Redacción
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado este sábado en la 36º Marcha Asprona, donde ha destacado que el Ejecutivo autonómico mantiene su compromiso por mejorar la calidad de vida y la plena igualdad de oportunidades de las más de 162.000 personas con discapacidad que vive en la Comunidad. Para ello, en colaboración con las entidades del Tercer Sector, se trabaja por facilitar su integración en el mercado laboral, ya que el acceso al empleo constituye una de las máximas expresiones de autonomía y de igualdad que puede alcanzar cualquier persona.
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Juan Vicente Herrera, |
La apuesta realizada por el Gobierno Autonómico se ve respaldada por los últimos datos oficiales publicados. Y es que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma donde más ha crecido el índice de contratación de personas con discapacidad durante el primer trimestre de este año, con 202 nuevos contratos, según los datos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Precisamente a eso ha contribuido el acuerdo, alcanzado en julio de 2012, por el que la Junta se comprometía a reservar a los Centros Especiales de Empleo el 6 por ciento del importe total de los contratos de la Administración Autonómica entre un catálogo de actividades, así como incluir cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública para favorecer la inserción laboral de los colectivos más vulnerables, dando un papel relevante a las personas con discapacidad.
Y, así, durante los primeros cuatro meses de aplicación del acuerdo, la Junta ha adjudicado contratos con cláusulas sociales y a Centros Especiales de Empleo por valor de casi 5 millones de euros, lo que supone un 45 por ciento más de lo previsto. En Castilla y León existen 185 Centros Especiales de Empleo, que cuentan con 214 centros de trabajo. En su conjunto dan ocupación a 4.684 personas, de las cuales el 88 por ciento -4.150- son personas con discapacidad.
La Junta de Castilla y León trata de inculcar esta perspectiva social en la contratación pública de otras Administraciones de la Comunidad. Y, de hecho, en el marco de la Red de Protección a las personas y las familias en situación de vulnerabilidad afectadas por la crisis se trabaja especialmente en la extensión de la reserva de contratación pública a todas las Administraciones Públicas de la Comunidad.
Próxima aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades
Las personas con discapacidad que residan en la Comunidad contarán en breve con una Ley de Igualdad de Oportunidades que viene avalada por un amplio consenso social y en la que ha participado activamente el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi).
Con su aprobación en el pleno de las Cortes regionales, que se celebra el próximo día 8 de mayo, Castilla y León se convertirá en la primera comunidad en disponer de una Ley integral que incorpora los preceptos y principios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Entre sus objetivos, la nueva normativa pretende garantizar el ejercicio de todos los derechos que la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León reconoce, apostando por la atención individualizada y por la participación del Tercer Sector, así como garantizar la igualdad de oportunidades de estas personas, en especial en el medio rural, y teniendo en cuenta a sus familiares y su entorno.