Reunión del Consell Executiu de la Generalitat de Cataluña.
El Govern de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un
decreto ley de suplemento de crédito por importe de 1.850 millones de euros con la finalidad de atender incrementos de gasto en
situación de prórroga presupuestaria, también en sanidad. Esta medida se toma después de que el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de Cataluña fuera rechazado por el Parlament el 13 de marzo.
El objetivo del decreto ley es habilitar los créditos presupuestarios necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios públicos y hacer frente a
compromisos de gasto que, por su carácter urgente e ineludible, no se pueden aplazar en el ejercicio siguiente. Se incluyen, entre otras, los mayores gastos previstos en ámbitos como la salud o la enseñanza, pero también el
cumplimiento de acuerdos adoptados en los últimos meses y la ejecución de gastos vinculados a convenios y mandatos legales, como son, por ejemplo, los incrementos retributivos.
En lo que respecta al ámbito de la salud, se prevé, entre otros conceptos, la
financiación necesaria para hacer frente a nuevas necesidades de gasto derivadas del envejecimiento de la población, como son el aumento de la
medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria o la mayor duración de los tratamientos por la
cronificación de determinadas enfermedades.
Incremento retributivo del 2% para trabajadores públicos
Por otra parte, el decreto ley también recoge diferentes medidas que afecten los gastos de personal. Así, por un lado, habilita los créditos necesarios para cubrir la previsión de
incremento retributivo del 2 por ciento por los trabajadores públicos, cuando se apruebe por normativa básica estatal, y su impacto proporcional sobre los
conciertos educativos, sanitarios, de servicios básicos y de igualdad y feminismos, y el del personal de los centros universitarios.
Además, permitirá materializar las mejoras en las
condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios aprobados recientemente, y también atender el incremento previsto de plazas de policías, bomberos y funcionarios en los centros penitenciarios.
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