forma diferente a los trabajadores públicos vascos  en relación a la paga de diciembre del 2012 como una extravagancia”.

Además, Erkoreka ha criticado la “dureza y contundencia” con la que desde el Ejecutivo vasco se entiende que el Tribunal Constitucional defienden “los valores del objetivo de déficit, el respeto a los mercados, la necesaria observancia y respeto de los principios de política económica fijada por los poderes centrales del Estado, que han tener una manifestación única y uniforme en todo el ámbito territorial”. “Si el compromiso del estado español con los objetivos de déficit debe imponerse a cualquier otra consideración, sea de carácter competencial o personal, poco cabe esperar de un pronunciamiento futuro”, ha añadido.