Enrique Ruiz Escudero.
De sorpresa y sin previo aviso. Así es como ha cogido a los partidos políticos y a las asociaciones del sector la decisión de la Consejería de Sanidad de tramitar por vía urgente el anteproyecto de la
nueva Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid. Las principales formaciones políticas reclaman un debate más sosegado y un mayor plazo de tiempo para estudiar el texto, elaborar alegaciones e intercambiar posiciones con los representantes y portavoces de las farmacias en la región.
La portavoz sanitaria del PSOE en la Asamblea de Madrid,
Matilde Díaz, señala a Redacción Médica que a su partido no le agrada ni le parece lo mejor que el departamento de Enrique Ruiz Escudero pretenda sacar la ley con tantas
“prisas”. Entiende qu
e es una cuestión de “cortesía parlamentaria” que los partidos de la oposición “se manifiesten”. “Esto es la belleza de la democracia, porque nuestras aportaciones pueden ser a modo de crítica negativa, pero también puede ser favorable, y siempre con sentido constructivo”, sostiene.
Una ley continuista respecto a la propuesta de 2018
En la misma línea se mantiene Más Madrid. Su portavoz en la Comisión de Sanidad, Javier Padilla, además, tilda de “continuista” una ley que, a su juicio, es similar a la propuesta que ya se hizo en el año 2018 y que no encontró los apoyos necesarios para salir adelante. Sin embargo, reconoce que “hay aspectos puramente regulatorios que pueden tener sentido para dar seguridad jurídica a actores relevantes”.
No obstante, la liberalización horaria que contempla el anteproyecto no le parece una medida con especial recorrido, dado la normativa vigente en la Comunidad de Madrid en materia de libertad horaria para los comercios, una de las más laxas del país.
Promoción de la famalia comunitaria
Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Gádor Joya, tampoco entiende la celeridad de la Consejería de Sanidad para tramitar por vía de urgencia y concediendo tan solo 24 horas a las asociaciones y representantes del sector para realizar alegaciones. “No es ni transparente ni aceptable, más cuando llevamos desde 1998 con la antigua ley en vigor”.
“Independientemente de que la vayamos a tramitar”, sostiene Joya a este diario que desde su formación son tres las tesis que van a defender en este contexto. El primero de ellos denunciar que se haga por vía de urgencia, segundo, “promover la participación de la farmacia comunitaria en el aspecto sanitario; tercero, “proteger, fomentar y ayudar al farmacéutico autónomo”; y, por último, que a los pacientes de residencias puedan “ser libres” para elegir qué farmacia quiere que le sirva sus medicamentos tan necesarios para la salud.
Discriminación en beneficio de las grandes farmacias
Por su parte, Cristobal López de la Manzanara, presidente de Adefarma, se muestra también crítico con la nueva ley, no tanto por el tipo de tramitación, sino por su contenido. Entiende que es un texto “demasiado corto” y que no desarrolla lo suficiente algunas cuestiones como la atención domiciliaria. Por eso, a su juicio, con una actualización de la norma de 1998 “se podría haber solucionado” las carencias del texto.
También cree que la nueva ley "discrimina" a las farmacias y a los propios clientes según en donde vivan. Esto es porque las pequeñas farmacias, como aquellas que llevan prestando largo tiempo servicios en el centro de Madrid, pueden no disponer de 12 metros cuadrados adicionales para añadir algunas de las nuevas funciones que incluye el texto legal, lo que implica “una discriminación en beneficio de las grandes farmacias”.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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