El Parlament reclama un plan de choque para reducir las listas de espera

Nuria Gispert, presidenta del Parlament de Cataluña.

Redacción. Barcelona
El Parlament de Cataluña ha reclamado a la Generalitat un plan de choque para reducir las listas de espera en los centros de la región. Este plan tendría que ser presentado en el plazo de un mes ante la Comisión de Sanidad.

Esta reclamación ha sido aprobada en una moción que ha sido apoyada por todos los grupos, excepto el Partido Popular. En la misma, también se exige un programa para reducir la variabilidad en el acceso a las pruebas diagnósticas y visitas al especialista entre diversos territorios y homogeneizar los protocolos para la determinación de las listas de espera de todos los agentes proveedores de servicios sanitarios del CatSalut ( SISC ) y unificar los códigos éticos y los protocolos sobre la actividad privada en aquellos que hagan, con el fin evitar duplicidades y operaciones fraudulentas en la gestión de las listas de espera , y hacer las acciones de seguimiento y de inspección necesarias para evitar estas actuaciones fraudulentas.

En la moción aprobada, propuesta por IC-V, también se reclama hacer públicos los datos desagregados de compra de actividad a centros públicos y privados entre el 2011 y el 2013 y regular la dedicación de los profesionales en todo el sistema de salud , para que no pueda haber conflicto de intereses en el ejercicio de diversas tareas , públicas y privadas.

Garantías

Asimismo, contra la reforma que promueve el gobierno central, el Parlament exige que se garantice el acceso universal y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo, asistencial y farmacológico en hospitales, centros de salud, centros especializados y los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva. Pide que esta garantía se amplía también a a los métodos de anticoncepción ya la dispensación gratuita de la anticoncepción de emergencia en la red sanitaria pública.

Además, reclama la gratuidad de los medicamentos prescritos por los facultativos del sistema sanitario a las personas que tengan dificultades para abonar el importe o que no puedan hacerlo, “con el fin de asegurar que ninguna persona quede excluida del suministro farmacológico para razones económicas, y , en el mismo sentido , garantizar la gratuidad de los medicamentos dispensados en las farmacias de los hospitales”.