Redacción. Barcelona
La Consejería de Salud tiene previsto distribuir “durante las próximas semanas” 116.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes 'sin papeles' empadronados en los municipios catalanes, con lo que pretende garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de toda la población.
Boi Ruiz. |
La medida, que fue anunciada por el consejero Boi Ruiz en agosto, pretende dejar sin aplicación en Cataluña el real decreto del Gobierno central, en el que las personas sin permiso de residencia perdían su condición de beneficiarios del sistema.
El método ideado por la Generalitat supone dotar de tarjeta sanitaria a todos los que la soliciten y lleven como mínimo tres meses de empadronamiento en el mismo municipio, lo que garantiza el acceso a la cobertura pública del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), ha informado la Consejería en un comunicado.
De este modo, los extranjeros sin residencia legal mayores de edad recibirán una tarjeta N1 en caso de que lleven menos de un año de empadronamiento, N2 si llevan más de un año, y aquellos de quienes no conste el empadronamiento pero hayan solicitado la atención sanitaria recibirán una carta para que lo acrediten.
En total, Salud indica que hay 116.000 personas en esta situación en Cataluña, a lo que se deben sumar 89.400 menores, si bien a estos últimos el decreto del Gobierno sí garantiza la asistencia sanitaria.
El registro que lleva el CatSalut cifra en 7,56 millones el número de tarjetas sanitarias individuales que circulan en Catalunya en estos momentos, un 0,43 por ciento menos que en 2012 -32.800 tarjetas menos-.
600.000 en total
La Generalitat anunció a finales de agosto que garantizaría la atención sanitaria a las 600.000 personas -8 por ciento de la población catalana- que según el real decreto estatal quedaban excluidas del acceso al sistema sanitario público no urgente.
De estas 600.000 personas, unos 200.000 son extranjeros en situación irregular -incluyendo menores- y 400.000 son españoles que no constan en la Seguridad Social, y que pertenecen a órdenes religiosas, profesiones liberales, no tienen recursos, no cotizan en la Seguridad Social o bien tienen rentas superiores a los 100.000 euros.
El CatSalut ha precisado que, desde que inició el proceso de revisión de las tarjetas sanitarias, ya ha solucionado cerca de la mitad de los casos, y que alrededor de 170.000 personas están pendientes de un informe remitido al Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) para poder reconocer su derecho.
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